Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile: 1973-1990). Brian Loveman

por el denunciante, quien hizo las siguientes observaciones: «La Corte Suprema inició un expediente de tipo “administrativo”, hasta fojas 16 (...); en el mismo expediente “administrativo”, pero ya sin foliación alguna, aparece a continuación una copia fotostática de una pretendida comunicación que por el oficio secreto N° 1595, de fecha 22 de marzo de 1977, le habría enviado el Presidente de la República al Segundo Juzgado Militar de Santiago y expresaba lo siguiente»:

      Como es de conocimiento de ustedes, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa del ciudadano Dr. Carlos Humberto Contreras Maluje, en mérito de que habría sido arbitrariamente privado de su libertad personal. El Presidente de la República que suscribe, ha comprobado fehacientemente que la presunta detención de la persona antes referida no fue dispuesta por el Supremo Gobierno –en ejercicio de las facultades que le concede la situación de Estado de sitio en vigencia—no habiendo mediado, en su caso, consecuencialmente, disposición alguna de las facultades extraordinarias que le competen. La anterior ha importado una absoluta imposibilidad jurídica y de hecho de dar cumplimiento, por parte del Ministerio del Interior, al requerimiento que le formulara la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en orden a satisfacer la resolución de inmediata libertad de la persona mencionada, lo cual ha sido el postulado invariable del Supremo Gobierno.

      El Jefe de Estado que suscribe reitera a Usía su decidido propósito de llegar –ya sea por la vía de los Tribunales de su jurisdicción o a través de la justicia ordinaria– a un amplio esclarecimiento de los hechos investigados que, sin que en su comisión haya mediado decisión, intención, ni intervención Suprema, pueden comprometer el prestigio del Gobierno, de sus instituciones fundamentales y que, en definitiva, afectan gravemente la seguridad interior, ya que preocupa al infrascrito que pudiera esta detención arbitraria haber sido premeditadamente efectuada por elementos subversivos³¹⁶.

      En el mismo oficio, el presidente solicitó al juez militar que adoptara, «todas las medidas y providencias que fueren procedentes para agotar la investigación iniciada de estos hechos, precisara sus autores y determinar quiénes aparecieren responsables de ellos…». Augusto Pinochet, como presidente de la República y como superior de los agentes de la DINA, les mintió a las instancias judiciales involucradas.

      La CIDH transmitió la denuncia del caso al Gobierno de Chile. El 14 de noviembre de 1977 el Gobierno informó que el Quinto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago se declaró incompetente para el conocimiento de la causa rol N° 103.372-4 por secuestro de esta persona, remitiendo los antecedentes, con fecha 13 de septiembre último, a la Fiscalía de Aviación de la Segunda Zona Aérea, que investigaba la situación de esta persona. Esta causa, según el Gobierno, se «encuentra en estado de sumario».

      La CIDH, en una resolución sobre el caso, declaró que existían «pruebas inequívocas de que el señor Carlos Humberto Contreras Maluje fue detenido ilegalmente por agentes del Gobierno de Chile, el día 3 de noviembre de 1976 y se encuentra desaparecido desde ese momento». En consecuencia, observó que «tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho de justicia (Artículo XVIII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Artículo XXV); y al derecho a proceso regular (Artículo XXVI).

      Recomendó al Gobierno: a) que disponga, sin perjuicio de las actuaciones judiciales que pudieran estar en curso, una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y, de acuerdo con las leyes chilenas, que sancione a los responsables de dichos hechos; b) que informe a la Comisión sobre las medidas tomadas para poner en práctica la recomendación contenida en el subpárrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 30 días³¹⁷.

      A pesar de haberse acogido el recurso de amparo, no se tuvo información sobre el paradero de Contreras Maluje³¹⁸. La sentencia de la Corte Suprema 6188 de 13 de noviembre de 2007 confirmó, 40 años después, que las autoridades de la época, incluyendo a Pinochet, le mintieron a la Corte Suprema al negar la detención del amparado, a pesar de las pruebas contundentes presentadas ante los tribunales, incluyendo la constancia policial de un oficial de Carabineros, legalmente «un testigo de fe»³¹⁹. En su fallo de 2007, la Corte Suprema citó los Convenios de Ginebra y la definición de «estado de guerra» jurídica proclamada por la Junta de Gobierno, aplicó la ley internacional y encontró inaplicable el decreto ley 2.191 de amnistía de 1978 (ver más adelante), caracterizando la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. A su vez se aplicó la «media prescripción» en beneficio de los condenados. Según se establece en la sentencia de la Corte Suprema la investigación del caso se inició «a raíz de la denuncia de 3 de noviembre de 1976, quedando paralizada la causa por resolución de sobreseimiento temporal de cinco de julio de 1978, ejecutoriado el nueve de marzo de 1979, en razón de la resolución que ordena el cúmplase correspondiente. En dicho estado se mantuvo hasta el 12 de julio de 1996 cuando la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación pidió la reapertura del sumario, avanzando hasta llegar a la etapa actual». Esos plazos fueron considerados para decidir sobre la prescripción de la acción penal³²⁰.

      En las instancias judiciales previas a este fallo definitivo se caracterizó el delito como secuestro calificado y por tanto como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, por resolución judicial, dos años después de su desaparición, se había declarado la muerte presunta de Carlos Contreras Maluje, fijándose como fecha de su fallecimiento el día 2 de noviembre de 1978³²¹. Dada esta declaración, la Corte Suprema, en la sentencia de reemplazo, modificó la tipificación del delito de «secuestro calificado» a «homicidio simple», que por cierto redujo las penas a los funcionarios públicos que lo asesinaron, y declaró: «Que, los hechos fijados en autos corresponden a la descripción del delito de homicidio simple descrito en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, por cuanto ha resultado justificada en autos la muerte de Carlos Contreras Maluje como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por terceros, que ejercieron violencia sobre él. Dichos sujetos pertenecían a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA)»³²². El fallo de la Corte condenó a «Freddy Enrique Ruiz Bunger, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Luis Guimpert Corvalán, César Luis Palma Ramírez, Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Alejandro Segundo Sáez Mardones, a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, imponiéndoseles la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y el pago proporcional de las costas de la causa, por la responsabilidad que les asiste como autores del delito de homicidio de Carlos Contreras Maluje»³²³. Se les concedió la medida alternativa de libertad vigilada.

      Se dejó constancia de la opinión de los ministros disidentes: «Se previene que los Ministros señores Chaigneau y Dolmestch, estimaron que las probanzas reunidas en autos no daban cuenta ni de la ocurrencia de la muerte de Carlos Contreras Maluje ni de sus circunstancias, por lo que en consecuencia, al resultar desconocido su paradero hasta el día de hoy, estuvieron por enmarcar los hechos acreditados en la figura del artículo 141 del Código Penal, tal como lo hiciera el fallo de primer grado, teniendo presente que en estos autos se estableció que el ofendido fue privado ilegítimamente de su libertad, acreditándose el hecho del secuestro y que éste se prolongó por más de noventa días y aún no se tienen noticias ciertas del paradero de la víctima»³²⁴.

       Cr í ticas internacionales

      Las violaciones masivas a los derechos humanos de chilenos y extranjeros cometidas por la Junta de Gobierno fueron objeto de preocupación para la CIDH, la OEA, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Desde el 11 de septiembre de 1973 habían sido detenidos ministros y funcionarios del gobierno derrocado, parlamentarios, militantes y dirigentes de los partidos políticos de la UP, periodistas, miembros de organizaciones sindicales, sociales y poblacionales, dirigentes y militantes del MIR y numerosos extranjeros refugiados en el país. El primer informe de la CIDH sobre Chile (1974) dio cuenta de fusilamientos sin juicio previo,