Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece?. Amanda Alvarado Cortés

encaminada hacia la formación de sujetos que desarrollen un pensamiento crítico, con perspectiva de un sujeto que es guía de viejos y nuevos saberes, con el fin de descubrirlos y trascenderlos, con libertades plenas en el ejercicio de su papel como extensionista o comunicador social, en los ámbitos rurales.

      En la Tercera Parte. Perspectivas de género y campesinas frente a la Reforma Rural Integral, se incluyen dos capítulos. El capítulo décimo, “¿Oportunidad de las mujeres rurales o nueva frustración?”, que se cimenta en la oportunidad de que lo aprobado en el Punto 1 del Acuerdo sobre RRI y los aspectos relacionados con las mujeres en el Punto 4 logren su cometido. El análisis se hace incluyendo una perspectiva histórica, porque muchas de las acciones y medidas previstas en el Punto 1 hacen parte de las demandas y reclamos que las mujeres han venido presentando, en su ejercicio de sujeto colectivo y considerando que se les adeuda ese reconocimiento.

      Finalmente, el capítulo undécimo, intitulado “Del conflicto al posconflicto en Colombia”, con la perspectiva del salto adelante dado por la sociedad, en materia de civilidad política, implícita en el acuerdo firmado, aborda un análisis, desde una visión histórica, para reforzar la idea de avanzar en su cumplimiento, a pesar de los reparos que abierta o solapadamente continúan haciéndosele.

      El libro se orienta, principalmente, hacia los responsables de la política pública, los actores de los territorios rurales, los centros de reflexión académica y los profesores, estudiantes y técnicos que trabajan en los temas de paz y posconflicto, desarrollo rural, enfoque territorial, campesinado, la cuestión de género y políticas públicas para el sector agropecuario. Es importante destacar que se recogieron diferentes visiones y puntos de vista, por lo cual el lector puede encontrar disensos entre los planteamientos realizados en los distintos capítulos.

      El CPDR ha hecho valiosos aportes académicos al proceso de paz, en particular, acerca de la importancia del medio rural en el desarrollo integral del país. Además, su labor ha conllevado a fortalecer el trabajo de diferentes grupos de investigación y formar estudiantes mediante trabajos de grado de estudiantes de pregrado, tesis a nivel de posgrado y pasantías. Igualmente, ha permitido el fortalecimiento de la actividad docente y la creación de asignaturas. De esta forma, el CPDR y la UN aportan tanto al desarrollo rural y territorial, como a la construcción y, sobre todo, la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia.

      Fabio Rodrigo Leiva

      Editor

      Primera parte

      Desarrollo rural, tierras y posconflicto

      ¿Desanda el Punto 1 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

      Carolina Cristancho Zarco

      Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá Miembro del grupo de investigación Espacio, tiempo y territorio

      Fabio Rodrigo Leiva

      Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

      Gonzalo Téllez Iregui

      Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

      Maira Judith Contreras Santos

      Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

      Introducción

      En noviembre de 2016, luego de un proceso de más de cuatro años, se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera [Acuerdo Final], entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Este acuerdo, que representa un hito político en la historia del país, apunta a resolver uno de sus problemas más graves: un conflicto interno armado de más de medio siglo.

      El Punto 1 del Acuerdo Final, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral”, “sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural (hombres y mujeres) y, de esa manera, contribuye a la construcción de una paz estable y duradera”. El compromiso pretende también producir una “gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad y asegure el pleno disfrute de los derechos” y, en consecuencia, garantizar “la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia” (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016, p. 10).

      En el Acuerdo Final, además, se explicita la necesidad de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Por ello, la reforma rural integral (RRI) busca

      asegurar para toda la población rural y urbana en Colombia disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición, especialmente, la de los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes y personas adultas mayores, promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de ingresos. (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016, p. 11)

      De otro lado, se plantea que “la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria”, cuyo papel es fundamental para “el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos” y para “el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria” (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016, p. 11).

      En julio de 2016, mediante el Acto Legislativo 01, el Congreso de Colombia estableció “instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final”, aprobado en su totalidad por el Congreso en noviembre de 2016. Posteriormente, en 2017, se aprobaron diferentes disposiciones con el fin de blindar el Acuerdo Final y, de ese modo, incorporarlo al denominado “bloque de constitucionalidad”.

      En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país” (Ley 1753 de 2015), cuyos tres pilares fueron paz, equidad y educación, el anterior Gobierno nacional se propuso “construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos” (art. 2). Por ello, la construcción de paz quedó planteada como política pública, iniciativa del poder ejecutivo (Gobierno nacional), aprobada por el poder legislativo (Congreso de Colombia) y la Corte Constitucional y ratificada, posteriormente, mediante las diferentes normas a las cuales ya se aludió.

      De manera institucional, la Universidad Nacional de Colombia (UN) ha apoyado el proceso de paz desde 2013. Así, en su Plan global de desarrollo 2016-2018, aquel compromiso se hizo explícito en los siguientes ejes estratégicos: “Eje 1. Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia” y el “Eje 4. La Universidad Nacional de Colombia de cara al posacuerdo: un reto social” (Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, 2015).

      Posteriormente, en el Plan global de desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de nación, estructurado jerárquicamente en líneas de política, ejes estratégicos, objetivos estratégicos y programas, la UN (2019) ratificó y amplió su compromiso con la paz. Este apoyo y este compromiso se explicitan, particularmente, en las siguientes políticas, ejes estratégicos y programas:

      1. La Política número 3: “La Universidad Nacional de Colombia como proyecto cultural y colectivo de Nación, debe promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre actores de la academia, el Estado, el sector real de la economía y la sociedad civil, con los propósitos de hacer del país una sociedad de conocimiento y de aportar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible como instrumentos para la construcción de paz y desarrollo humano” (p. 9).

      2. El Eje estratégico 3: “La Universidad, como proyecto cultural de la Nación, se orienta a la construcción, desde el conocimiento, de una sociedad