Sociología de las organizaciones Públicas. Mario José Krieger

una característica indisociable de la evolución del sistema capitalista. En esta situación, el Informe de la Comisión Trilateral intentaba una análisis comprensivo destacando los principales aspectos del nuevo escenario internacional.

      El término gobernabilidad aparece asociado al fenómeno de la crisis y, por tanto, cumple la función de advertir sobre el riesgo de la “ingobernabilidad” a que puede conducir la exacerbación de los conflictos sociales en un escenario de alta inflación y pérdida de competitividad de las economías industriales. El concepto de “crisis de gobernabilidad” se atribuye a las dificultades de los estados y de los gobiernos para responder al crecimiento vertiginoso de las demandas sociales de una manera oportuna y eficaz.

      Se trata del efecto de “sobrecarga” de demandas formuladas al sistema político. Samuel Huntington atribuye este fenómeno al crecimiento desmesurado de las expectativas de bienestar y los niveles de consumo de la población, factores determinantes en la desestabilización del sistema ante las dificultades para continuar con el ritmo sostenido de crecimiento económico. Se trata de un enfoque sistémico excesivamente simple y estático, en la medida que no toma en consideración que la gobernabilidad o ingobernabilidad son procesos complejos que comprometen a todos los componentes del sistema político. Esta concepción sistémica que caracteriza el Informe de la Trilateral tiene dos deficiencias, por una parte, responde a una visión estática del funcionamiento de los sistemas, apelando únicamente a la estabilidad, donde la emergencia de los cambios es considerada como distorsiones que amenazan romper el sistema, y por otra parte, no considera los factores estructurales que están en la base del desencadenamiento de los cambios. Se agota en una visión funcionalista que resulta insuficiente para comprender la calidad de los procesos sociopolíticos, sobre todo en nuestros países.

      Desde una perspectiva teórica se pueden distinguir diferentes hipótesis. En primer lugar, la referida a la ingobernabilidad por “sobrecarga” de demandas formuladas al sistema político, situación que culmina con la “crisis fiscal” del Estado que se ve imposibilitado para extraer recursos de la población, al tiempo que no puede limitar la expansión de los servicios sociales en un marco de recesión económica. “Cuando el producto nacional aumenta más lentamente que los costos de los programas públicos y de las demandas salariales, la economía está sobrecargada”. En segundo lugar, la que sostiene que la ingobernabilidad no se debe a un problema de asignación y distribución de recursos, sino a la construcción de equilibrios en el sistema político entre el gobierno y los actores de la oposición. En tercer lugar, la ingobernabilidad no se puede atribuir a las situaciones mencionadas, sino a la crisis de la gestión administrativa del gobierno que determina una crisis de confianza del electorado en el gobierno; en consecuencia, asistimos a una crisis de legitimidad –lealtad para con los gobernantes– y de racionalidad, porque la administración no puede aplicar los mecanismos de control que le impone la crisis económica.

      El Informe de la Comisión Trilateral establece entre sus principales postulados que caracterizan a la crisis de gobernabilidad de mediados de los años setenta, los siguientes aspectos:

       La búsqueda de las virtudes democráticas de igualdad e individualismo han llevado a la ilegitimación de la autoridad y a la pérdida de confianza en los liderazgos.

       La expansión democrática ha creado una sobrecarga en el gobierno, una expansión de las actividades del gobierno y tendencias inflacionarias en la economía.

       La competencia política ha llevado a una disgregación de los intereses y a la declinación y fragmentación de los partidos políticos.

       Las respuestas de los gobiernos democráticos han llevado a un provincialismo en el terreno internacional.

       Gobernable y Democracia son conceptos en conflicto. Un exceso de democracia significa un déficit de Gobernabilidad.

      Entre las visiones teóricas y analíticas sobre este fenómeno, cabe destacar el aporte del investigador Antonio Camou, por el intento de sistematización que emprende para situar la problemática de la gobernabilidad a través de las diferentes etapas históricas hasta nuestros días.

      En primer lugar, se refiere al momento caracterizado por la Comisión Trilateral y referido al riesgo de la “ingobernabilidad” por sobrecarga de demandas al sistema político. Esta circunstancia es particularmente aplicable a las “democracias de bienestar” en la década del setenta que viven una situación caracterizada por una disparidad aguda entre la capacidad de tomar decisiones por parte de los gobiernos y el exceso de demandas que produce un efecto de sobrecarga al sistema generando graves disfuncionalidades.

      En segundo lugar, la fase de la transición democrática en América Latina, caracterizada por el surgimiento de las democracias post-autoritarias y que pugnan por restablecer los derechos civiles y políticos en un contexto de fuertes restricciones económicas por el peso de la “deuda externa”. Está referida a la problemática de la estabilidad y el orden político en las sociedades en cambio, en especial, durante la década de los años ochenta. Estos procesos configuran la tercera ola de la democratización, donde las expectativas por alcanzar niveles crecientes de libertades públicas están asociadas a demandas de bienestar que reclaman los colectivos sociales. Al respecto, señala O’Donnell, la concurrencia de la necesidad de afianzar las instituciones representativas para impedir las regresiones autoritarias, y de otra parte, expandir las condiciones de bienestar y justicia social que exigen superar las restricciones impuestas por el endeudamiento externo para alcanzar mayores grados de autonomía en el desarrollo con democracia.

      La problemática de la gobernabilidad, vinculada a la noción de “buen gobierno”. El desarrollo de los procesos democráticos, asociado a la expansión de la participación social y el surgimiento de nuevas demandas y actores sociales, plantea situaciones de impugnación a los modos de ejercicio del poder político. El creciente protagonismo de la sociedad civil y las demandas de acceso a la información, descentralización del poder y transparencia, chocan con los fenómenos de corrupción y de avasallamiento de derechos de las minorías. Las expectativas democráticas superan los aspectos procedimentales y exigen mayor responsabilidad por los actos de gobierno.

      Las funciones de coordinación en las democracias que requieren de instituciones sólidas y especializadas para canalizar de modo más equitativo los procesos de transacción entre los diferentes actores que sustentan cuotas de poder. Se trata del fenómeno de la gobernanza democrática, entendida como la red de instituciones que posibilita a los gobiernos el ejercicio de la capacidad de responder a las demandas de la sociedad con eficacia y oportunidad. La creciente complejidad de los procesos democráticos está requiriendo una nueva institucionalidad que tome en cuenta las demandas de descentralización del poder, a través de conjugar diferentes niveles jurisdiccionales en los ámbitos nacionales y de integración regional.

En este marco de ideas cabe transcribir algunas definiciones que dan cuenta del fenómeno que estamos describiendo. Para Angel Flisfisch, la gobernabilidad se entiende como aquello que está referido “a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo y considerando las dimensiones de ‘oportunidad’, ‘efectividad’, ‘aceptación social’, ‘eficiencia’ y la ‘coherencia’ de las decisiones. Mientras, para Xabier Arbós y Salvador Giner, la Gobernabilidad es la “cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía” (49).

      De esta manera, la gobernabilidad puede ser analizada a través de tres dimensiones principales. En principio, es una cualidad de la acción de gobernar y de los efectos causados por dicha acción, por lo que podrá ser evaluada en función de sus beneficios o perjuicios para la ciudadanía que la considerará legítima o ilegítima; una cualidad de los sistemas políticos que está dada fundamentalmente por la capacidad de los mismos para formular decisiones consistentes con las demandas que se les presentan.. Por otra parte, la gobernabilidad también está referida a la mayor o menor estabilidad que caracteriza al sistema político y a las interacciones con el sistema social. Finalmente, la gobernabilidad ha sido definida como la capacidad del sistema político para responder a las demandas de la sociedad; esta capacidad