Prevención del delito y la violencia. Franz Vanderschueren

de medición de impacto (diseños cuasi experimentales), no menos relevante es el estudio del cómo se implementan o ejecutan los programas. Hay una debilidad institucional, que afectan a los gestores en territorios, y una necesidad de mejorar de manera urgente la base de conocimiento respecto de las intervenciones.

      El problema, así formulado, no es tan solo saber qué intervenciones son exitosas o fracasan, sino que también saber responder a la interrogante de por qué lo son.

      Prevención basada en el conocimiento y la evidencia

      La información es uno de los ejes operativos clave en la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles. La prevención de la criminalidad y la violencia busca reducir la incidencia de factores que aumentan la probabilidad de que individuos cometan delitos y/o utilicen violencia, o bien sean víctimas. Por ello, se ha transformado en un conjunto de acciones cada vez más extensivo, intensivo, técnico, especializado e integral. Está sujeta a teorías criminológicas, busca modificar situaciones en forma sistemática, enfocándose en problemas crónicos e involucra un enfoque multisectorial e inter-agencias.

      En las decisiones para abordar la prevención suelen prevalecer otras convicciones por sobre el conocimiento basado en observaciones directas de la praxis. El estudio de las intervenciones puede enseñar mucho. Cualquier acción bien motivada no es por sí misma óptima y eficaz. Los programas de prevención siguen directrices relativas a objetivos, actores y complementariedad. Esos estándares son conocidos y no es aquí donde es necesario mejorar.

      Se trata de subrayar cómo se hace prevención eficaz. Dos líneas de análisis se hacen cargo de las hipótesis más convincentes del fracaso. El problema radica presumiblemente tanto en la naturaleza y/o tipología de las intervenciones como en el escaso sustento de algunas decisiones estratégicas (evidence based) y, al mismo tiempo, también en cómo se ejecutan las intervenciones (science of implementation). Más allá del diagnóstico o de evaluación de la situación local, la selección de un programa es un desafío técnico: ¿qué programa funciona en función del problema priorizado? y ¿por qué?

      Este énfasis deriva de un primer llamado de atención que hace Naciones Unidas en el 2002, cuando recomienda la formulación de políticas de prevención y de seguridad “basadas en el conocimiento” (knowledge-based) y subraya que quienes toman decisiones con impacto en prevención deben fundar su rol en “información” científica, aprovechar los “conocimientos” alcanzados y tomar en cuenta las “lecciones” en este campo (Ecosoc RES. 2002/13).

      El segundo llamado proviene de la constatación de los fracasos. A modo de ejemplo, puede citarse el caso del programa Scared Straight y otras iniciativas que buscan generar consciencia para la prevención de la delincuencia juvenil. Petrosino et al. (2013: 36) revisan programas similares y confirman que una acción que pretende persuadir, anticipando los riesgos y alertando sobre una sanción, definitivamente no disuade a potenciales delincuentes juveniles.

      El enfoque de prevención basada en la evidencia intenta asegurar que se considere la mejor información disponible en cada una de las decisiones propias de la implementación y ejecución de un programa y busca que los resultados de las evaluaciones correctamente hechas (científicas) sean racionalmente integradas en las decisiones tomadas por los formuladores y ejecutores a través de averiguaciones acerca del estado de la evidencia para respaldar las políticas recomendadas; la demostración de que se está usando buena información en las decisiones y que los resultados comprometidos son realistas y factibles.

      Esa evidencia puede utilizarse en el desarrollo de intervenciones para abordar los factores de riesgo, enfocados en grupos en y de riesgo (Welsh, 2007; Greenwood y Welsh, 2012; Savignac y Dunbar, 2014). En general, entre las razones para un uso intensivo destaca que:

       Los programas basados en la evidencia se apoyan en estudios rigurosos, demuestran que son eficaces y generan resultados positivos.

       Si se implementan adecuadamente, con asistencia técnica y fidelidad al diseño, los programas logran mejoras sustantivas y pueden reducir significativamente factores determinantes de la criminalidad en un foco-problema delimitado.

       Los programas demuestran ser exitosos, incluso en casos difíciles, generando un cambio significativo para muchas familias vulnerables y comunidades en riesgo. Los beneficios, tanto para los participantes como para las comunidades locales, son mayores.

       Un programa con un soporte de esa naturaleza es una inversión, independientemente del área de especialización. Tiene más sentido invertir en un servicio o programa que ya ha demostrado su eficacia, es decir, que favorece la relación costo-efectividad.

      Hemos aprendido que las intervenciones –bien diseñadas– pueden reducir la actividad criminal, la victimización y promover la seguridad de las comunidades también. Pero, al mismo tiempo, que es más eficiente aprovechar la evidencia. Existe un cúmulo significativo, proveniente de intervenciones que han tenido resultados positivos (que se origina en evaluaciones de impacto realizadas en Norteamérica y Europa).

      En Chile la familiarización con este enfoque es todavía muy reducida. Muy pocos programas públicos incluyen el examen de intervenciones anteriores para alimentar el diseño, la ejecución y, menos aún, concluyen con recomendaciones de innovación. En este contexto, las palabras de Sherman (2012: 4) son aplicables a nuestra realidad: la mayoría de las innovaciones en prevención del delito se ensayan, pero no se comprueban. Se genera poca evidencia para retroalimentar y reorientar las intervenciones.

      Así, elegir y diseñar un programa apropiado es todavía un reto técnico. Nos conviene aprender de los fracasos y aprovechar la experiencia y conocimiento, pues se trata de elegir uno que mejor se ajuste a la población beneficiaria y que sea compatible con las condiciones reales de ejecución y del equipo responsable. Pero, esto significa adoptar un programa validado y adaptarlo al nuevo contexto de ejecución.

      Ciencia de la implementación

      En la evaluación de programas, con características de Safer Cities y orientados a la prevención de robos en residencia, Tilley y Laycock (2002) detectaron –ya en esa época– que muchos esfuerzos en replicar programas fracasaban debido a la poca atención a los mecanismos utilizados y al contexto. El empleo de programas exitosos implica comprender cómo y por qué han trabajado bien, qué es lo que hay que repetir o reproducir, y cuáles son las condiciones mínimas para generar efectos similares. Es decir, adaptar de manera inteligente, pero antes de ejecutar.

      La calidad de la implementación es un factor clave en el éxito. Por ejemplo, un programa “prometedor” tiene mayor probabilidad de producir resultados positivos, si la ejecución se acerca al modelo. Sin embargo, los resultados de un programa que muestra poca efectividad probablemente no son generados por errores de diseño o la ausencia de un enfoque integral, sino que por falencias o distorsiones tanto en la implementación, en la ejecución y su evaluación oportuna.

      Cada vez más las intervenciones preventivas y sus ejecutores enfrentan un desafío común y frecuente: el uso intensivo del conocimiento para una ejecución exitosa de intervenciones basadas en la evidencia científica. El interés en las cuestiones relacionadas con la aplicación coincide con la constatación de que la mera selección de un programa que demuestra ser eficaz en un contexto no es suficiente y que una experiencia en el terreno puede no alcanzar los resultados esperados, incluso con el aprovechamiento de bancos de buenas prácticas y manuales, protocolos de actuación. Un programa eficaz, combinado con una implementación de alta calidad, aumenta la probabilidad de lograr resultados positivos entre los beneficiarios.

      En la última década la prevención del delito se ha visto favorecida con el desarrollo de la ciencia de la implementación. Esta puede describirse como el campo de estudio a partir del cual se han desarrollado métodos y marcos para promover la transferencia y uso del conocimiento para optimizar la calidad y la efectividad de los servicios (Eccles y Mittman, 2006). Esta corriente recurre a la ciencia social y la administración, y se enfoca en el examen de las brechas entre la investigación y la práctica, así como las influencias individuales, organizativas y comunitarias que inciden y que están presentes en la ejecución de una política, programa e incluso una intervención breve.