Chile 1984/1994. David Aceituno

la región en su conjunto durante ese tiempo, tanto las guerras civiles y conflictos armados en América Central, la crisis económica y financiera derivada de la deuda, sumado al fin de las dictaduras militares y las transiciones a gobiernos civiles elegidos en América del Sur, fueron procesos de alta intensidad en múltiples dimensiones, coincidentes dentro de un incierto contexto de transición política, económica e ideológica que experimentó el sistema internacional en su conjunto.

Si se pudiera hacer una mirada global de la región, desde los años ochenta del siglo XX a la actualidad, casi todos los países de América del Sur incluido Chile experimentaron un cambio inédito en sus regímenes políticos, que también tuvo expresiones en otras dimensiones de la vida económica, social y cultural. La transformación consistió en que en los estados de la región pasaron desde los autoritarismos militares a estar gobernados por regímenes civiles elegidos, más o menos “democráticos“ —definidos como democracias “protegidas“, “de baja intensidad“, “iliberales“ o “interrumpidas“4— lo que en el mediano plazo ha constituido un inédito período de predominio de la democracia política sobre el autoritarismo militar, los regímenes revolucionarios y los gobiernos populistas, entre otras formas de dominación política que predominaron en el siglo pasado. Si bien en la actualidad existe una crítica a las formas que ha adquirido la democracia en América Latina y en el mundo entero, el cambio no ha sido menos significativo5.

      Por eso mismo, se plantea en este libro la recuperación del estudio de la transición a la democracia chilena en orden a considerarlo como un proceso histórico multidimensional que involucra una variedad de dimensiones y temporalidades distintas. Para comprender en su integridad los inicios de la transición chilena, hay que extender el análisis al propio régimen militar de Augusto Pinochet en los años ochenta.

      En esta presentación analizaremos las encrucijadas de la década que se extiende desde 1984 a 1994, y que ponen de relieve las dificultades que debió sobrellevar una nación que debía primero sopesar las alternativas para salir de la Dictadura, y luego reconstruir un país que fue sometido a la violencia por casi dos décadas.

      1. ¡Fuera Pinochet!: situación tras la crisis.

Los años tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fueron dramáticos, no solo por la estela de muerte y violencia que se desató en Chile6, sino porque la definición de los límites temporales de la Junta Militar que gobernaba el país —integrada por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros— comenzaron a extenderse cada vez más. Las primeras conversaciones dentro de la coalición gobernante señalaban uno, dos o tres años, siendo noviembre de 1976 un primer referente temporal que se correspondía con el final del mandato de Allende y ayudaba a cerrar el ciclo de restauración institucional7. Pasados los años, se hizo patente que el Régimen instalado al mando de la Junta, no sería de corta duración, sino que se plantearía como refundacional. Es decir, la visión ideológica que sustentó la Junta Militar se basó en una ruptura radical con el pasado republicano y democrático chileno del siglo XX, planteándose la idea de la “refundación“ en todos los aspectos de la vida nacional, lo que incluyó el sistema político y económico. Tener esto en consideración es importante para comprender la compleja transición a la democracia.

      La idea de la refundación, la confirmó la propia Junta Militar y el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, en marzo de 1974:

“(…) Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas (…) En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un “Proyecto Nacional“, entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales“8.

      Siendo ratificada más claramente en el discurso de Chacarillas en julio de 1977:

“(…) es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo, sino que fracasado, sino que representó el término de uno político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo“9.

Junto a esto se establecía un itinerario, sin plazos aún, los cuales serían discutidos recién con la nueva Constitución que estaba en estudio. De acuerdo al planteamiento de Chacarillas, tres eran los momentos del Régimen: recuperación, transición y normalidad. Los tres eran diferenciados por la Dictadura en el grado de participación de civiles en el Gobierno y en los instrumentos jurídicos- institucionales, aunque en todo momento con la supervigilancia de las Fuerzas Armadas, estableciendo así un modelo de democracia protegida10. La segunda “etapa“, la de transición, es la que se inicia con la Constitución de 1980, donde se pasa sistemáticamente de la colaboración a la participación de civiles y la tercera donde es la civilidad en plenitud la que se autogobierna.

Sumado a esto, los partidos políticos habían sido disueltos y en algunos casos sus líderes habían sido perseguidos, exiliados o muertos, con lo que resultaba aún más difícil organizar una oposición contra la Dictadura. El mismo año 1977, Pinochet hacía notar el interés de la Junta por “reorientar“ el rol de los partidos, quienes se habían convertido en “maquinarias para alcanzar el poder“, por lo que se debía consolidar una nueva institucionalidad que asegurase que los nuevos partidos no fuesen intermediarios entre la ciudadanía y sus autoridades, por lo que estos debían limitarse a ser “corrientes de opinión que aspiran a influir en el curso del Estado, dentro del respeto a las normas institucionales“11.

      Frente a este escenario político donde la Dictadura buscaba consolidar su permanencia, se comenzaron a buscar alternativas en la lucha por el retorno a la democracia, que sortearán las diversas cortapisas interpuestas por el Régimen, desde toques de queda, la imposibilidad de reunión y la imposibilidad de organizar los partidos. A nivel de los actores políticos, una de las alternativas fue la creación de grupos de estudios vinculados a la oposición, en especial, que contrarrestaran el trabajo desarrollado por la Comisión Ortúzar, organizada en 1973 y encomendada por la Junta para estudiar las alternativas constitucionales, y cuyos resultados fueron expuestos en 1978. El 21 de julio de ese año, varios políticos y académicos (entre los que estuvieron Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger y Raúl Rettig) conformaron el denominado “Grupo de los 24“ que buscará contrarrestar los estudios constitucionales del Régimen, señalando que:

      “No hemos trabajado encerrados entre cuatro paredes, al margen de la realidad ni del sentir de nuestros compatriotas. Conscientes de la profunda crisis que ha afligido a Chile en los últimos años, de la que el quiebre institucional y la decadencia que vivimos son manifestaciones dramáticas, hemos partido del análisis de los caracteres y causas de esa crisis hecho por hombres y mujeres venidos de todos los sectores de la vida nacional.

      Tampoco nos hemos dejado llevar por ningún ideologismo unilateral, sino que procuramos recoger en nuestro estudio, junto a los más modernos aportes de las ciencias sociales, las visiones provenientes de múltiples concepciones ideológicas. Convencidos de que un régimen político, para que sea legítimo y perdurable, deber ser expresión del “sentido común del pueblo“, es decir, de las ideas esenciales generalmente compartidas por la comunidad nacional, nos hemos esforzado por buscar soluciones que el más alto grado de acuerdo entre los chilenos.

Como no pretendemos arrogarnos una representación popular que a nadie ha sido conferida, hacemos públicos nuestros acuerdos en el carácter de simples proposiciones al pueblo de Chile, único titular del poder soberano de resolver sobre la materia“12.

Como queda patente en su declaración, existían diversas visiones sobre cómo enfrentar la Dictadura y era difícil elevarse como la voz única. A inicios de los 80, los disensos acerca de cómo enfrentar la propuesta de la Dictadura surgirán desde diversas vertientes políticas e ideológicas, en especial después que la Dictadura logró, tras una más que dudosa votación, establecer la nueva carta constitucional en 1980, que comenzó a regir