Deuda o soberanía. Alejandro Olmos Gaona

penal de los responsables.

Con motivo de las conocidas acciones judiciales iniciadas en épocas recientes contra funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner por sobreprecios en la obra pública, las coimas pagadas por Odebrecht, los negocios inmobiliarios que se le adjudicaron a la familia Kirchner, se efectuó una importante y desmesurada campaña mediática destinada a mostrar que nunca en la Argentina había ocurrido algo semejante, como si la historia de la corrupción hubiera comenzado en el año 2003 y algunos hechos ocurridos en años o décadas anteriores no hubieran tenido una relevancia equiparable o aún mayor². Esas expresiones se debieron a la intención deliberada de ocultar hechos del pasado, silenciando una corrupción estructural de décadas, mostrando solo aquello que conviniera a los intereses de esos medios, que estuvieron complicados en muchos de los grandes negocios que dañaron seriamente la economía, y en otros casos justificaron las acciones de los que defraudaron el patrimonio público.

Esa corrupción estructural fue parte del sistema instalado en la Argentina, donde se privilegió el abuso de poder, la exponencial transferencia de recursos de los más pobres hacia los más ricos, la inequidad, y las ganancias desmedidas de los que utilizan los medios a su alcance en esa carrera desmesurada por enriquecerse cada día más. Esos grupos, sus hombres emblemáticos, y aun aquellos que pasaron desapercibidos, hicieron alarde de transparencia; reclamaron seguridad jurídica, marcos de libertad para negociar, no intervención del Estado en la esfera privada, ausencia de regulaciones. Definiciones estas que les sirvieron para encubrir todo tipo de negociaciones espurias, evasiones fiscales, monopolios, transferencia de deudas ficticias al Estado, contrabando de bienes, manipulaciones financieras, sometimientos externos y una amplia gama de actividades que forman parte de un sistema cuya corrupción nunca fue combatida desde las estructuras del Estado, y en algunos casos, cuando se quiso hacerlo, los resultados tropezaron con la maraña de intereses en juego que hizo imposible ponerlo en evidencia³.

      Siempre resulta más fácil identificar al ladrón de poca monta que a los expertos en delitos financieros, o a los empresarios que hacen abuso de su posición dominante en el mercado, a los que evaden y a todos aquellos que un sistema inmoral les permite recoger ganancias desmesuradas. Uno se maneja con las precariedades de su actividad personal, los otros son parte de un sofisticado engranaje lleno de complicidades en el que interactúan grupos económicos y financieros, abogados, consultores, medios de difusión, etc., los que rara vez son llevados a la justicia para ser enjuiciados como corresponde.

      La marginación de la ley siempre llevó a vía muerta investigaciones que comenzaron con intención de poner en evidencia a los defraudadores del Estado. En otros casos no hubo investigaciones, pero sí denuncias fundadas, intervenciones parlamentarias que pusieron en evidencia la corrupción, y en todos los casos se prefirió minimizar los hechos, desvalorizar a los denunciantes, poner en duda los actos de corrupción, ya que en ellos habían intervenido personajes de notoria importancia y siempre vinculados con el poder.

      Algunos antecedentes históricos pueden resultar útiles para poner en evidencia algunas de esas transgresiones de las que participaron empresarios, estancieros, financistas, dirigentes políticos, legisladores, militares y muchos otros que gozaron de gran respetabilidad. También brevemente consignamos cómo importantes investigaciones concluyeron y fueron archivadas sin ninguna consecuencia, ya que en los casos señalados nunca hubo acciones para establecer responsabilidades, y el olvido fue la mejor forma de la consagración de la impunidad.

      1. La sede del Congreso de la Nación. Fue comprada en 1889 en la suma de 6.300.000 pesos, cuando el terreno valía poco menos de la mitad. La compra fue defendida en la Cámara de Diputados por el entonces legislador Gral. Lucio Mansilla y otros destacados personajes de la época, como el Gral. Francisco Bosch, participando en el negocio los directivos del Banco Nacional. Diarios de la época denunciaron el negociado, pero las protestas quedaron silenciadas rápidamente.

      2. El Banco Nacional. Fundado en 1873, su política crediticia mostró la discrecionalidad en préstamos a importantes personajes, como el citado Gral. Mansilla, Eduardo Wilde, Rufino Varela, Wenceslao Pacheco, Norberto Quirno Costa, Ramón J. Cárcano, Marco Avellaneda y otros, sin que pueda saberse si devolvieron el dinero, aunque por la poca documentación que existe parece que fue muy poco debido a una ley del 18 de noviembre de 1893, llamada ley del olvido o del jubileo. También se prestó a los directores del banco: Leloir, Casares, Frías, Sastre, Muñiz, a sus familiares y empresas vinculadas. Una muy buena manera de disponer de los fondos públicos, aunque las garantías no fueran suficientes.

3. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Constructor de La Plata. Se manejaron de la misma manera que el anterior, mediante créditos y negocios a personajes vinculados con el poder de turno, sin que importasen las garantías, y ante la mora de los mismos, ejecutarlos como correspondía. Sería largo enumerar todo lo ocurrido con el vaciamiento de estos bancos. Sirva como ejemplo de las maniobras dolosas lo manifestado por el fiscal que intervino, Carlos O. Bunge, quien manifestó al juez interviniente: “Imagine V.E. las maniobras dolosas más hábiles para extraer el dinero del bolsillo ajeno, los recursos más extraños, las invenciones más inauditas, la superchería más sistemática, la administración más voraz, la insolencia más cínica, imagine cuanto pueda de estafas de alto vuelo… y no imaginará una mínima parte de los hechos denunciados y probados”⁴.

      4. Los créditos del Banco de la Nación. El Dr. Juan B. Justo hizo una investigación, silenciada y olvidada hoy, sobre cómo la mayor parte del dinero del Banco de la Nación favoreció a grandes terratenientes, y a importantes personajes públicos que usaban el crédito, lo refinanciaban permanentemente, y terminaban pagando monedas o no devolviendo el dinero. Sus conclusiones no tuvieron ninguna consecuencia, y el Banco siguió operando de la misma manera. Hace unos años pude acceder a los libros de actas de Directorio del banco, donde se registraban los préstamos, las refinanciaciones, las moratorias, para una investigación que estaba realizando sobre la década del 30. Observé que nada había cambiado, y aunque las carpetas de los viejos deudores del banco fueron sospechosamente incineradas, pude reconstruir cómo fue la operatoria de grandes y “respetables” personajes que usufructuaron de la riqueza de los ahorristas en su propio beneficio: la lista es larga y representativa de quienes refinanciaban eternamente sus obligaciones con el banco, hasta licuar sus deudas.

      5. Investigación del comercio de carnes. La Comisión del Congreso liderada por el senador Lisandro de la Torre probó la defraudación de que había sido objeto el Estado Nacional por décadas. Los libros de contabilidad donde estaba la evidencia fueron encontrados, debajo de envíos de carne congelada, en un barco listo para enviar a Gran Bretaña. Los más distinguidos abogados de Buenos Aires defendieron a los grandes frigoríficos británicos: Swift, Anglo, etc. Todo terminó con el asesinato de un senador por parte del guardaespaldas del ministro de Agricultura, Luis Duhau, y el posterior suicidio de De la Torre, asqueado de tanta inmundicia e impotente ante la complicidad del gobierno con los frigoríficos extranjeros.

      6. Conversión de la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires. Se hizo en 1935, con un perjuicio para las arcas públicas de 500 millones de pesos de aquella época. Beneficiario de ese negocio fue Otto Bemberg, quien instrumentó la operación. Aunque fue denunciado en su momento por el escritor nacionalista José Luis Torres, no hubo el menor interés en investigarlo. Años después el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires puso en evidencia las modalidades de la conversión y los perjuicios ocasionados.

      7. Defraudación al Estado por los herederos de Otto Bemberg. Se trató de una defraudación en el pago del impuesto a una importante herencia, ya que Bemberg era una de las más grandes fortunas del país. La investigación mostró las maniobras del grupo a través de un conjunto de sociedades, interviniéndose las empresas durante el peronismo e incorporándolas al patrimonio público. Por exigencias del grupo de países del Club de París, todo les fue devuelto durante la presidencia de Frondizi, en 1958. Los delitos que fueron probados quedaron sin sanción alguna.

      8. La prórroga