Deuda o soberanía. Alejandro Olmos Gaona

momento se siguieron las ideas financieras sostenidas por Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Este último siempre distinguió de manera contundente los usos naturales del dinero de los usos especulativos, y en tal carácter sostuvo la necesidad de emplear el crédito para los desarrollos productivos, favoreciendo la inversión pública.

      En diciembre de 1853 se fundó el Banco Nacional de la Confederación Argentina, entre cuyos objetivos se contaba el de procurar préstamos “que no se reúnan en pocas manos, en grandes sumas, sino que se dividan en el mayor número posible y en pequeñas cantidades, consultando que sus servicios alcancen a todas industrias y a toda clase de personas”. Tuvo corta vida, ya que no podía competir con el banco provincial. En esa época se instalaron bancos privados, como el del Barón de Maua, pero tampoco prosperaron como podía esperarse, ya que los negocios financieros iban a instrumentarse a través de sucesivos empréstitos, cuyos fondos en muchos casos no serían destinados a los objetivos específicos para los cuales fueron contratados. Precisamente Maua, que era socio de los banqueros Rothschild, propuso en 1863 que los intereses de la deuda se pagaran en Londres y no en Buenos Aires, lo que fue materia de discusiones, aunque culminaron accediendo a lo que se había propuesto.

      Los empréstitos fueron la llave maestra del control financiero del país, y por tal motivo la política económica que se llevó adelante estuvo condicionada inevitablemente por un endeudamiento externo que siguió creciendo. No puede negarse que había necesidades reales de financiamiento para la construcción de obras públicas, y gran cantidad de ellas se hicieron. Pero las condiciones de contratación fueron extremadamente onerosas y en cantidad de casos el destino de los fondos fue, como ocurre en la actualidad, para pagar viejas deudas y seguir endeudándose. El empréstito Baring es el ejemplo de una constante que atravesó desde siempre la vida económica argentina.

      Desde ese primer empréstito hasta la terminación de la presidencia de Roca se contrajeron trece empréstitos externos por un total de 207.250.000 de pesos fuertes, habiéndose recibido cuando su colocación 171.333.000 de pesos, existiendo una notable diferencia en favor de los acreedores a la suscripción de las operaciones, que era lo habitual en ese momento, ya que las necesidades de financiamiento eran habitualmente cubiertas con costosos empréstitos que luego no se podían pagar y se refinanciaban.

FECHA	VALOR NOMINAL ($ F)	COLOCACIÓN	RESULTADO
27/05/1865	12.600.000	72 %	9.072.000
19/02/1869	5.000.000	88 %	4.400.000
27/08/1873	10.000.000	89 %	8.905.000
05/08/1879	30.800.000	88 %	27.104.000
02/10/1880	12.350.000	82 %	10.127.000
05/09/1881	4.000.000	90 %	3.600.000
28/10/1881	4.000.000	80 %	3.200.000
14/01/1882	8.000.000	85 %	6.800.000
12/10/1882	8.500.000	85 %	7.225.000
27/10/1882	20.000.000	85 %	17.000.000
25/10/1883	30.000.000	81 %	24.300.000
21/10/1885	42.000.000	80 %	33.600.000
09/10/1886	20.000.000	80 %	16.000.000
Total:	207.250.000		171.333.000
Diferencia:	35.917.000

      En veinte años, las utilidades de los prestamistas solo en la suscripción de los empréstitos fueron de 35.917.000 pesos fuertes, que son reveladoras del real sentido económico de tales colocaciones, debiendo sumarse a tales cifras los intereses, comisiones, las particularidades de los contratos y demás malabarismos técnicos que siempre operaron en perjuicio de la Nación, ya que no se trató de obligaciones con algún grado de equilibrio en las prestaciones, sino que se trató de hacer negocios, sin que se tomara en cuenta la capacidad de repago, dado que las inversiones aseguraban supuestamente la generación de recursos que servirían a ese efecto.

      Las necesidades de financiamiento que muchas veces se pretextaron no fueron tales, ya que en realidad lo que se pretendió fue hacer negocios que dejaran suculentas ganancias, y los diferentes gobiernos se involucraron en las maniobras, con perfecto conocimiento de lo que hacían, debiendo tenerse en cuenta que los participantes de la operación, o eran socios, o resultaban espléndidamente retribuidos por su colaboración, como ocurrió con el Dr. Norberto de la Riestra, cuando renegoció la deuda de Baring en Londres en 1857.

      Esos préstamos siempre fueron considerados normales, aunque fueran lesivos para la economía nacional, y cuando los pagos se hicieron exigibles, y los recursos resultaban insuficientes, no se vacilaba en realizar cualquier sacrificio, que siempre resultaba en beneficio de los acreedores. No en vano dijo el presidente Avellaneda: “La República puede estar dividida hondamente en partidos interiores, pero no tiene sino un honor y un crédito como sólo tiene un nombre y una bandera. Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed para responder a los compromisos de la fe pública ante los mercados extranjeros”. También había proclamado que la Argentina pagaba sus deudas, ante el simple reclamo de los prestamistas, porque creía en la buena fe de ellos.

      Aunque hubo cierta uniformidad sobre las concepciones económicas que debían instrumentarse, especialmente después del dictado de la Constitución Nacional en 1853, quien planteó ideas diferentes sobre cómo debía ser el sistema financiero de la época fue Mariano Fragueiro, que en su trabajo sobre la Organización del Crédito sostuvo que el préstamo a interés debía prohibirse entre particulares y que los capitales debían orientarse a la industria por medio del manejo público del sistema. Las ideas de Fragueiro no tuvieron posibilidad de desarrollarse porque la Argentina comenzó un camino en el que el crédito privado fue privilegiado y todos los emprendimientos importantes se financiaron con empréstitos colocados en el extranjero, lo que hizo que la deuda pública externa se constituyera en el mecanismo utilizado habitualmente, hasta que las imposibilidades de pagar determinaron que se recurriera al sistema de pedir nuevos créditos para pagar los anteriores, mientras la deuda seguía creciendo. Un intento de interrumpir ese flujo constante de pedir créditos nuevos para pagar deuda vieja tuvo lugar en 1891, por decisión del ministro de Hacienda Dr. Juan José Romero, que dio instrucciones precisas al ministro argentino en Londres de cómo debían negociarse las obligaciones externas, haciéndole saber que no pidiera nuevos créditos, porque pagar deuda vieja con deuda nueva “era ir derecho a la bancarrota”.

      Dentro del esquema financiero de privilegiar el interés privado, las concepciones privatizadoras estuvieron presentes desde el inicio del periodo constitucional y no escapó