La democracia en Chile. Joaquín Fermandois

violencia física haya sido en Chile mucho menor.

      Quizás siguiendo las huellas de la independencia de Estados Unidos o, si vamos más atrás, al concepto original de revolución, surgido de la astronomía, como retorno al origen de un ciclo, se ha llamado a veces a todo el período que seguiría como “revolución”.112 Por cierto, no lo fue en el sentido que adquirió el concepto en los siglos XIX y XX, sobre todo en torno a aquellos dos grandes paradigmas que fueron la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. De lo que no cabe duda es de que en América hispana sus contemporáneos la vivieron como una gran alteración de sus vidas cotidianas. En Chile sucedió lo mismo, con menor violencia y quizás con menos percepción de sismo social y político. Es asunto de grado, comparado con otras partes de América.

      En paradoja comprensible cuando la incertidumbre y el cambio adquieren presencia y pueden ser sostenidos como proyectos imprescindibles, también crece el deseo de estabilidad. El cambio y la permanencia pasan de constituir una evidencia de lo cotidiano a adquirir el carácter de lo que se anhela o se teme, y en algún grado depende de cómo configuremos la vida pública y la privada. Si en el caso de América del Norte la relación entre impuestos y representación fue lo que encendió la chispa, en Hispanoamérica hay algo parecido, aunque más vinculado con la representación política: no se quería reconocer la igualdad proporcional en la representación por parte de las Cortes de Cádiz.113 No había comenzado aquí la demanda de igualdad, sino que algo más elemental, quizás más evidente, que era el derecho a crear juntas, como lo afirmaba el mismo 18 de septiembre de 1810 el letrado José Miguel Infante: “Si se ha declarado que los pueblos de América forman una parte integrante de la monarquía, si se ha reconocido que tienen los mismos derechos y privilegios que los de la Península y en ellos se han establecido juntas provinciales, ¿no debemos establecerlas también nosotros? No puede haber igualdad cuando a uno se niega la facultad de hacer lo que se ha permitido a otros, y que efectivamente lo han hecho”.114

      Los cuatro años de la Patria Vieja fueron un período muy breve como para juzgar su proyección política. Podemos decir que durante ella se manifestó la misma variabilidad institucional propia de muchos períodos de cambio acelerado y, cuestión no menor, del origen del resto de las repúblicas hispanoamericanas. Originada en la experiencia de 1808, a la desaparición —poco gloriosa— del centro fáctico y del gran símbolo de todo orden posible, el monarca, se respondió con un impulso en el cual no estuvo ausente la simple conversación de los súbditos acerca de lo que les depararía el mañana, impulso que se fue transformando en sentimiento colectivo, quizás aceptado o no con entusiasmo o resignación por una mayoría de la sociedad criolla-mestiza. Para sus contemporáneos, que habían formado parte de una sociedad en donde la alteración era solo la vida y la muerte de sus componentes, este trastorno de autoridad producto de la ausencia de su emblema mayor, el Rey, fue vivido como un cambio excitante y temible a la vez, con consecuencias que a ellos, claro, se les presentaban como revolucionarias.

      De forma paralela, comenzó a desarrollarse la tensión contra las autoridades que habían representado directamente al antiguo régimen. Casi todas ellas eran peninsulares, las que, más allá de su propio lenguaje de la crisis, estaban sometidas también al nerviosismo acerca de a cuál autoridad española obedecer. Sin embargo, no les cabía ninguna duda de que estaban observando de parte de los criollos la práctica de desconocer la autoridad tradicional, aunque estos últimos invocaran a su vez “tradiciones”. Era una encrucijada que tenía mucha analogía con las revoluciones, ya que en estas juega un papel clave la invocación del derecho original y originario.

      18 de septiembre de 1810

      Un asunto, en apariencia formal, nos puede ayudar a comprender el carácter de lo que sucedía. La elección del 18 de septiembre de 1810 como fiesta nacional ha sido a veces discutida, ya que recién se reguló en la década de 1830.115 En el Chile actual, en medios intelectuales se quiere aludir a la “construcción” del país y de su memoria, en el sentido de artificialidad cuando no como medio de ocultamiento, y se compara la fecha de instalación de la Primera Junta de Gobierno con otros eventos que se supone más reales, como la Declaración de Independencia en 1818, aunque nadie se ha podido poner de acuerdo en el día en que sucedió.116 Otros ponen el acento en la historia militar y es indudable que el triunfo de las armas en Maipú el 5 de abril de 1818 la selló de forma definitiva.

      Como muchas rupturas o hechos que consideramos fundamentales a posteriori, en el momento en que ocurren son relativamente pocos, o a veces ninguno, quienes están conscientes de la carga de cambio que existe en ciertos actos aparentemente inocuos. Es probable que este haya sido el caso del 18 de septiembre de 1810. Ese día se confirmó como la cabeza del Reino de Chile a una autoridad, el presidente Mateo de Toro y Zambrano, quien, de acuerdo a la más estricta legalidad vigente, había heredado previamente el cargo como el nuevo jefe político o gobernador.117 En apariencia, nada había cambiado. Sin embargo, había sucedido un hecho trascendental: la confirmación de la autoridad no solo suponía la participación de una junta de gobierno, sino también un acto soberano antes no conocido.118

      Los nombramientos ejecutivos —y algunos más— habían procedido siempre desde una cadena cuyo último eslabón se hallaba en Madrid, en la Corona; todo ello, a nombre del Rey. Ahora, en cambio, las autoridades recibieron su cargo a partir de un grupo de vecinos egregios, confrontando de manera más o menos expresa el mando de otras instancias que representaban la legalidad vigente, mudas de discurso debido al vacío de poder producido en España. La crisis de legitimidad había alimentado esa dinámica potencial que casi siempre lleva a las colonias a la autonomía e independencia. Palabra y ocasión se fundieron bruscamente a partir de la crisis de 1808 y la ruptura del velo se hizo clara ese 18 de septiembre de 1810. La elección de este día como fiesta nacional, decisión que siempre tiene algún grado de arbitrariedad, es en este caso la menos caprichosa de todas.

      ¿Era una revolución, un golpe blanco, una revuelta exitosa, una restauración de la legitimidad originaria? Tenía algunos componentes de cada uno. Era el inicio de una revolución, si por tal se puede comprender una experiencia de tipo estrictamente político, que sería aplicable también a los casos de secesión o independencia, aunque faltaba el ingrediente de violencia, acompañante necesario para que empleemos el concepto; como se decía, para muchos contemporáneos fue vivida como un cambio trascendental.119 Nadie llamaría una revolución al caso de Brasil en 1822, ya que el sistema político siguió intacto, aunque luego vendrían algunos cambios.120 En América hispana, la analogía está más relacionada con lo sucedido en gran parte de los países que experimentaron la segunda gran oleada de descolonización en el mundo moderno, después de la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, la ruptura violenta o pacífica está acompañada por la asunción de un lenguaje común a una experiencia global, potencialmente global en el caso de los países hispanoamericanos, de manera que se crean sistemas políticos que siempre podrán ser asimilados a alguna categoría general de la época.

      Era un golpe blanco, en cuanto se mantuvieron ciertas formas legales, aunque con una dinámica que muy pronto, aun suponiendo que hubiera perdurado el reconocimiento al Rey, habría llevado a un grado de autonomía que transformaría de manera bastante completa el tipo de gobierno español en América y en Chile. Al no existir una monarquía constitucional, no se podía distinguir entre jefatura de Estado (Rey) y gobierno, lo que hubiera permitido reclamar legitimidad a las juntas sucesivas en la Península. El hecho de haberse apoderado de la letra de la legalidad vigente, aunque más dudosamente de su espíritu, hizo que toda otra interpretación de los hechos, como aquella que sostuvieron la Real Audiencia o las causas que llevaron al motín de Figueroa, solo podía expresarse como revuelta, aunque no careciera de alguna base de legitimidad. En realidad, en esto estaban las raíces de una guerra civil, que es como se ha llegado a considerar las guerras que siguieron al movimiento juntista en América.121

      Si bien en muchas partes las consecuencias de mediano plazo de las juntas fueron terribles conflictos que asolaron a varios países, se ha apuntado que es muy difícil considerarlos una revolución; no hubo un cambio social como el que, por ejemplo, se puede vincular al modelo de la Revolución Francesa, que aceleró varias transformaciones sin crearlas del todo. En cuanto al 18 de septiembre de 1810, los vecinos que conformaron el cabildo abierto eran algo más que lo que se llama un grupo de notables; representaban lo