Salvar el pueblo, gobernar las almas. Mario Andrés Mejía Guevara

Deleuze toma toda su amplitud. En el texto L’ascension du social que sirve de epílogo al libro La police des familles, Deleuze (2005) dice:

      Ciertamente, no se trata de adjetivo que califica el conjunto de fenómenos de los que se ocupa la sociología: LO social remite a un sector particular en el que se incluyen, si es preciso, problemas muy diversos, casos especiales, instituciones específicas, todo un personal cualificado (asistentes “sociales”, trabajadores “sociales”. Se habla de flagelos sociales, del alcoholismo a la droga; de programas sociales, de la repoblación al control de natalidad; de inadaptaciones o de adaptaciones sociales (del predelincuente, del temperamental o del disminuido, hasta los diversos tipos de promoción) (p. 213).

      En efecto, el libro de Donzelot da cuenta no solamente de la transformación de la familia sino también de la constitución y de la emergencia a partir del siglo XVIII de ese sector particular en Francia. Lo social no se confunde con el sector judicial, ni con el sector económico, ni con el sector público/privado, incluso si tiene múltiples relaciones con ellos. Es, como lo dice Deleuze (2005), un híbrido moderno definido por el cruce entre la ley y el aparato judicial que, a su vez, toma nuevas extensiones, con las reglas y exigencias económicas llegando incluso a crear toda una “economía social”, con las intervenciones del Estado modificando los límites entre lo privado y lo público. Es un sector cuyas líneas constitutivas se entrecruzan a diferentes niveles. No es la misma organización si se trata de una familia obrera o de una familia rica, de una familia urbana o de una familia rural. No es la misma jerarquía asistencial respecto a sus miembros: en vez del hombre la mujer, mejor los hijos que los ancianos. No se hacen donaciones (limosna, bienes materiales) pero sí se prodigan consejos, normas, principios. Aunque los sujetos —la familia y sus miembros— ganen en autonomía, el control se estrecha. Se rompe y redistribuye la autoridad paternal; la mujer, por su parte, encuentra el principio de su promoción social. Una red de miradas con el deber de hablar y señalar los lugares de intervención: la medicina, la higiene, la pedagogía, la psiquiatría, la sociología, el derecho, el psicoanálisis. En resumen, diferenciación ricos-pobres, ciudad-campo; nuevos sujetos y objetos de la asistencia; redistribución de la autoridad y del control; varios saberes bajo el registro del trabajo social.

      Así pues, ese sector particular, ese híbrido moderno, nace de una nueva redistribución en el campo de fuerzas. Finas líneas de mutación que actúan —para el caso descrito por Donzelot— sobre la familia modificándola, pero al mismo tiempo, delimitando el dominio de lo social. A pesar de sus múltiples cruces, se trata en efecto de un nuevo campo donde se distribuyen nuevas técnicas de intervención, nuevos objetos de saber y toda una serie de instituciones y de personal especializado. Sin embargo, y es preciso señalarlo tanto como sea necesario, la ascensión de lo social producto de la transformación de la familia solo es válida para el proceso analizado por Donzelot. Ese proceso de redistribución y de modificación de relaciones no será el mismo en un país periférico como Colombia. La formación y emergencia de lo social como sector particular en ese otro contexto respondió a un campo de condiciones y de intereses diferente; fue una ascensión de lo social determinada por otro tipo de reajuste histórico.

      A pesar de la fluctuación de líneas que permitieron la constitución de lo social en Colombia, ese proceso no ha sido debidamente analizado. En ese marco, nuestro trabajo quiere contribuir de alguna manera a esbozar la carta de vectores constitutivos de lo social, enfocándonos en el campo de intervención de la Iglesia católica en las primeras décadas del siglo XX.

      La historiografía local sobre el tema de lo social como lo hemos definido aquí se divide en dos ramas. Por un lado, la historia política y socioeconómica y, por otro, la historia de las ideas y de las ciencias. En lo concerniente a la primera, el punto de partida de la gran mayoría de estas investigaciones es la definición de lo social a partir del Estado. En ese sentido, esos estudios hablan de un proceso de ajuste de lo social por el Estado como efecto de las reformas y políticas desarrolladas a lo largo de la década de 1930 por los gobiernos liberales. Autores como Pécaut (1987) o Silva (2005) sitúan la configuración del dominio social a partir de la creación de instituciones para el bienestar del pueblo como parte de los propósitos sociales del Estado. Se identifica entonces la formación del sector social con la puesta en marcha en el país de los principios generales del Estado de bienestar. Según estos estudios, antes de la gestión de esos gobiernos liberales no existían las instituciones, iniciativas, políticas, oficios, conocimientos y medidas que pudieran llamarse, a título propio, sociales. De tal forma, antes de la intervención estatal, solo existían instituciones diseminadas que ofrecían servicios bajo la orientación de la tradición colonial.

      En efecto, la mayoría de los estudios de historia política y socioeconómica del país han entendido lo social ligado a una falta o a una precariedad del modelo de nación, que habría dificultado la consolidación de una gestión estatal de lo social (Bushnell, 1993). En ese tipo de lectura, la definición de lo social permanece atada a un sector de la población (enfermos y pobres) o al conjunto de la nación colombiana (la sociedad). Además, lo social en la gran mayoría de esas lecturas socio-económicas es considerado como un campo de la sociedad colombiana profundamente fragmentado a causa de las divisiones históricas que continúan proyectándose hasta el presente (Palacios y Safford, 2002). Aquella fragmentación, revelada en lo geográfico, lo estatal y los intereses partidistas, es presentada por Marco Palacios (1995a) de la siguiente manera:

      La inmensidad de una geografía accidentada en relación con la escasa población; la pobreza secular; el desbarajuste de las estructuras de la administración pública agravado por las ambiciones y rencores que, anidados primero en el corazón de élites arrogantes, se filtrarían, bajo la forma del sectarismo rojo y azul, desde las ciudades a los vecindarios más apartados y humildes (p. 13).

      Lo social aparece entonces en relación al conjunto de fracturas históricas compuestas por los partidos políticos, las diferencias regionales y los accidentes geográficos. Para autores como Marco Palacios, F. Safford o David Bushnell, la causa principal de esta precariedad que ha dificultado la consolidación de lo social en el país fue la rivalidad entre los dos partidos políticos tradicionales del país, liberal y conservador, que con sus luchas sectarias desintegraron la débil unidad nacional y agravaron la impotencia del Estado.

      Este tipo de interpretación ha permitido afirmar categóricamente que el Estado colombiano delegó la responsabilidad social a la Iglesia. Como hechos históricos que corroboran esta tesis se señalan la Constitución de 1886, el Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado colombiano en 1887 y la posterior llegada masiva al país, durante las últimas décadas del siglo XIX, de órdenes religiosas vinculadas principalmente a la educación y a la beneficencia (Melo, 1989, 1996; González, 1997). Aquello constituye el marco general a partir del cual se asegura que Colombia no finalizó un proceso de secularización, frenando e impidiendo a su vez la realización de una sociedad propiamente moderna. Un proceso que iba a contrapelo de lo que pasaba en otros países de la región y que explicaría la incapacidad del Estado colombiano de consolidarse como regulador de la sociedad. En este orden de ideas, la fragmentación regional, cultural y bipartidista habría sido la causa fundamental de la formación de un Estado débil, entendida tal debilidad como uno de los efectos visibles de procesos modernos no conducidos a término (Palacios, 1995a).

      Respecto a los estudios historiográficos sobre la formación del conocimiento de lo social en el país, el texto de Leal y Rey (2000) se presenta como referencia imprescindible. Si bien existen otros textos sobre esta temática, este representa y sintetiza los postulados fundamentales desde la historia de las ciencias y la historia de las ideas sobre la producción de discursos científicos (Jaramillo-Uribe, 1970; Castaño, 1986). En él se presenta el marco aceptado hasta ahora sobre el pasado de las ciencias sociales en Colombia, donde se afirma que la profesionalización de las disciplinas sociales ha sido relativamente reciente y fuertemente ligada a la modernización del Estado y de la sociedad en la década de 1930.

      Este análisis institucional de las ciencias sociales en Colombia parte de la definición actual de las disciplinas que demarcan los límites del estudio de lo social. El “pasado” de los saberes sobre lo social es descrito como una serie de eventos aislados asumidos como precursores de las actuales ciencias sociales. En esa