Sociología de las organizaciones Públicas. Mario José Krieger

partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones (53).

      La democracia del siglo XXI no puede limitarse a la perspectiva de un modelo procedimental que solo garantice las libertades públicas, elecciones competitivas y renovación de los mandatos de gobierno. La democracia tiende, cada vez más, a constituirse en una práctica de la sociedad que demanda mayor democratización del poder político, a través de formas de representación y participación de la ciudadanía, expansivas de los derechos individuales y colectivos.

La democracia ampliada, participativa, deliberativa requiere del compromiso ciudadano para transformar las instituciones republicanas, en el sentido de mayor inclusión y protagonismo de los sujetos sociales. Algunos autores, entre los que se destaca Leonardo Morlino (54), plantean la necesidad de enfocarse en la “calidad” de funcionamiento de los regímenes democráticos. Un nuevo concepto aplicado al mundo de la política que reconoce, al menos, tres dimensiones principales: la calidad referida al funcionamiento de los procesos institucionales que garantizan transparencia a los mecanismos de elección y control del poder político; en segundo lugar, la calidad de los contenidos que configuran a los nuevos derechos y habilitan a las nuevas prácticas ciudadanas por mayor inclusión y participación en las decisiones de los poderes públicos; finalmente, la calidad que debe caracterizar a los resultados de las políticas públicas, en términos de capacidad de transformar las condiciones estructurales del subdesarrollo para abrir nuevas oportunidades a la práctica democrática con mayor justicia social.

      La cuestión puede plantearse en términos de una nueva lectura para la nueva realidad que opera bajo un paradigma en transición hacia la creación de las condiciones que determinarán los nuevos modos de la acción política en los próximos años. Experimentamos una transición pos-neoliberal, hacia una realidad que se anuncia con mayores y más complejas tensiones y conflictos entre la concentración del poder y las fuerzas por democratizar el concepto y la práctica de la política y lo público.

      En ese camino, todo parece indicar la necesidad de transitar desde un Estado fortalecido por el ejercicio de sus funciones regulatorias hacia un Estado competente, capaz de planificar la producción y asignación de los bienes públicos, superando el paradigma gerencial, basada en el principio de costo-eficiencia y promover el desarrollo de una gestión de lo público que esté orientada a conseguir resultados de transformación en la sociedad, operando con un criterio de eficacia-equidad.

      Ese Estado requiere de una dirección política con voluntad de persuadir para fortalecer los acuerdos entre los actores políticos y sociales, abordar la problemática de la gestión de las políticas públicas apuntando a dos cuestiones fundamentales:

      - Capacidad de los gobiernos para mantener la iniciativa en la administración de las agendas de corto y mediano plazo.

      - Capacidad de visión, en el sentido estratégico, reconociendo escenarios de alta complejidad, volatilidad e incertidumbre y las dificultades políticas para intervenir en ellos.

      - Planificación para hacer consistentes las acciones y los programas de gobierno con las políticas públicas definidas.

      - Creciente profesionalización de los cuadros de gestión y administración, sensibilizados con la visión estratégica del gobierno.

      En este contexto de complejidad creciente, aparece la necesidad de más y mejor política, más y mejor democracia y, sobretodo, más y mejor gobierno para intentar responder el dilema de la gobernabilidad democrática, en el sentido de cuán gobernable puede ser la democracia en nuestros días y en países que exhiben condiciones estructurales y de procesos históricos críticos recientes; y también, cuán democrática debería ser la gobernabilidad, para garantizar la realización de los derechos ciudadanos y la calidad de una convivencia democrática orientada hacia la equidad, que además de las libertades individuales mire por la efectiva realización de los derechos y expectativas de futuro de los sujetos colectivos.

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      1. Kant, I., La paz perpetua, Ed. Aguilar, Madrid, 1993, pág. 33

      2. Hobbes, Thomas, Leviatán 1, Ed. Losada, Bs. As., 2003.

      3. Portinaro, P., Estado, Ed. Nueva Visión. Bs. As., 2003, pág. 105.

      4. Bobbio, N.; Matteucci, N. y Pasquino, G. (eds.), Diccionario de Ciencia Política, “Sociedad Civil”, Ed. Siglo XXI, México, 1998, pág. 1519.

      5. Bobbio, N.; Matteucci, N. y Pasquino, G. (eds.), ob. cit., pág. 1519.

      6.