Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece?. Amanda Alvarado Cortés

Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, y la participación de los grupos de investigación en Gestión y Desarrollo Rural (GIGDR), Gestión de Empresas Pecuarias (GIGEP), Grupo de Investigación Espacio, Tiempo y Territorio (UN, Bogotá), Agroecología (UN, sede Palmira), Recursos Zoogenéticos (UN, Sede Palmira), y Conservación y Manejo de Agroecosistemas (UN, Sede Medellín).

      El trabajo del CPDR resulta de gran relevancia dada la persistencia de la crisis estructural en el medio rural colombiano y la enorme brecha que este tiene, frente al medio urbano. Además, se destaca cierta incertidumbre frente al cumplimiento del Gobierno nacional del Punto 1 del Acuerdo de Paz “Política de desarrollo agrario integral”, “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral”. Si bien el proceso está presupuestado para un horizonte de quince años y el Gobierno nacional ha expresado su compromiso con el acuerdo, hay aspectos de preocupación: el alto número de asesinatos de líderes y lideresas sociales, y excombatientes de las Farc-EP, documentado por Naciones Unidas y diferentes organizaciones sociales; el relativo crecimiento de las disidencias de las Farc-EP y otros grupos armados ilegales; los preocupantes procesos de degradación ambiental en zonas que históricamente han sufrido la violencia, algunas de estas anteriormente ocupadas por las Farc-EP; los avances relativamente modestos en torno al proceso de paz que muestran los organismos encargados de la evaluación y seguimiento; y, el escaso desarrollo de la implementación de la reforma rural integral (RRI), particularmente en cuanto al tema de tierras y de mejoras efectivas en la calidad de vida de los pobladores rurales. Lo anterior genera desconfianza acerca de la capacidad y la voluntad del Gobierno para avanzar hacia una paz estable y duradera, donde se promueva un verdadero desarrollo del campo colombiano.

      A la fecha, se han desarrollado dos fases del CPDR. En la primera (2015-2017), se propuso como objetivo generar y proponer lineamientos de política pública para el desarrollo rural que apunten a superar los problemas estructurales que sufre el medio rural. En esa fase, los esfuerzos se enfocaron hacia el debate participativo y la definición de lineamientos en torno a cómo implementar la RRI, trabajando en cinco ejes temáticos, a saber: articulación al sistema agroalimentario; multifuncionalidad del territorio; ciencia, tecnología y educación/ extensión; provisión de servicios y bienes públicos; y tierras y desarrollo rural. La comunicación de los resultados encontrados y de las propuestas hechas en torno a la RRI se realizó principalmente mediante la publicación Territorio en vilo. Desarrollo rural para el posconflicto (Leiva, 2017), que fue uno de los diez más vendidos por la UN en la Feria del Libro en Bogotá en 2018.

      En la segunda fase se propuso como objetivo generar y proponer lineamientos de política pública para el desarrollo rural territorial en el contexto de la consolidación de una paz duradera en el país. Como fruto del trabajo llevado a cabo en esta fase, en ejercicio de la autonomía universitaria, se presenta esta segunda publicación del CPDR, desarrollada a partir del trabajo de profesores, estudiantes y grupos de investigación de las sedes Bogotá, Medellín y Palmira de la UN. Para el efecto, se trabajó a partir de resultados de investigación académica, complementados con revisiones bibliográficas y debates con representantes institucionales de organismos internacionales (FAO e Instituto Kroc) y de comunidades campesinas, étnicas y de mujeres rurales.

      El libro consta de once capítulos, organizados en tres partes: Parte 1. Desarrollo rural, tierras y postconflicto; Parte 2. Investigación y extensión para el posconflicto y Parte 3. Perspectivas de género y campesinas frente a la Reforma Rural Integral.

      La Primera Parte inicia con el capítulo “¿Desanda el Punto 1 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, que presenta aspectos referidos al seguimiento y al cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de paz, Reforma Rural Integral, visto como una política pública. Allí se muestra que existen diferentes enfoques en evaluación y seguimiento de políticas públicas, los cuales implican resultados prácticos diferentes, según la concepción de proceso y del evaluador.

      En el segundo capítulo, intitulado “Escenarios futuros de los acuerdos del proceso de paz”, se presenta un ejercicio prospectivo de tipo exploratorio, desarrollado alrededor de los puntos del Acuerdo Final, con el fin de anticipar posibles escenarios del proceso, en lo referente al cumplimiento de los puntos centrales de la agenda.

      En “Fase de implementación de la política pública de restitución de tierras en Colombia, ¿en qué va?”, tercer capítulo, se analiza el estado de la implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, usando la metodología de Knoepfel et al. (2008). La evaluación de esta política, cuyo objetivo es generar diferentes medidas en beneficio de las víctimas del conflicto armado en Colombia, tiene en cuenta que el anterior Gobierno nacional reconoció a la población rural como víctima de ese conflicto y que han transcurrido poco más de siete años de los diez que se fijaron como tiempo de ejecución.

      En el cuarto capítulo, “El papel de los programas de desarrollo con enfoque territorial en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”, se busca explicar el papel que pueden desempeñar los PDET como desarticuladores de nuevas violencias en el marco del Acuerdo Final.

      El siguiente capítulo, “Las zonas de reserva campesina: límites y posibilidades del campesinado para una reforma rural integral”, tiene el objetivo de analizar el proceso de incorporación e implementación de la figura de las ZRC en el contexto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, como forma de comprender los alcances y limitaciones que ofrece el Punto 1 al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

      La primera parte termina con el capítulo sexto, intitulado “Multifuncionalidad territorial y servicios ecosistémicos en un contexto de posconflicto”, el cual tiene los objetivos de 1) analizar algunos impactos negativos de tipo ecosistémico en territorios colombianos específicos durante el posacuerdo; 2) promover el debate entre diferentes actores académicos, tomadores de decisión, expertos y sociedad civil acerca de los aspectos multifuncionales del territorio frente a cualquier intervención sociotécnica; 3) visibilizar cómo las acciones humanas e intervención (agropecuaria, minera, infraestructura, deforestación, cultivos de uso ilícito) pueden deteriorar el paisaje rural (bosques, suelos, agua y aire), poniendo en riesgo incluso ecosistemas estratégicos de Colombia; y 4) destacar la valoración de los servicios ecosistémicos como soporte para la búsqueda de soluciones a la problemática planteada.

      La Segunda Parte, Investigación y extensión para el posconflicto inicia con “Análisis bibliométrico de las tendencias en la investigación en torno al Acuerdo Final de paz en Colombia”, séptimo capítulo del libro, donde se muestran los resultados de un estudio realizado con el objetivo de identificar tendencias sobre el estado actual de la literatura e investigaciones relacionadas con el desarrollo del Acuerdo Final en Colombia, a partir de la Biblioteca Electrónica Científica en Línea (Scientific Electronic Library Online, SciELO) y la base de datos bibliográfica Scopus.

      En el capítulo octavo, nombrado “Apuntes para la formación de posgrado en extensión y transferencia de tecnología para el desarrollo rural con enfoque territorial”, se muestra que el esquema tradicional de extensionismo, basado en la generación y transferencia lineal de conocimientos, es poco eficaz para generar procesos relevantes de innovación. En consecuencia, para lograr los objetivos que se propone la extensión, deben desarrollarse iniciativas que incluyan el conocimiento técnico apropiado, la articulación con los agentes relacionados y metodologías que fomenten la comprensión de la información técnica y su integración en las decisiones de los beneficiarios directos.

      Esta segunda parte concluye con “La educación y la comunicación rural como ejes formativos en competencias profesionales en los programas curriculares de ingeniería agronómica y afines. Una visión desde la Escuela Agrobiológica de la Universidad Nacional de Colombia”, capítulo noveno del libro. Allí, se propone este modelo de escuela, como contexto en la educación superior agraria, que vincula universidad y campo, sin menoscabo de las autonomías, libertades y saberes