Chile 1984/1994. David Aceituno

enviados por Pinochet, entre los que se incluían el de sistema electoral, el del Congreso Nacional y del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Sin embargo, la demanda de una salida rápida se irá “congelando“ poco a poco. Esto debido a que en las negociaciones emprendidas entre los miembros de la Alianza Democrática y la gestión encabezada por Sergio Onofre Jarpa se irá percibiendo una clara tensión en las agendas. Por una parte, el representante de Pinochet no es escuchado en la Junta y se le da muy poco espacio de negociación, a la par que seguía la represión en las calles en el marco de las protestas nacionales. Por otra parte, como se ha visto, la oposición se encontraba dividida entre si ceder a la Constitución y su itinerario o mantenerse firmes en no aceptarla, como se había hecho hasta ese momento, y seguir intentando acceder a la democracia lo antes posible. El optimismo se difumina con los años y fue ganando terreno gradualmente la idea de la aceptación de la Constitución.

1984 se inaugura con un hito importante para la oposición: el “puntarenazo“. Este acontecimiento acaecido en la ciudad de Punta Arenas, no solo es el resultado del malestar nacional por el desempleo en la región del sur de Chile, sino también un efecto de la organización de la oposición a través de los denominados “cabildos abiertos“. Ya que será a través de ellos, que el día 26 de febrero en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, donde se le realizaría un homenaje a Pinochet se reúnen un importante grupo de ciudadanos a hacer canticos contra el Dictador. En esta mediática protesta, participan los actores fundamentales de esta parte de la historia reciente del retorno a la democracia: la oposición (por su estrategia de organización), los ciudadanos (por el malestar acumulado contra el Régimen) y la Iglesia Católica, que será un pilar fundamental en dicha actividad27. Este acontecimiento, generará un fuerte enojo de Pinochet contra la jerarquía de la Iglesia28, que acusa de amparar estas manifestaciones.

      Estos acontecimientos provocaron nuevas desavenencias con la oposición y afectará fuertemente la posición de Jarpa en el Gobierno, en especial en lo referido a las reformas políticas que se terminan por archivar. La situación, una vez más, se “congela“ y el poder de Sergio Onofre Jarpa iría en picada frente a un Régimen que cerrará filas frente al adelantamiento de plazos o reformas políticas (como veremos adelante, uno de sus logros será la rearticulación de los partidos de derecha y pro-régimen). Ese mismo año, el Ministro presentará la renuncia en vista de la imposibilidad de continuar con el plan político de 1983, el nuevo “cerramiento“ del Régimen se consolidaría con la llegada de un joven Francisco Javier Cuadra, quien lidera el estado de sitio y la censura bajo el decreto 1217, asumiendo la secretaria general de gobierno el 6 de noviembre de 1984. Jarpa dejará definitivamente el Ministerio del Interior el 12 de febrero de 1985, asumiendo Ricardo García, también cercano a Cuadra, la situación volvía a complicarse para la oposición.

“Vamos camino de convertirnos en una Torre de Babel, en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que otros dicen (…)“29 dirá de manera categórica Patricio Aylwin en su intervención en el seminario titulado “Un Sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile“ realizado en el Hotel Tupahue de Santiago el día viernes 27 y 28 de Julio de 1984. En sus palabras, se evidencia la necesidad de realizar un giro importante en la estrategia de la oposición, no se podía seguir discutiendo acerca de la legitimidad de la Constitución, jamás habría acuerdo entre unos y otros sobre el punto, se debía aceptar y punto. Y así lo señala en el mismo seminario:

      “No pongo en duda que nuestro actual régimen pueda mantenerse inconmovible en el poder, empecinado en hacer cumplir su Constitución “como está escrita y punto“, según recientes declaraciones del gobernante (…) Puestos a la tarea de buscar una solución, lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la “legitimidad“ del régimen y de su Constitución. El régimen invoca el plebiscito de 1980 para sostener la legitimidad de la Constitución. La disidencia la considera ilegítima, porque fue gestada por el oficialismo sin ninguna participación del pueblo (…) Personalmente, yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo.

(…) La única ventaja que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa Constitución—me guste o no—está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Solo hay una manera: eludir deliberadamente el tema de la legitimidad“30.

      Esta tesis será el pilar sobre el que se actuará en los años subsiguientes. De esta manera, desde mediados de 1985 se iniciaría un proceso de reconstitución de la oposición para sacar a Pinochet. Su propuesta no logra inicialmente unificar las diversas “lenguas de Babel“. Ricardo Lagos criticó severamente la propuesta, y Jorge Molina representante de los socialistas en la Alianza democrática, envió una dura carta a Enrique Silva que presidia la Alianza en ese momento, señalándole la preocupación de los sectores que representaba. Ambos ratificaron su posición original: La asamblea constituyente y la ilegitimidad de la Constitución., eran las bases del diálogo, pese a la tesis personal de Aylwin. Por su parte, Edgardo Boeninger, será de los pocos que públicamente apoyarán la tesis del que será luego el primer presidente del retorno a la democracia. Se iniciará de esta manera un fuerte debate sobre la Transición (por ejemplo en los encuentros organizados por el Centro de Estudios del Desarrollo liderado por Boeninger y Tironi), eso sí, con cada vez menos tiempo por delante.

      A nivel de los actores internacionales, desde mediados de la década de 1980, el régimen de Pinochet estaba cayendo en un importante descrédito, factor que es importante reconocer porque forma parte del contexto en el que se mueve el régimen de Pinochet. En los Estados Unidos por ejemplo, la política del segundo gobierno de Ronald Reagan (1985-1989) y debido a distintas consideraciones estratégicas, se esmeraba en presionar y criticar el gobierno militar, lo mismo que hicieron los países de Europa Occidental. Esto sin contar que en América del Sur, hacia 1986 solamente Chile y Paraguay tenían gobiernos militares autoritarios, quedando totalmente aislados regionalmente en un marco de transiciones a la democracia vigentes en los restantes países. La condena a Pinochet también se hacía más intensa en las organizaciones de Derechos Humanos, protagonistas de una campaña que se extendía desde la llegada al poder de la Junta Militar chilena.

Dentro del país, estos intensos debates llegaron a que se fuera imponiendo la nueva tesis de salida gradual y pactada a la Dictadura —también frente a la premura del tiempo— lo que se irá notando en la moderación del discurso de oposición. Aquí será también fundamental la mediación eclesiástica que irá sumando a sus escritos previos31, uno que asumirá explícitamente la tesis de Aylwin, conocido como el “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia“, firmado en agosto de 198532.

      En este documento aparece el discurso mucho más conocido de la oposición a la Dictadura, el de la reconciliación, que implícitamente contiene la aceptación de que Pinochet solo saldrá del poder si se logra el triunfo de la oposición en las urnas. A esta altura, el fervor de la crisis de los 80 que demandaba una salida inmediata de Pinochet había menguado y entraba en juego la frialdad política y la necesidad de “eludir deliberadamente“ la Constitución de 1980. Esto se verá reforzado en los consecutivos años, por la visita del Papa a Chile en abril de 1987 y el fallido intento de asesinato de Pinochet en septiembre de 1986, esto último terminará por hacer desaparecer la opción violenta de salida del régimen, por lo menos entre algunos grupos de izquierda que seguían en duda si debían sumarse a la Alianza. Se consolida entonces la idea de un retorno a la democracia “ordenado“ y aceptan las reglas establecidas en la Constitución:

      “Como contribución al llamado a la reconciliación nacional formulado por S.E. el Cardenal Arzobispo de Santiago y como testimonio de la disposición de muy amplios sectores políticos del país a un gran acuerdo nacional que asegure la evolución pacífica hacia una democracia plena y auténtica, todos los que suscriben este documento, en un gesto positivo hacia la reconciliación que se desea, expresan su apoyo a los principios políticos, económicos y sociales que a continuación se enuncian.

      (…) Los valores democráticos deben regir nuestra convivencia y para que ellos se alcancen se requiere una entrega ordenada del poder político