Chile 1984/1994. David Aceituno

De esta manera, 1983 se convertirá en un año clave, tanto para la oposición como para el Régimen, donde se desatará una fuerte crisis económica y el inicio de enormes y masivas jornadas de protestas15. Así describe la situación Tironi:

“El proyecto político autoritario descansaba también en la suerte del modelo económico. Se preveían dos fases, ambas consagradas en la Constitución Política de 1980. La primera, de corte dictatorial, debía crear las bases de una próspera economía de mercado; la segunda y definitiva sería de una democracia estable apoyada en una ciudadanía satisfecha, pragmática, ocupada de su enriquecimiento personal y alejada de cualquier extremismo ideológico. El derrumbe del modelo, sin embargo, restó viabilidad a la estrategia de tránsito lento y gradual hacia esa “democracia protegida“16.

Con respecto a las causas del desplome del sistema neoliberal en Chile durante estos años, Cristián Gazmuri señala que se debió a “una serie de errores macroeconómicos del equipo de gobierno, al perpetuar la mantención artificial de un precio bajo del dólar, sumados a la recesión mundial que se produjo ese año (…)“. Teniendo efectos dramáticos para la ciudadanía, como por ejemplo que “la cesantía se disparó hasta más de un 20 por ciento nominal y un porcentaje real bastante más alto (quizás hasta un 30 por ciento). El Estado tuvo que socorrer con miles de millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Era el fin del boom“17.

Resulta interesante caracterizar la profundidad de la crisis económica, con el fin de evaluar con mayor precisión sus consecuencias18: la caída del Producto Interno Bruto alcanzó un 14% en el año 1983, contrastando así con el magnífico crecimiento de la economía chilena entre 1975 y 1981. En cuanto a sus externalidades sociales, la crisis también tuvo efectos devastadores; como se sugirió arriba, la cesantía se elevó al 30% del total de la fuerza laboral y los salarios se vieron en notoria disminución. En referencia a este último indicador, cabe subrayar que si bien los salarios estaban congelados desde septiembre de 1981, cayeron un 74% en 1983 y un 56,9% en 1984, acentuando más las carencias y la inestabilidad laboral entre los sectores medios y populares19. Esto sin duda hizo más graves las protestas sociales y la reorganización de la oposición que ya reclamaba un gobierno complemente democrático.

      Efectivamente, las consecuencias políticas no tardaron en llegar; considerando el debilitamiento del Régimen se realizaron por primera vez acercamientos entre el Régimen y la oposición con el fin de encontrar una salida exitosa del autoritarismo. Sin embargo, la cuestión relativa a situarse dentro o fuera de los marcos constitucionales para una eventual derrota del régimen, más las “formas de lucha“ —el asunto de la violencia y sus usos como herramienta política— fueron los principales ejes de división interna de una oposición que se caracterizó por su heterogeneidad ideológica y diferencias estratégicas.

Durante 1983 se desarrollaron las instancias de organización civil y política más importantes de la oposición. El “Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional“ (PRODEN)20, la redacción del “Manifiesto Democrático“ (14 de marzo) fueron las primeras de estas iniciativas. Entre ellas, la más importante fue el surgimiento de la Alianza Democrática, el 6 de agosto de 1983, conformada por la Democracia Cristiana (DC), sectores de la derecha democrática y el socialismo renovado. La Alianza surgió al amparo de la coyuntura de ese gran movimiento social y con la intención de que los partidos políticos de oposición lograran llevar adelante una sola estrategia y un programa único frente a la dictadura. La principal estrategia de la Alianza, fue la promoción de la “salida política e institucional al régimen“ dentro de los marcos de la Constitución de 1980 y el inicio transición a la democracia. Hay que recordar que en los artículos transitorios de la propia Constitución de Pinochet se incluía la realización de un plebiscito ratificatorio en 1988, que podía tanto extender como interrumpir su mandato, aunque estaba elaborado originalmente para asegurar la proyección del régimen. Por ello, la posición gradualista de la Alianza se ubicaba dentro de la institucionalidad o legalidad vigente.

      Pero en paralelo y como reacción desde la izquierda, se organizaron grupos mucho más radicalizados contra la Dictadura como fueron el Movimiento Democrático Popular el 20 de septiembre de 1983, que incluía al PC-MIR-IC-PS Almeyda, y en diciembre de ese año el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Este grupo polo se fundamentaba en la tesis de “todas las formas de lucha“ —pacíficas y violentas— que incluía una ruptura con el régimen y una transición hacia un gobierno democrático y socialista. A nivel externo, la formación y acción del FPMR dejó de manifiesto los profundos lazos internacionales de la izquierda chilena, entre sectores de la izquierda chilena con la Revolución Sandinista, la Guerra Civil de El Salvador, los movimientos guerrilleros de Guatemala y el gobierno cubano. Para el gobierno de Estados Unidos y otros actores internacionales, esto constituyo un motivo de preocupación importante.

      Desde 1983 en adelante, como hemos visto, se presentaba como la verdadera posibilidad para poner fin a la Dictadura. Una crisis económica que junto a las protestas masivas, resquebrajaba el éxito promovido por el Régimen. Esta vez, cabía la posibilidad del “derrumbe“ de Régimen y el optimismo alentaba a la oposición. La realidad, al pasar de los meses, irá mostrando otra cosa distinta.

      2. 1984: El inicio de una década de encrucijadas.

Los estudios transitológicos han insistido en proponer una mirada del paso de la Dictadura a la Democracia en Chile acotada a coyunturas más específicas, haciendo calzar los modelos prexistentes de transición vía pactos —y sus variaciones— a lo acontecido durante los últimos años de los ochenta21. Es evidente, como hemos visto, que la realidad histórica no solo nos muestra que el interés por proponer vías para consolidar la democracia (protegida en el caso del Régimen) o renovadas a partir de una asamblea constituyente como lo hará la oposición (u otras alternativas, todas ellas sin la Junta, evidentemente) desde finales de los setenta, da cuenta que la transición, incluida la búsqueda de pactos o acuerdos22, se considera un proceso largo, complejo y con ciclos de mayor o menor éxito, incluso hasta los últimos días previos al Plebiscito del 5 de octubre de 1988, que definió la continuidad del Régimen.

Como hemos señalado, hasta el año 1983 las posibilidades de que el Régimen colapsara por primera vez eran claras. Lo cual queda patente en el Manifiesto Democrático de marzo de 198323:

      “(…) Nuestra historia republicana no registra una crisis más profunda y prolongada que la que sufre el país. Ella afecta sus bases morales, políticas, sociales y económicas, abarca a todos los sectores de la comunidad, debilita la seguridad de la Nación y agudiza las injusticias y tensiones en su interior (…)

      Desde el comienzo denunciamos el peligro que entrañaba aplicar en nuestro país un modelo económico que no se compadece con nuestra realidad y tiene por objeto imponer un sistema de sociedad contrario a los valores e intereses permanentes de la Nación.

(…) En el campo político interno se mantiene el régimen de arbitrariedades, principalmente originado por la aplicación del art. 24 transitorio de la Constitución. Las libertades básicas no tienen vigencia y constantemente se conocen nuevas denuncias por atropellos a los Derechos Humanos fundamentales (…) Para lograr ese gran objetivo, se debe poner término inmediato a los regímenes de emergencia“24.

Esta situación de alta tensión fue reconocida implícitamente por Pinochet, quien en medio de las protestas y el descontrol económico, decide abrirse a la posibilidad de negociar, nombrando a Sergio Onofre Jarpa, quien deja la Embajada en Argentina para asumir el Ministerio del interior el 10 de agosto de 198325. Dando inicio a un nuevo plan político del Régimen (conocido como “Plan Jarpa“), que en medio de las complejas circunstancias, intentaba reafirmar la Constitución de 1980 y su marco para el avance político (las etapas de transición y consolidación), pero además buscaba desde ese momento proyectar el “Gobierno“ más allá de los ochenta. Todo esto implicaba conformar una base política de apoyo, estudiar las leyes de elecciones y partidos políticos, levantar el receso político y por supuesto, establecer medidas económicas urgentes para hacer frente a la crisis. Todo lo cual implicaría tener un diálogo con la oposición —o con