Deuda o soberanía. Alejandro Olmos Gaona

las operaciones que se hacían.

En una obra casi inhallable, titulada “Investigación sobre el Banco de la Nación”, editada por el Senado en 1926, Juan B. Justo hizo una radiografía del Banco desde 1901 hasta 1926, documentando cómo había sido su política crediticia. Esa investigación no prosperó y fue archivada. Presentó pruebas, mostró evidencias, pero en esos documentos estaban involucrados ministros, senadores, diputados. Era investigar al régimen y, en consecuencia, las posibilidades de llegar a alguna conclusión serían inexistentes. Hoy nadie se acuerda de esas conclusiones. Cuando la dictadura militar, el Banco también fue utilizado para financiar a diversos sectores empresariales que se vieron favorecidos por la política económica del gobierno, como ha sido documentado en una reciente publicación⁵.

En 1935 se dictó la Ley de Bancos y Moneda y se creó el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, que fue la primera iniciativa del establecimiento de normativas reguladoras en el sistema bancario. A su vez, y de conformidad con los acuerdos pactados con la firma del Tratado de Londres (Roca-Runciman), se creó el Banco Central sobre la base de un proyecto elaborado por sir Otto Niemayer, director del Banco de Inglaterra, que fue diseñado para que las entidades financieras del exterior tuvieran un control adecuado de las finanzas públicas, manejando la política monetaria, aun cuando formalmente no dependiera de ellas. Organizado jurídicamente como una entidad mixta con capitales privados nacionales y extranjeros, y también capitales estatales, podía asegurar el valor de la moneda, controlar los movimientos de capital y fiscalizar a todo el sistema bancario. Tenía la facultad de emitir billetes, que debían estar respaldados con reservas de oro, divisas y cambio no menor al 25 % de la emisión efectuada. El objetivo era regular por primera vez el sistema, concentrar reservas suficientes, mantener el valor de la moneda, regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, promover la liquidez y fundamentalmente actuar como agente financiero del Estado Nacional, aconsejándolo en todo lo que fuera relativo al sistema financiero. Con anterioridad, tanto el Banco de la Nación Argentina como la Caja de Conversión habían prestado servicios a los diferentes gobiernos, sin enajenar la capacidad de decisión a capitales que no fueran los del país, pero ante la decisiva posición accionaria que tenían los capitales extranjeros y algunos privados en el nuevo Banco Central, esto iba a significar la clara injerencia de otros países en las decisiones financieras⁶.

      El Banco Central no se organizó como un ente independiente, ni actuó en forma neutral, sino que ante la influencia de los accionistas extranjeros manejó el crédito de acuerdo a los intereses que ellos representaban. Hasta los cargos importantes que tendría la institución fueron impuestos desde Londres. Se creó en 1935 como un organismo mixto, controlado en un 50 % nominalmente por el Estado Nacional y el otro 50 % por bancos extranjeros. La idea teórica era que, al no estar el Banco sometido a la órbita del gobierno, sus decisiones no iban a estar sujetas a los vaivenes políticos que pudieran ocurrir, pero esto era solo un pretexto para que los accionistas extranjeros, mayoritariamente ingleses, manejaran la política financiera del Estado. Que las decisiones en ese Banco se tomaban en Gran Bretaña lo muestra el hecho de que un político argentino, el Dr. Manuel Fresco, que fuera gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se enteró en Londres a través de Follet Holt, directivo de los ferrocarriles ingleses, quién iba a ser el gerente y quiénes ocuparían los cargos directivos, cuando nada de eso se conocía en Buenos Aires. Con excepción de Raúl Prebisch y Edmundo Gagneux, las principales jefaturas del Banco fueron confiadas a personal extranjero, siendo tan evidente la asimetría existente entre el poder de decisión del Estado y los bancos del exterior que el Banco de la Nación, que era poseedor de 2000 acciones, tenía 1000 votos en el directorio y aquellos, con 1821 acciones, poseían 1821 votos. En 1935, todos los activos del Estado y la deuda que manejaba el Banco de la Nación pasaron al nuevo Banco, que con un directorio controlado por representantes de bancos extranjeros comenzó a operar como nuevo agente financiero de la República. Cuando se efectuó la transferencia se hizo constar, entre otras operaciones, que en ese año se había pagado al gobierno de Gran Bretaña la suma de $ 66.682.902 en concepto de intereses de la deuda con ese país, y la suma de $ 28.636.363 en concepto de cancelación de un préstamo de la Casa Baring. En esa fecha también habían disminuido las reservas de oro hasta los $ 246.842.655.

      Durante la década del 30, a través del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, se absorbió el quebranto de los bancos privados, lo que determinó además que el Estado se hiciera cargo de los bienes inmovilizados de esas entidades, a quienes se les realizó un sustancial adelanto de fondos, perjudicando a los ciudadanos que tuvieron que contribuir a esa especie de salvataje financiero. De esa manera, el Estado debió recuperar los créditos de los bancos y absorber las pérdidas. En 1948, trece años después, el Banco Central seguía cargando con el peso de los bienes transferidos por los bancos privados, que resultaron de realización muy dificultosa.

      La situación cambió al nacionalizarse el Banco Central y los depósitos bancarios, por Decreto 12.962 del 25 de marzo de 1946, firmado por el presidente Farrell, contándose a partir de ese momento con una verdadera autonomía financiera, ya que todo el sistema bancario pasaría a estar controlado por el Banco, en nombre del cual todas las entidades recibían los depósitos del sistema. Además de priorizarse la inversión productiva, se coordinó todo el sistema, estableciéndose las prioridades de la política crediticia. En el año 1945, sobre cada cien pesos depositados se prestaba el 69 %, y en 1952 el 138 % por cada cien, lo que aceleró el crecimiento industrial y facilitó el proceso de sustitución de importaciones. Si el Banco creado en 1935 era una institución controlada por los bancos extranjeros, la modificación de 1946 terminó definitivamente con ese estado de cosas, por lo cual se estableció que el Banco Central podía exigir en cualquier momento a los bancos extranjeros la efectiva y permanente radicación de los capitales asignados a las casas locales. En 1949, a través de una modificación se determinó que esos bancos debían radicar efectiva y permanentemente en el país los capitales de sus sucursales, estableciendo el retiro de la autorización para funcionar en caso de no hacerlo.

      Producido el golpe militar de septiembre de 1955, las nuevas autoridades modificaron el sistema, y mediante el dictado del Decreto 13.126/57 derogaron las normas anteriores convirtiendo al Banco Central en un organismo autárquico, además de modificar la organización de los otros bancos estatales. La nueva situación y lo que iría ocurriendo en los años posteriores limitaría el control oficial de la autoridad monetaria y lo haría ingresar en la órbita del Banco de Inversiones de Basilea, banco privado que oficia de banco de bancos, y a cuyas normas se encuentran sometidos los bancos centrales existentes.

      Después de algunos intentos reformistas por parte del presidente Illia, con la dictadura de Onganía y la nueva política instrumentada por el ministro de Economía Krieger Vasena, se favoreció nuevamente la entrada de capitales extranjeros, sin control, comenzando un proceso de extranjerización de la economía que se iría acentuando lentamente. También se produjo la reforma del sistema bancario mediante la Ley 18.061, la cual se proponía regular todo el ámbito financiero. Se determinó así la preferencia para la apertura de sucursales en el interior del país y en aquellos lugares de influencia de las respectivas instituciones bancarias, manteniéndose la garantía total de los depósitos en el sistema. Supuestamente, la ley proponía orientar el crédito en forma amplia para que el desarrollo del país fuera sostenido, pero nada de esto se cumplió debido a la fuerte preponderancia de la banca extranjera.

      La vuelta al poder del peronismo en 1973 determinó volver a la estructura del banco durante la segunda mitad de la década del 40, aunque en esos tres años la gran conflictividad imperante hizo imposible adoptar políticas que no fueran las meramente coyunturales. Con el golpe militar y la llegada de la dictadura comenzaría un proceso no solo de extranjerización de la economía, sino la instauración de un plan que cambiaría toda la estructura económico-financiera del país, a través del dictado de la Ley 21.526 de Entidades Financieras que fijó las nuevas pautas que irían a regir en el país, que con algunas modificaciones es la que rige hasta la actualidad, sin que a ninguno de los gobiernos de la democracia se le ocurriera cambiar tales normas.

      Una de las primeras medidas adoptadas por la dictadura fue la modificación del art. 1 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, estableciendo la prórroga de la competencia jurisdiccional de la