El peronismo y la consagración de la nueva Argentina. Carlos Piñeiro Iñíguez

por dos acorazados, tres cruceros, tres cruceros-acorazados, doce torpederos (destructores), seis barreminas, dos submarinos y más de otras veinte naves, entre las de transporte y las de la Flota de Ríos. Pero el material terrestre, con pocas unidades motorizadas y apenas una docena de tanques ligeros¹², era considerado insuficiente y preocupaba que, en el contexto del gran impulso dado a las innovaciones técnicas por la guerra mundial, el proceso de obsolescencia se aceleraba de manera muy marcada. A pesar de las medidas de Castillo, como la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que proyectaba la construcción de un tanque mediano nacional, se consideraba indispensable la adquisición de material en el exterior para un reequipamiento cuya urgencia no podía aguardar la producción de los desarrollos locales.

El gobierno era consciente de esas necesidades, aunque no parecía en condiciones de resolverlas. En marzo de 1941, el Congreso estadounidense aprobó la Act to Promote the Defense of the United States (“Ley para promover la defensa de los Estados Unidos”), que por sus disposiciones sería más conocida como Lend and Lease Act (“Ley de Préstamo y Arriendo”). Por ella, el gobierno estadounidense quedaba autorizado para proveer material bélico a “naciones amigas”. Constituía la legalización de su mayor involucramiento en la guerra mundial, ya que esas naciones fueron, inicialmente, el Reino Unido, la República China y el gobierno de la Francia Libre, a las que posteriormente se agregaría la Unión Soviética. En abril de 1941, el subsecretario Sumner Welles comunicó que también los países latinoamericanos podrían reequiparse con las facilidades de esa ley. Welles incluso informó a Felipe A. Espil, embajador argentino en Washington desde 1931, que se preveía una partida de 21 millones de dólares para la Armada Argentina, si nuestra Marina estaba interesada. El embajador norteamericano en Buenos Aires, Norman Armour, en julio del mismo año informó que, en total, los fondos previstos en los términos de la Ley de Préstamo y Arriendo para los países latinoamericanos ascendían a unos 400 millones de dólares¹³. Sobre esa base, el 19 de agosto de 1941, el decreto 106.056 firmado por Castillo creó una comisión presidida por el contraalmirante Sabá H. Sueyro, quien años antes se desempeñó como agregado naval en Washington, y el general de brigada Eduardo T. Lápez para viajar a negociar la adquisición de material en esos términos. La llamada “Comisión Lápez- Sueyro” estaba integrada por oficiales de ambas fuerzas: los capitanes de fragata Harold Cappus, Aureliano G. Lares y Carlos Garzoni, y el teniente de navío Manuel N. Bianchi, por la Armada; y el teniente coronel Raúl Ruiz Díaz, el mayor Emilio Loza y el capitán Luis M. Terradas, por el Ejército. El doctor Espil se sumaría para cuidar los aspectos referidos a cuestiones de política internacional. A pesar de las expectativas, las negociaciones resultaron frustrantes: la Comisión arribó a Washington en diciembre de 1941, con el ingreso de Estados Unidos de lleno en la guerra y su nueva diplomacia presionó para obtener la ruptura de relaciones con las potencias del Eje de todas las naciones americanas. Las tratativas del canciller Ruiz Guiñazú en el marco de la Tercera Reunión Interamericana de Consulta, en enero de 1942 en Río de Janeiro, y las llevadas adelante, principalmente por Sueyro y Espil ante el subsecretario Welles, no llegaron a buen puerto. Estados Unidos reclamaba que la Argentina diese, por lo menos, algún “gesto” de alineamiento con la nueva orientación diplomática de Washington, lo que comenzó a ser puesto como condición. Una propuesta reiterada fue que buques argentinos sirviesen en tareas de protección de convoyes en el Atlántico, por lo menos hasta las costas del Brasil, lo que fue rechazado por el gobierno de Castillo, ya que implicaba dejar de lado la neutralidad. Una nota del secretario Cordell Hull, del 13 de mayo de 1942, virtualmente daba por cerrado el tema. La diplomacia estadounidense consideraba que la presión ejercida y el malestar militar consiguiente obrarían a su favor. El embajador Armour le aseguraba a Welles, en telegrama del 10 de abril de 1942, que “en el plazo de seis meses la presión ejercida por las Fuerzas Armadas habrá modificado radicalmente la política aislacionista de Castillo”. En cambio, el embajador Espil había advertido a los funcionarios del Departamento de Estado que el regreso a Buenos Aires de la delegación naval-militar sin un acuerdo, “no podía sino producir una pésima impresión en nuestras instituciones armadas, fomentando resentimientos que conviene de todas maneras evitar”¹⁴.

Ese “resentimiento” se traducía ya entonces en un fortalecimiento de las alas nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas, incluida la más vinculada al Eje y con mejores relaciones con la Embajada alemana. Según surge de la correspondencia de Otto Meynen, encargado de negocios del Reich en Buenos Aires, desde febrero de 1942 habían comenzado gestiones “oficiosas”, por medio de “intermediarios privados”, para estudiar la posibilidad de adquirir armamento y aviones de origen alemán. Las tratativas se intensificaron desde julio de ese año, al quedar evidenciado el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos, y en ellas se vieron involucrados el jefe de la Policía de la Capital, general Domingo Martínez, y el jefe de la delegación comercial de España, conde Eduardo Aunós. La forma más avanzada de estas iniciativas, realizadas sin conocimiento de los respectivos ministerios, aspiraba a concertar una operación triangular, mediante la cual el material, formalmente, provendría de España. El Oberkommando der Wehrmacht (OKW, Alto Mando de las Fuerzas Armadas alemanas) recomendó llevar a la larga esas negociaciones. Más allá de la desconfianza que en Berlín generaba en ese momento la presencia del general Tonazzi, justista y pro-aliado, al frente del Ministerio de Guerra, lo cierto es que Alemania no estaba en situación de proveer a terceros de material que ya casi no podía abastecer de manera suficiente a sus propias unidades¹⁵. El relevo de Tonazzi por el general Pedro Pablo Ramírez no alteró esta última circunstancia y, aunque las expectativas de algunos oficiales en el Tercer Reich parecían inagotables, a comienzos de 1943 la guerra ya estaba decidida en su contra. En ese contexto, la expulsión del agregado naval alemán, capitán de navío Dietrich Niebuhr, por acciones violatorias de la neutralidad argentina, parecía una respuesta tibia de Castillo y su canciller Ruiz Guiñazú a las presiones del Departamento de Estado, pero que preocupaban a los más decididos a mantener la neutralidad¹⁶.

      1.1.c) La relación de los militares con las fuerzas políticas: un vínculo que se deteriora

Para gran parte de la oficialidad, la respuesta de la dirigencia política ante esas cuestiones dejaba mucho que desear. Entre los militares iba ganando adeptos la idea de que la Argentina estaba regida por una “partidocracia” o “casta política” sin propuestas de modernización y fortalecimiento de la Nación, manchada por el fraude y hechos de corrupción. Pero, sobre todo, lo que generaba ese rechazo era lo que Alain Rouquié llamó “la obsesión de la posguerra”¹⁷. La preparación de los militares argentinos los instaba a desarrollar una mirada estratégica integral. Sin duda, este era el caso de los que se pueden considerar intelectuales militares, ya de por sí bastante numerosos si se toman en cuenta los autores de artículos en publicaciones de entonces¹⁸, y de quienes habían realizado los cursos requeridos para convertirse en oficiales de Estado Mayor o habían desempeñado parte de su actividad en el exterior, fuese en agregadurías y comisiones de adquisición de material, o recibiendo capacitación en sus especialidades en otros países. Pero incluso quienes no se encontraban dentro de esos grupos de élite se habían formado en esa perspectiva en la que el mediano y largo plazo cobraban relevancia. Eran las enseñanzas que recibieron desde su ingreso en el Colegio Militar y en los cursos de instrucción a lo largo de su carrera. No veían esa misma actitud en la mayoría de los cuadros partidarios, y tanto en la proclama del 4 de Junio cuanto en las declaraciones de los protagonistas de la jornada, más allá de dejar a salvo la existencia de excepciones, prevalecía la condena a una dirigencia ligada al fraude y la corrupción.

El mismo afán de Castillo de establecer buenas relaciones con los militares y construir su propia apoyatura en ellos terminó jugando en su contra. Un factor de irritación fue que, en distintas veladas, el presidente invitó a la residencia oficial a grupos de oficiales de la Armada y del Ejército. A lo largo de febrero y mediados de marzo de 1943, casi toda la plana de oficiales superiores de ambas fuerzas había cenado con el primer mandatario, en un contexto signado por la sucesión presidencial y la ya descontada nominación de Robustiano Patrón Costas como su heredero. A este “cortejo” público de las cúpulas militares se sumaba, según los testimonios que recogería Robert Potash dos