Prevención del delito y la violencia. Franz Vanderschueren

de modelos innovadores y reconoce los desafíos que plantea.

      La tercera parte contiene tres artículos que focalizan sobre las políticas urbanas, su gestión y su impacto sobre la prevención a la criminalidad o la percepción de seguridad. Lo que justifica esta parte es el hecho de que la gestión urbana ha sido uno de los principales factores que condiciona los grados de inseguridad de las ciudades. No solamente la gestión directa de la seguridad y prevención, sino también la que deriva de políticas sectoriales en materia de vivienda, construcción de barrios, infraestructuras, transporte y servicios urbanos.

      El primer tema abordado es el de la gestión urbana de la prevención que corresponde a los municipios según la ley que creó en 2016 los Consejos Comunales de Seguridad. Se ha elegido presentar el caso de Peñalolén por su carácter pionero y ejemplar no solo en Chile sino internacionalmente y por la duración (más de 12 años) que ha tenido este municipio logrando prácticas de prevención consolidadas. En efecto, esta comuna representativa de la diversidad social del Chile urbano ha logrado crear, mantener y adecuar una política sustentable de prevención que abarca, a pesar de los recursos limitados y de los riesgos políticos, el amplio campo de las prevenciones. La descripción y análisis de la evolución de esta política y de su gestión que presenta Norma Maray, ilustra la necesidad de una continua adaptación a los requerimientos de la prevención que deriva de la dinámica local de la delincuencia y de los acontecimientos sociales como de las orientaciones de los gobiernos del Chile centralizado. La tendencia actual apuesta a la transición de una gestión basada en la seguridad ciudadana que focaliza en la prevención del delito a otra que enfatiza la seguridad humana, es decir no solo la prevención del delito sino también de sus causas locales que son transversales a los diversos campos de las políticas sociales. Esta transformación progresiva y difícil, similar a la evolución de gobiernos locales de otros países, refuerza la necesidad del rol preventivo de las autoridades locales, de sus necesidades de formación técnica, de recursos financieros, de aceptación de la diversidad y flexibilidad de las experiencias locales de prevención y de rigor de los enfoques y gestión adoptados.

      El artículo de Alejandra Luneke y María Paz Trebilcock aborda el impacto de las transformaciones urbanas sobre el miedo frente a la inseguridad, que es uno de los problemas que la prevención focaliza. La práctica y las investigaciones internacionales han mostrado que este miedo puede derivar de causas distintas de la victimización. A menudo, hay una brecha entre la tasa de victimización y el miedo o pánico que los habitantes de una zona urbana pueden tener y la evolución de estos dos fenómenos no convergen. Por lo tanto, es relevante saber porque los niveles de miedo varían de un territorio a otro. A partir de sus investigaciones en la comuna de Maipú, las autoras confirman que el temor al delito deriva de múltiples factores socioculturales moldeado por las transformaciones urbanas y sociales que han experimentado los territorios, y que el miedo a la criminalidad canaliza otros miedos e inseguridades que experimentan los habitantes. El miedo expresa un sentimiento de abandono y de impotencia, la pérdida de control del individuo sobre su vida y su entorno, aumenta la desconfianza entre vecinos y modifica los vínculos y el tejido social.

      Hoy en las grandes ciudades fragmentadas, el impacto de la segregación, de la carencia de servicios y en particular de red de transporte, aumenta la vulnerabilidad y acceso a servicios urbanos de los habitantes y genera conflictos e inseguridades mayores al mismo tiempo que acrecienta el aislamiento de los habitantes de los barrios marginados. El artículo de Paulette Landon presenta los resultados de una tesis de doctorado sobre el impacto en la movilidad espacial de los habitantes afectada por los grandes cambios físicos en la periferia pobre de la ciudad de Santiago. Estos procesos excluyentes crean zonas de inseguridad invisibilizadas que obligan a los habitantes abandonados por las autoridades gubernamentales y locales a inventar formas de prevención que les permiten sobrevivir e intentar de salir de su condición de segregado para proyectar un mínimo de bienestar familiar. Las políticas públicas de infraestructura y transporte modifican a menudo radicalmente las condiciones de vida de ciudadanos encerrados en guetos que son universos de inseguridad. La prevención espontánea que generan frente a esta situación muestra la creatividad de los habitantes pobres al mismo tiempo que los límites de quienes no cuentan con políticas públicas de protección y prevención.

      La cuarta parte reúne un conjunto de seis análisis de prevenciones específicas y muy diversas, elegidas por sus características pioneras, su importancia estratégica o su dimensión de coproducción de seguridad. Se trata de la prevención juvenil a la luz de la teoría del ciclo vital, de la prevención de la seguridad económica, de la difusión en contextos de violencia crónica de los métodos alternos de resolución de justicia, de la prevención a la radicalización que afecta las sociedades occidentales desde el año 2001, del abordaje preventivo de la trata de personas y de la justicia ambiental frente a la amenaza del “extractivismo” minero. Los ejes de estos artículos se explicitan a continuación.

      La prevención juvenil a la luz de la teoría del ciclo vital es abordada por German Díaz, quien muestra la riqueza y la pertinencia del debate sobre esta perspectiva que ha modificado los enfoques preventivos y se sustenta en robustas investigaciones longitudinales. En particular, ha enriquecido los análisis de los comportamientos de infracción a la ley de los adolescentes, mostrando su complejidad y la necesidad de tomar conciencia de que la edad adolescente es el período de vida donde más se cometen delitos y más se abandona el delito. La prevención de los adolescentes infractores requiere distinguir entre victimarios crónicos y transitorios y visualizar el rol de las instituciones de socialización en prevenir o facilitar el desistimiento. El autor analiza la aplicabilidad del enfoque de ciclo vital al contexto chileno, en un periodo de crisis del sistema de protección de niños y niñas en situación de vulneración y en conflicto con la ley.

      “La criminalidad ronda alrededor del sistema financiero desde siempre” estimulando delitos de cuello blanco que han sido más visibles desde el año 2008 por las crisis que han generado. Dada la importancia de estos delitos tanto por sus impactos financieros como sobre todo por la erosión de la confianza que generan en la ciudadanía, hemos incluido en esta publicación el análisis de Mauricio Baquero que problematiza la prevención económica más allá de la intervención del sistema de justicia penal y presenta el conjunto de instrumentos e instituciones más relevantes de prevención de la criminalidad económica. El artículo analiza varios problemas de la seguridad económica como la emisión y control de la moneda de curso forzoso como las criptomonedas y Bitcoin de todo tipo; la protección de los recursos del público que incluye los riesgos en los bancos, en el mercado de valores, en el comportamiento de los inversionistas que captan fondos de pensiones y los riesgos que causan la piratería informática y el lavado de dinero. El autor pone énfasis en las instituciones no penales establecidas para proteger ex ante la seguridad económica de los ciudadanos y destaca la importancia de la prometedora cooperación público-privado para la regulación de la compleja seguridad económica

      Pavel Vallejo y Alessandro Grassi presentan la cultura de paz que se expresa a través de los métodos alternos de solución de conflictos (MASC) como la mediación, el arbitraje, la conciliación y la junta restaurativa como imprescindibles en el contexto mexicano actual. En efecto, donde el daño profundo al tejido social por la violencia crónica y el incremento de los delitos reflejan “procesos anclados en condiciones estructurales como la pobreza, desigualdad o corrupción, los MASC constituyen una alternativa a la administración de justicia que complementa el ejercicio de los procesos judiciales”. Contribuyen a la construcción y consolidación de las relaciones entre los actores de la comunidad y fomentan la participación activa en la solución de sus propios problemas, asegurando mecanismos que garantizan el rol proactivo de la sociedad en enfrentar las violencias y los conflictos desde la esfera personal y comunitaria. Los autores insisten sobre el rigor y la formación en la aplicación de estos métodos que deberían facilitar la ruptura con el clientelismo de una población “consumidora de servicios públicos”. En este sentido, la extensión de la mediación comunitaria y los MASC surgen en la perspectiva de una cultura de paz como un movimiento cultural.

      La prevención de la radicalización violenta en occidente desde el 11 de septiembre del 2001 ha obligado a elaborar nuevas formas de abordaje y a distinguir los enfoques preventivos de la persecución al terrorismo. Pablo Madriaza