Prevención del delito y la violencia. Franz Vanderschueren

e ilustrado en algunos artículos de este libro6 y en trabajos comparativos recientes como los de Arias y Tocornal (2018) que muestran que la perspectiva de la eficacia colectiva no tiene el mismo efecto en EE.UU. que en América Latina donde el peso del tipo de urbanización y de migración, y sobre todo los enfoques policiales y el grado de legitimidad de la policía, condicionan la aplicación de esta modalidad de prevención.

      Lo que se entiende por contexto (Sampson, 2013) abarca el entorno macro (país, ciudad o barrio) que condiciona el comportamiento por la dimensión socio-cultural, las oportunidades que ofrece o del cual carece y la actuación de las autoridades en particular del sistema de justicia criminal frente a esta situación. Los casos de las ciudades de la frontera norte mexicana con EE.UU. ilustran el peso del contexto como en el caso emblemático de Ciudad Juárez en los años 2011-13, condicionada por el tráfico fronterizo recíproco de drogas, armas, cruce ilegal de inmigrantes, por el predominio de un sector social acomodado que se ha enriquecido gracias al contrabando durante décadas y por la presencia de una industria maquiladora con mano de obra sobreexplotada y sin calificación. En este contexto, la constante aspiración de poblaciones que sueñan con la emigración hacía EE.UU. y la cultura del contrabando influyen en los comportamientos colectivos e individuales que priorizan y legitiman los intercambios legales e ilegales entre los dos países, a pesar de la fuerza social de una sociedad civil que lucha por democratizar la sociedad. Esta situación generó para la delincuencia ligada a los intercambios y a las formas de corrupción relacionadas, un espacio y un clima más favorables que en otras ciudades. En efecto, la presencia de carteles del crimen organizado y la diversificación criminal que engendra, ofrecen “oportunidades” que canalizan y “regulan” informalmente el mercado de la ilegalidad orientado al intercambio fronterizo. Por otra parte, la carencia de servicios relacionada con el crecimiento rápido de la ciudad en razón de la priorización de otros objetivos por las autoridades locales durante décadas, hizo que, por ejemplo, la ciudad haya carecido de escuelas secundarias llevando a adolescentes de familias modestas a la socialización alternativa a través de las pandillas violentas. No solo las autoridades carecieron de visión y voluntad política para desarrollar los servicios de la ciudad o promover otro modelo de desarrollo que la industria maquiladora, sino que también el SJC era demasiado vulnerable a la corrupción del entorno para poder regular los comportamientos. La violencia en este contexto es inevitable y la ineficacia estatal y policial, y en varios casos la complicidad, evidente.

      En un contexto de corrupción sistémica y de violencia crónica como el de Ciudad Juárez, una política de prevención debe ser integral, de largo plazo y apuntar a reconstruir el tejido social y la cultura de la ciudad al mismo tiempo que abordar las vulnerabilidades de la población. Si no se modifica el contexto, lo que requiere tiempo, las intervenciones de una política preventiva tienen un efecto limitado y discontinuo. Estas conclusiones son válidas para las ciudades de alto nivel de violencia.

      El segundo aspecto que propone Sampson (2013) es el de identificar los caminos de la causalidad, que equivale a verificar los procesos a través de los cuales desde una causa se llega a un efecto (delito) y bajo qué condiciones. Este proceso distingue entre un factor de riesgo y una causa, y al mismo tiempo desenreda las varias causas para ponderar su efecto en un comportamiento delictual y además ofrece criterios para evaluar la eficiencia de una política y justificarla.

      El ejemplo de los robos de autos a través de los llamados “portonazos” en Chile podría ilustrar esta perspectiva. La introducción de una tecnología de protección “eficaz” contra el robo de autos a partir del año 2013, gracias a la instalación de tecnología imprescindible para arrancar el motor, ha hecho que se pasara del robo de autos en estacionamiento (que exigía solo la presencia de un ladrón desarmado pero capaz de arrancar el auto) a los “portonazos”, lo que significa por una parte un robo violento con riesgo de lesiones u homicidio porque es realizado cuando el chofer maneja, y por otro parte, un cambio de tipo de victimarios. En efecto, requiere varios operadores dispuestos al uso de armas y por lo tanto virtuales autores de homicidios. De hecho, las estadísticas de arresto muestran que en los “portonazos” actúan menores de edad más agresivos que los antiguos ladrones desarmados. Este cambio generó un “desplazamiento maligno”: no solo por el riesgo para la vida de las víctimas sino también por el hecho de que el “portonazo” ofrece un campo fértil para que menores tengan la posibilidad de formarse como virtuales asesinos al punto de transformarse en jefes de bandas peligrosos en la adultez.

      La estrategia de lucha contra el robo de autos en Chile basada sobre una sola tecnología de seguridad, aparentemente efectiva pero incapaz de frenar el robo de auto puede revelarse ineficaz y contraproducente. La causa principal del robo no radica en el grado limitado de dificultad para conseguir esta presa sino en la finalidad de los robos de autos y su rentabilidad. Mientras existan grupos decididos a robar autos porque existe un mercado atractivo de exportación, de reventa o de comercialización de piezas de cambio, habrá robos de autos. Del punto de vista de la prevención situacional, dificultar el robo significa no solo introducir nueva tecnología (control remoto) sino tener medidas complementarias (grupos de intervención rápida, vigilancia de vías de salida de los municipios, control de las exportaciones y de los talleres de las piezas de recambio etc.) y, sobre todo, a través de la inteligencia policial, focalizarse en los actores de estos mercados rentables. Para la prevención social implica centrarse en los grupos vulnerables de menores, potenciales autores de “portonazos” y así aprendices incontrolables del gran bandidismo. Las causas radican en la existencia de “grupos económicos” presentes en mercados ilegales muy rentables y su posibilidad de utilizar una mano de obra disponible por su carencia de socialización y perspectiva de movilidad. Sin el abordaje de estas causas, las medidas preventivas serán simples paliativos.

      La tercera condición que menciona Sampson, la heterogeneidad de los efectos de la prevención es consecuencia directa de la heterogeneidad de las causas. “Hay considerable evidencia de que las causas del delito pueden ser heterogéneas más que homogéneas, siendo la heterogeneidad dependiente del tipo de población, de delito o de las unidades de comparación” (Stafford, 2006: 11).

      La heterogeneidad depende de las características de los grupos a los cuales la prevención está dirigida y de la duración de las intervenciones propuestas. Supongamos una política de prevención al consumo problemático de drogas dirigida a grupos de adolescentes entre 15-18 años en Santiago de Chile y apoyada por psicólogos e intervenciones comunitaria, familiar y escolar. Asumimos que esta política tiende a convencer a los beneficiarios a través de la demostración masiva del daño neurológico provocado por las drogas y al mismo tiempo genera habilidades para superar las vulnerabilidades frente al consumo problemático. Si la política de salud, de Senda, de los municipios, de desarrollo social, está bien articulada se crea un potencial de coproducción de prevención fuerte. ¿Qué resultados son esperables de esta política? Si consideramos los sub-grupos beneficiarios, por ejemplo, los jóvenes estudiantes de colegios particulares de sectores acomodados, los universitarios, los que están ya en el mercado de trabajo, los que están en la informalidad y participan de la economía ilegal del tráfico de drogas, los que han tenido en su familia casos críticos de consumo de un pariente cercano, es probable que los resultados de esta misma política den resultados muy diferentes para cada sub-grupo. Los resultados son condicionados por la experiencia vital (pariente drogodependiente) que facilita una decisión personal de no consumir, por el entorno de los pares (diferente entre universitarios y alumnos de colegios o entre estudiantes y jóvenes trabajadores) que pueden paralizar el efecto de intervenciones articuladas. Los éxitos serán más difíciles en los grupos involucrados en el tráfico porque el consumo está ligado a una actividad rentable o de sobrevivencia. Algo análogo se produciría en caso de mujeres si unas están embarazadas y otras no. Aunque en todos los casos el aprendizaje social haya sido considerado como la causa del consumo problemático, las experiencias vitales, el sentido de la vida, las motivaciones y la calidad del entorno van a condicionar la capacidad de resiliencia y por ende el efecto de la política.

      De manera análoga, la aplicación del “Programa de Parentalidad Positiva” (PPP) en barrios de ingresos modestos pero organizados tendrá, por la calidad del entorno y su bajo grado de anomia, un efecto mayor que su aplicación en barrios de alta complejidad independientemente de la calidad de los agentes de prevención.