Prevención del delito y la violencia. Franz Vanderschueren

2015). Finalmente, una diferencia básica entre ambos enfoques, evidenciada por Greenwood (2006: 12-13), es el hecho que mientras el SJC apunta a la mantención del orden y por ende al control de los individuos, la prevención busca la formación de ciudadanos responsables en todos los aspectos. Por estos motivos, este artículo se centra en la prevención externa al SJC, porque adopta la perspectiva que busca implícitamente una relación con la teoría y no solo la disuasión o la mantención del orden.

      Si la distinción entre prevención del SJC y las practicas alejadas del sistema penal es clara, las clasificaciones de los tipos de prevención son bastante genéricas y polémicas (Tenca y Méndez, 2018). Las categorías clásicas de prevención primaria, secundaria y terciaria, adoptadas en Chile como lo muestra el artículo de Guajardo en este libro, derivan de los enfoques de salud pública e indican los niveles de vulnerabilidades de los beneficiarios. Otras categorizaciones han surgido: como la de Farrington (Tonry y Farrington, 1995) que distingue cuatro categorías: prevención penal, comunitaria, intervención dirigida a infancia y juventud y prevención situacional. También aquella de Schneider (2015) que abarca los siguientes campos de intervención.

       Primero la prevención social que busca evitar el surgimiento de comportamientos criminales y conductas de riesgo y está dirigida a las causas de fondo de estas manifestaciones, particularmente entre los niños, niñas y jóvenes. Esta prevención tiene cuatro grandes áreas de intervención. La primera es el fortalecimiento de las instituciones básicas de socialización como lo hace por ejemplo la llamada “terapia multisistémica”1 y la metodología del “Programa de Parentalidad Positiva” (PPP)2 aplicadas en Chile; la segunda las políticas sociales y urbanas incluyentes; la tercera abarca las intervenciones que fortalecen y empoderan a los sectores sociales desfavorecidos como por ejemplo el programa “Quiero mi barrio”. Finalmente, las medidas focalizadas sobre los niños, jóvenes y adultos en situación de mayor riesgo, lo que equivale a la prevención secundaria.

       La prevención situacional apunta a evitar o disminuir las oportunidades de delinquir a través de la gestión y diseño del entorno urbanístico, físico y humano y el control del espacio, y por ende se centra sobre la interacción entre entorno y comportamiento humano.

       La prevención comunitaria fomenta la eficacia colectiva de las comunidades geográficas o sociales para asegurar un control informal, promover el desarrollo comunitario a través del fortalecimiento del tejido social y la resolución pacífica de los conflictos.

       La prevención de la reincidencia o prevención terciaria se encamina al desistimiento de quienes ya delinquen, actúan violentamente o tienen conductas de riesgo.

       La prevención realizada por policías de proximidad (o comunitario o municipal) para resolver problemas con la comunidad o reducir el daño y mejorar la relación policía-comunidad y así modificar las causas del comportamiento criminal; o por policía y justicia para identificar e impedir comportamientos ilícitos por ejemplo el lavado de dinero o el microtráfico.

      A esta clasificación otros autores como T. Børgo (2016) añaden la autorregulación que crea límites normativos y abarca las leyes, normas, reglamentos y protocolos que categorías profesionales o proveedores de servicios adoptan al mismo tiempo que modalidades de sanciones para evitar actos delictuales en el ejercicio de su profesión. Esto se refiere, por ejemplo, a los protocolos médicos o de ingeniería que permiten discernir el delito en la medicina o la construcción y se aplica hoy al campo de los servicios digitales para evitar el cibercrimen.

      En síntesis, la clasificación de la prevención que desarrolla la criminología contemporánea responde siempre más a un tipo de enfoque metodológico (o mecanismo de prevención) definido a partir de un objetivo principal que va desde la simple disuasión (prevención situacional) al abordaje de la “caja negra de la causalidad” (Bunge 2004: 186) pasando por la reducción del miedo a la delincuencia. Adoptar este tipo de clasificación facilita la búsqueda de la ligazón e interacción con la búsqueda de las causas de los comportamientos infractores.

      Sin embargo, el debate actual sobre las prevenciones muestra que todavía “las políticas de prevención no son un campo coherente y sistemático, sino más bien la suma de iniciativas a las que se les ha atribuido la capacidad de prevenir la delincuencia” (Medina, 2011: 31), lo que refuerza la tesis de autores como Hugues que afirma la imposibilidad de lograr “definiciones esencialistas de un campo que está inexorablemente ligado a los específicos medios y fines normativos y políticos de particulares contextos socio-históricas” (Hughes, 2002: 4).

      Estrategias de prevención

      Desde el informe de Sherman (1997) las estrategias de prevención tienden a adoptar un enfoque de resolución de problema que busca mecanismos de prevención para modificar factores y conductas de riesgo. Dada la cantidad de delitos en el contexto actual y la dificultad en llegar a las causas, muchas iniciativas preventivas pasaron de la pregunta “¿cuál es la causa o causas del delito o de un tipo de delito?” a la problemática de “verificar si un programa (de prevención) funciona” (Sampson et al., 2013) y si está basado en evidencias.

      Sin embargo, la adopción de un mecanismo o estrategia de prevención eficaz supone por una parte un conocimiento de la “caja negra de causalidad” es decir el dominio de los factores causales múltiples que conducen a la situación verificada. Supone también una previsión del impacto de la aplicación de estos mecanismos, de sus posibles efectos colaterales tanto sobre los individuos focalizados como sobre su entorno, y finalmente asume la capacidad de resiliencia de individuos o comunidades frente a la criminalidad o violencia.

      A partir del diagnóstico contextual de un problema, por ejemplo el comportamiento violento y delictual de pandilleros en un barrio, y de los factores de riesgo múltiples que lo determinan, se definen mecanismos de prevención y se elabora, en función de los recursos humanos y financieros disponibles, programas con objetivos, metas, calendarios, responsabilidades y modalidades de monitoreo y evaluación. Para esto, se mira en el entorno nacional e internacional el tipo de mecanismos exitosos vigentes, y después de un análisis contextual que muestra su posible aplicabilidad, se elige un mecanismo para adaptarlo a la cultural local y ponerlo en práctica. La evaluación de la validez del enfoque de prevención elegido requiere un doble proceso. Por una parte, se examina la aplicabilidad del modelo “importado” al contexto local. Por otra parte, a partir de referencia(s) teórica(s) se verifica en las etapas del programa (diagnóstico, análisis del contexto, implementación y monitoreo) la validez de los enfoques y resultados a partir de las teorías de referencia como por ejemplo la eficiencia colectiva, el aprendizaje social o la anomia. La referencia a las teorías permite comprobar la validez del enfoque porque no basta que un programa funcione y siga las reglas de funcionamiento planificado, se requiere además saber porqué da resultados o fracasa, es decir, haber sido capaz de identificar la(s) causa(s) del comportamiento delictual.

      En resumen, el funcionamiento y el éxito de una política de prevención depende tanto de la validez de sus fundamentos teóricos como de su gestión y de la coherencia de su formulación. En el caso de las intervenciones del SJC tienen un objetivo preventivo solo si apuntan a formas innovadoras de transformación de su propia realidad, como por ejemplo a través de las formas alternativas de justicia, de construcción de paz o de prevención comunitaria ejercida por policía de proximidad con las comunidades. Sin esta perspectiva corren el riesgo de ser simples modalidades de mantención del orden que apuntan a la neutralización de los victimarios.

      El aporte de las teorías criminológicas

      Las teorías criminológicas abordan dos grandes temas: o bien analizan el funcionamiento del sistema de justicia criminal (SJC) o bien intentan explicar las causas de comportamientos desviados o delictuales. Aquí hacemos referencia a la segunda corriente de teorías multidisciplinarias que desde fines del siglo XIX hasta hoy han tratado de responder a la pregunta de por qué hay crímenes en las sociedades y por ende cómo se puede prevenirlos o mitigar sus efectos.

      Como toda teoría en ciencias sociales, las reflexiones criminológicas no se centran sobre los postulados filosóficos que prometen una “sociedad