Agonía en Malasia. Verónica Foxley

fue, en síntesis, lo que transmitieron a sus familiares, el resumen de un homicidio y sus consecuencias que en ese momento no eran capaces de dimensionar.

      En la comisaría de Kuala Lumpur las imágenes desordenadas de esa noche daban vueltas una y otra vez por sus cabezas, quizás buscando reafirmar que no eran culpables, pero eso era algo que tendrían que probar.

      Al día siguiente, por la tarde, el cónsul Mason partió a verlos por segunda vez, pero para su sorpresa los detenidos no estaban. Ya habían transcurrido casi treinta y cinco horas desde el homicidio de Tasha y Felipe, Fernando y Carlos fueron llevados al Instituto de Medicina Forense del hospital de Kuala Lumpur para hacerles pruebas toxicológicas, de alcoholemia y ADN. Las muestras se tomaron a las 3:25 de la tarde del 5 de agosto, es decir, un día y medio después de la muerte de Tasha.

      Horas más tarde llegó a la estación policial la cónsul de España, Meritxell Parayre. Felipe Osiadacz poseía doble nacionalidad y había ingresado a Malasia usando su pasaporte español, no el chileno, por ende el consulado tenía el deber de asistirlo. Si bien la dejaron visitar a Osiadacz y conversar con él por breves minutos, no pudo entregarle la pasta de dientes ni la comida que le llevaba.

      En los oscuros y húmedos calabozos los tres amigos se sentían solos, desesperados, sin tener contacto alguno con el mundo exterior. Así pasó todo ese fin de semana.

      El lunes siguiente estaban ansiosos, contaban las horas para salir libres. Un policía les había dicho que así sería, y eso coincidía con lo que algunos agentes les habían manifestado aquella madrugada en el hotel. “No se preocupen, que a lo más van a estar una semana”. Por eso confiaban en que su versión de que “todo había sido un accidente” pronto se aclararía.

      Paralelamente, en la sede diplomática chilena comenzaba la urgente búsqueda de un abogado. Tras algunas consultas, se llegó al nombre del experto criminalista Kitson Foong. Era famoso en el círculo diplomático por aceptar casos complejos que involucraban a extranjeros, como el de los hermanos González Villarreal, tres humildes mexicanos condenados a la horca en el 2012 por delito de tráfico y producción de narcóticos. La historia de los culiacanenses se hizo mundialmente conocida cuando en el 2008 los detuvieron, condenándolos a muerte. Después de más de diez años de cautiverio la sentencia fue anulada tras el perdón del sultán Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Iskandar Al-Haj, aunque en estricto rigor, cuando eso ocurrió, Foong ya no era parte de la defensa.

      Por su precaria educación, su nulo manejo del inglés y sin recursos para obtener un abogado a la altura de la pesada acusación en su contra, estos hermanos se convirtieron en un símbolo de la indefensión y de la mano de hierro con que se aplica el código penal en ese país del Sudeste Asiático. Luego, su situación tendría otra vez notoriedad internacional cuando sorpresivamente fueron puestos en libertad en mayo del 2019.

      Amigo de las cámaras y muy suspicaz, en sus treinta años de trayectoria como penalista, Foong, malasio-chino, llegó hasta la comisaría el lunes 6 de agosto y, tras oír el relato de los chilenos acerca de aquella madrugada, sabiendo que faltaba mucha información, hizo un diagnóstico optimista y les dijo que en pocos días estarían libres. Eso al menos es lo que recuerdan los involucrados en la escena. Fueron no más de diez minutos de reunión, pero las breves palabras del abogado los dejaron algo más tranquilos. La situación que enfrentaban era delicada, sin embargo, creían que era poco probable que los acusaran de asesinato.

      Aunque aquella percepción se hizo trizas cuando a los doce días del homicidio el cónsul chileno, con expresión muy seria pero empática, les aclaró: “Aquí hay una investigación en curso y es por asesinato. La fiscalía va a presentar cargos y los van a llevar a una cárcel de máxima seguridad. No sé cuánto tiempo puede durar el proceso, pero es grave. La condena por asesinato es la pena de muerte”.

      Morir asfixiados, como Tasha, pero en las manos de un verdugo. A eso se enfrentaban.

      “Estaban ansiosos por salir inmediatamente, querían el informe forense rápido. ¡Pero si eso era imposible!”, rememora el abogado Foong desde su oficina ubicada en un subsuelo en el suburbio residencial de Bangsar, donde destaca un pizarrón en el que explica los casos a sus defendidos y, en ausencia de ellos, a sus parientes. Una y mil veces le toca aclarar que el sistema legal malasio no se relaciona en lo absoluto con la temida ley islámica, la sharía, que solo se aplica a los musulmanes, no a los extranjeros, como equivocadamente informó parte de la prensa chilena cuando recién había saltado a la luz pública la historia de Candia y Osiadacz.

      Hasta 1957 Malasia fue una colonia del Reino Unido, del cual se independizó tras ciento treinta años de colonialismo. El país se divide administrativamente en un sistema federal compuesto por trece Estados y tres territorios federales. Su sistema judicial se basa en el Common Law británico o derecho común, llamado así porque “era común” a todas las cortes del rey en Inglaterra; se interrelaciona con los tribunales de la sharía solo cuando se trata de un musulmán.

      Aunque en esta nación no existe oficialmente una “policía religiosa”, como sí la hay en Arabia Saudita y otras teocracias islámicas, existe una institución, la Federal Territories Islamic Religious Department (JAWI), que en la práctica vigila el cumplimiento de la sharía en el país. Así como los tribunales de justicia disponen del apoyo de las fuerzas de policía para velar por el orden público, sus homónimos islámicos cuentan con funcionarios de la JAWI, que de todos modos, y para poder actuar, necesitan la presencia de un policía. Vale decir, si por ejemplo los agentes religiosos quieren entrar a un hotel y sorprender en el acto a una pareja de amantes, deben esperar que llegue un agente policial. Pero las resoluciones de la sharía no se mezclan con las leyes ni los tribunales civiles del país.

      Cada Estado en Malasia determina según sus ordenamientos aquellos comportamientos, actividades o prácticas consideradas una ofensa al islam, por lo que los castigos dependerán del lugar donde se cometa la falta. En tres Estados del norte de Malasia la práctica del yoga está prohibida —entre otras restricciones—, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Nacional de la Fatwa, instancia encargada de velar por el cumplimiento de las escrituras del Corán.

      En Occidente cuesta entender y aceptar que a los musulmanes se los castigue por no cumplir con “la moral” prescrita en sus textos sagrados; o que se los vigile en sus actos más privados; o que exista un teléfono disponible las veinticuatro horas del día para hacer denuncias. Basta que un vecino, un amigo o un anónimo maledicente disque el número apropiado para que los celadores de la “buena conducta” partan raudos a buscar y detener a quienes estén violando la ley que rige las relaciones sexuales prematrimoniales, la infidelidad, el divorcio, la herencia, la tenencia de los hijos y las relaciones sexuales de personas del mismo sexo, entre muchas otras cosas5 .

      “Defensa propia”, esa era la idea, el concepto jurídico que los chilenos internalizaban y repetían una y otra vez, algo que no sería tan fácil de demostrar en el juicio. En contra de este argumento que invocaría la defensa se interponían hechos, como que en la pelea habían actuado dos contra uno, que el peso de Fernando —que había aplastado la espalda de Bin Ishak— era mucho mayor que el de la víctima, y en consecuencia la noción de la proporcionalidad en el uso de la fuerza les podría jugar en contra. Otro aspecto clave era comprobar quién había empezado la riña, si ellos o la víctima. Adicionalmente, el personal de la embajada les había explicado que era muy importante descartar que hubiera habido algún contacto previo entre los acusados y Tasha esa noche. Pero para demostrar aquello ante la justicia habría que esperar los resultados de las pruebas de ADN, algo que en Malasia podría tardar meses. También, un punto central era que mientras menos repercusión pública tuviera el proceso, más posibilidades habría de obtener mejores resultados. Para las autoridades de Malasia este era un asunto sensible. Muchos casos anteriores de extranjeros condenados con severas penas por tráfico de drogas terminaron involucrando a sus gobiernos, quienes, en su afán de defender a sus nacionales, ejercieron presiones, lo que hizo que los procesos se filtraran en los medios de comunicación. Tampoco era un tema menor que la víctima haya sido un transgénero, ya que en Chile esto podía ser un caldo de cultivo para el morbo y las