Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile: 1973-1990). Brian Loveman

La sentencia examinó los atenuantes de acuerdo con el derecho y las interpretaciones jurídicas y doctrinas aplicables, rebajando las penas de todos los procesados. La Corte Suprema dejó establecido en el fallo que la DINA funcionó como una asociación ilícita terrorista²⁰⁵.

      El asesinato del general Prats figuraba como uno de los crímenes cometidos por el Gobierno de Chile entre 1973 y 1976, en Europa, América Latina y Estados Unidos, planificados para eliminar a actores de oposición que pudieran influir y erosionar la legitimidad internacional de la Junta de Gobierno o afectar negativamente sobre la consolidación interna del régimen. El terrorismo internacional practicado por el gobierno chileno, en colaboración con otros gobiernos militares de la región –la llamada «Operación Cóndor»– dejaría centenares de víctimas y provocaría procesos judiciales criminales en Europa, Estados Unidos y países vecinos²⁰⁶. Algunos de estos procesos no tendrían resoluciones definitivas, todavía, en la segunda década del siglo XXI.

      La Operación Colombo (o caso de los 119)

      La Operación Colombo fue planificada por la DINA, haciendo aparecer en Argentina los cuerpos de algunos desaparecidos en Chile, intentando convencer a la opinión pública de que sus muertes se habrían producido por ajustes de cuentas entre miembros del MIR. Las publicaciones que daban cuenta de estos hallazgos aparecieron en Argentina y Brasil y fueron reproducidas por diarios chilenos, intentando probar que el Gobierno no tenía responsabilidad alguna en lo ocurrido. Las noticias formaban parte de una operación comunicacional para dar por muertos a los detenidos desaparecidos que figuraban en las listas presentadas al Poder Judicial en Chile con el fin de averiguar sobre su paradero²⁰⁷.

      En junio de 1975 la prensa nacional reprodujo informaciones sobre supuestos guerrilleros y extremistas que estarían actuando en los países vecinos. La prensa se refirió también a «extremistas» chilenos que estarían siendo adiestrados en Tucumán, Argentina²⁰⁸. Un mes después, el 12 de julio de 1975, se informaba que se habían encontrado acribillados en Pilar, Argentina, los cadáveres de Jaime Robotham (detenido por la DINA en Santiago, el 31 de diciembre de 1974) y de Luis Alberto Guendelman, (detenido en Santiago, el 2 de septiembre de 1974). Guendelman había sido visto por algunas personas cuando fue llevado, en muy mal estado, a su propia casa al día siguiente de su detención. En el expediente de su caso un testigo declaró haber estado en la misma celda con él, en el recinto «4 álamos», el día 25 de septiembre y que habría sido sacado de allí ese día con destino desconocido. Otros testigos también lo confirmaron. Las Últimas Noticias informaría el 16 de julio de 1975 sobre los «ajusticiados» Robotham y Guendelman aparecidos en Buenos Aires, titulando «Sangrienta vendetta interna hay en el MIR». También se tituló: «Desaparecidos en Chile resucitan en Argentina, pero ahora son ultimados por sus propios compañeros». Los cuerpos encontrados en Pilar estaban quemados y tenían cédulas de identidad evidentemente adulteradas. No era el cuerpo de Luis Alberto Guendelman. El otro cadáver no correspondía a Jaime Robotham²⁰⁹.

      El montaje comunicacional buscó desacreditar las denuncias sobre los numerosos detenidos desaparecidos que habían sido secuestrados por la DINA²¹⁰. Las publicaciones Lea de Argentina y O’ Día, aparecido en Curitiba (Brasil), fueron reproducidas durante varios días por los medios nacionales, especialmente por el diario La Segunda, titulando en primera página el día 24 de julio: «Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina», refiriéndose a algunos detenidos desaparecidos que figuraban en las peticiones de ministro en visita para investigar su desaparición. En todas las noticias se insistía que ellos habían encontrado la muerte en enfrentamientos entre facciones de esos grupos. Pocos días después se publicitó que 119 presuntos desaparecidos habrían muerto en enfrentamientos fuera del país.

      La investigación periodística y la investigación judicial, décadas después, permitieron identificar que estas publicaciones respondieron a un diseño de inteligencia conocido como Operación Colombo²¹¹.

      Entre el 17 de junio de 1974 y el 6 de enero de 1975 en distintas comunas de la Región Metropolitana, 119 militantes de partidos opositores al Gobierno (la gran mayoría pertenecía al MIR) fueron secuestrados y no se había tenido información sobre su paradero. Según los antecedentes judiciales recogidos posteriormente, las víctimas fueron llevadas a distintos centros de detención como Londres 38, José Domingo Cañas, Tres y Cuatro Álamos, y Villa Grimaldi. La Operación Colombo, según el abogado Hiram Villagra, «correspondió al intento de cerrar el tema detenidos desaparecidos como una gran mentira. Como ya la presión internacional era muy fuerte, se decide mandar un mensaje a la sociedad en el sentido de que estas personas se mataron entre ellos, pugnas internas fuera del país, y para eso fue fundamental el rol del aparato comunicacional del Estado, donde la cadena de Agustín Edwards fue muy importante»²¹² .

      El 1 de agosto de 1975 el Comité de Cooperación para la Paz insistió ante la Corte Suprema sobre la petición de un ministro en visita para investigar los casos de los 119 que aparecieron en las listas de esas publicaciones en el extranjero. El 5 de septiembre el Comité hizo entrega a la Corte Suprema de una nueva lista de 188 personas detenidas desaparecidas solicitando que se investigaran los casos. La presentación fue firmada por 275 religiosos y los familiares directos de los detenidos. Poco después, el Comité de Cooperación para la Paz fue disuelto debido a las presiones del Gobierno. En enero de 1976 se inauguró la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago reemplazando al Comité en la defensa legal de los perseguidos²¹³.

      El caso de los 119 dio origen a numerosos procesos judiciales²¹⁴. La justicia militar aplicó el decreto ley de amnistía en algunos casos²¹⁵. Sin embargo, como muchos de los casos que se relatan en este libro, los desenlaces judiciales por la Operación Colombo no se terminaron sino en el siglo XXI, con condenas diversas y, en algunos casos, se establecieron indemnizaciones como medidas de reparación de los daños causados por la violación de derechos humanos²¹⁶. Algunos procesos por el caso siguen vigentes en 2019.

      A 29 años del episodio, el ministro de fuero Juan Guzmán procesó a ex agentes de la DINA, por varios de los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo. Según La Nación: «En una resolución que quedará en la historia de la justicia por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán asestó ayer el golpe más grande hasta ahora a la ex DINA: procesó a 16 ex agentes, varios de la plana mayor, por 34 víctimas de los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo, que se implementó en 1975 y que formó parte de la Operación Cóndor²¹⁷, donde está desaforado el general (r) Augusto Pinochet. (…) Guzmán al dictar el primer procesamiento selló la certeza jurídica que terminó por echar abajo uno de los montajes más grandes del régimen del ex dictador Augusto Pinochet»²¹⁸. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el exjefe de la DINA, Manuel Contreras, fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera, donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas²¹⁹.

      Entre 2005 y 2013 varios casos relacionados con las víctimas de la Operación Colombo seguían en proceso. En 2006, la Corte Suprema confirmó el desafuero del general Augusto Pinochet en el marco del proceso judicial por esos casos, considerando que existían presunciones sobre su responsabilidad en los secuestros de 15 opositores a la dictadura. Aprobado el desafuero, Pinochet quedó a disposición del juez especial Víctor Montiglio, que estaba a cargo de los juicios que involucraban al exdictador, tras la jubilación del juez Juan Guzmán Tapia. Sin embargo, Pinochet murió en diciembre de 2006 y no alcanzó a ser condenado.

      La periodista Lucía Sepúlveda Ruiz escribió en 2008: «Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos);