Deuda o soberanía. Alejandro Olmos Gaona

de la concesión, producida la revolución de 1943, se designó una Comisión Investigadora presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde. A pesar de probarse las coimas pagadas a legisladores y concejales, y la participación del expresidente Marcelo T. de Alvear en algunas negociaciones, la investigación se archivó por decisión del presidente Perón y no hubo sanción alguna a los responsables que habían intervenido. En 1973, durante la gestión del gobierno de Cámpora, Eudeba editó un resumen de las actuaciones.

      9. Los fraudes del frigorífico Swift y su sociedad controlante Deltec Internacional. Fueron puestos en evidencia por el juez en lo comercial Salvador M. Lozada, quien debió afrontar riesgos personales por haberse atrevido a enfrentar a una multinacional, y a poderosos estudios de abogados que defendieron los intereses de la empresa. Su tesis sobre la “responsabilidad de los conjuntos económicos”, avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1974, fue desconocida posteriormente en las distintas actuaciones que se llevaran a cabo en el Banco Central, en el marco de la investigación de la deuda privada.

      10. La deuda de la dictadura cívico-militar. Fue investigada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Terminó con el sobreseimiento del exministro Martínez de Hoz y el archivo de la causa. Los ilícitos en que incurrieran diversos funcionarios de la dictadura militar quedaron impunes, sin que se iniciara ninguna acción de responsabilidad. Los avales del Estado entregados a grandes empresas por más de 7000 millones de dólares no fueron pagados en gran parte y el Estado debió hacerse cargo de tales deudas, que pasaron a formar parte del endeudamiento público.

      11. La investigación de la deuda privada en el Banco Central. Fue ordenada durante el primer año de la gestión del presidente Alfonsín, y archivada en 1985, a pesar de las importantes pruebas producidas que demostraron que las deudas estatizadas en 1982 fueron mayormente operaciones ficticias en las que habían participado las principales empresas del país (Bridas, Papelera Río Paraná, Renault, Techint, Ford, Cogasco, Socma, Fiat Sevel, Sideco, etc.). Dicha deuda representaba casi el 45 % de la deuda externa total que recibió el gobierno radical en 1983. Parte de la documentación investigada se presentó en el Juzgado Federal Nº 2, en el marco de la causa iniciada por Alejandro Olmos, y continuada por el que esto escribe. Pasaron años, la causa sigue abierta, sin que se haya adoptado ninguna resolución.

      No hago ninguna referencia a la denominada causa de los “cuadernos” en la que están involucrados los titulares del Poder Ejecutivo entre los años 2003-2015, numerosos funcionarios y empresarios privados, ya que habrá que esperar los resultados definitivos de una investigación que por lo poco que se conoce llevará varios años, sin perjuicio de apuntar sobre la naturaleza política que motivara esas acciones legales, de resultado incierto.

En los casos citados anteriormente, en los que se vieron involucrados funcionarios públicos y grupos empresarios nacionales y extranjeros, nunca se pudo llegar a establecer responsabilidades concretas. Además de archivar muchas de las investigaciones, en otros casos la demora en llevar estas a cabo determinó el sobreseimiento de los responsables, siendo evidente que, cuando se toca a los sectores que controlan el poder económico, la concertación de complicidades y la inacción del Poder Judicial determina la impunidad de los que han defraudado al Estado, utilizando los recursos del mismo en sus negocios privados. Recientemente se conoció lo ocurrido con el Correo Argentino, de la familia Macri, y las maniobras de Joe Lewis, quien comprara una enorme estancia en fraude a la ley argentina, apropiándose del lago Escondido, una propiedad pública. Desde 1996 hasta hoy sus acciones siguen impunes, y hasta se ha llegado a apelar a la Corte Suprema, para poder mantener la impunidad de esos negocios⁵.

      1 Nino, Carlos, Un país al margen de la ley, Buenos Aires, Emecé, 1992.

      2 El presidente Macri llegó a incriminar a su propio padre en estas prácticas, diciendo que fue obligado por el sistema impuesto por los gobiernos kirchneristas. Su deliberada falta de memoria sepultó los negocios espurios realizados durante varios gobiernos, y especialmente cuando la dictadura militar, durante la que transfirieron al Estado deuda ilegítima por más de 250 millones de dólares.

      3 Vitelli, Guillermo, Negocios, corrupciones y política, Buenos Aires, Prendergast, 2006.

      4 Lotersztain, Israel, La corrupción en la Argentina de Miguel Juárez Celman, Tesis de doctorado, 2004.

      5 Esta afirmación surge de las copias de documentos en mi poder que me fueran suministradas oportunamente por el procurador de Investigaciones Administrativas Santiago Eyherabide, quien impulsara la acción penal contra Lewis, sus socios y los abogados que intervinieron en la maniobra.

      ANTECEDENTES DEL SISTEMA FINANCIERO

      Los problemas derivados de las finanzas públicas, que hoy tienen una singular relevancia por la enormidad de las obligaciones externas y de la deuda cuasi fiscal del Banco Central, no es una cuestión de las últimas décadas, sino que arranca desde los inicios de nuestra independencia. La historia financiera de la Argentina no comenzó bien, ya que desde la fundación del Banco de Buenos Aires, también conocido como Banco de Descuentos en 1822, los aventureros y especuladores que operaban en la plaza de Buenos Aires, junto con ávidos comerciantes británicos, comenzaron a plantearse cuál sería la mejor forma de acrecentar sus patrimonios, utilizando a tales efectos las posibilidades que les daba el gobierno de Martín Rodríguez, con cuyo ministro de Hacienda, Bernardino Rivadavia, estaban relacionados. El banco fue reemplazado en 1826 por el Banco Nacional, donde estaban casi todas las mismas personas de la anterior institución, dando origen al actual Banco de la Provincia de Buenos Aires, que quedó en 1836 bajo la administración de la casa de Moneda Metálica, organizándose como entidad mixta hasta convertirse en un banco estatal en 1854.

Casi simultáneamente con la aparición del Banco, comenzaron las exploraciones de un conjunto de improvisados financistas para conseguir un empréstito en el exterior, el que finalmente se obtuvo en 1824 con la Casa Baring de Londres, y que fue el comienzo de un proceso de endeudamiento continuo del que la Argentina no pudo salir nunca¹. Aunque el dinero pactado nunca llegó en metálico sino una pequeña parte, y el resto en papeles, a ninguno de los funcionarios que intervinieron en las negociaciones sucesivas sobre el empréstito se le ocurrió establecer si el dinero había sido entregado efectivamente, ya que todos estaban convencidos de la legitimidad de los reclamos. La cuestión se aclaró recién en 1881, cuando el Dr. Pedro Agote, presidente del Crédito Público Nacional, presentó un documentado informe sobre las finanzas públicas, ordenado por el gobierno a instancias de un pedido que le efectuara el presidente de los Estados Unidos, a través de su representante diplomático en Buenos Aires. En tal informe, Agote llegó a la sorprendente conclusión de que no existía constancia en los archivos del Estado de que las letras recibidas por el gobierno hubieran sido pagadas alguna vez. Es decir que el dinero se volatilizó entre los encargados de pagarlo, aunque el país se obligó por una suma que nunca había recibido².

      La suma total pagada, según todos los autores que se ocuparon del tema: Scalabrini Ortiz, Fitte, José María Rosa, Vedoya, fue de 23.734.766 pesos fuertes, es decir, alrededor de 4.800.000 libras, pero entiendo que aquí también se cometió un error, ya que todos ellos, para efectuar el cálculo de lo que se pagó, tomaron en cuenta el informe de Agote, quien en 1881 estimó lo que se había pagado y lo que aún restaba por pagar. Empero, como la deuda recién se canceló veinte años después, y a través de nuevas refinanciaciones, habría que verificar cuánto realmente fue el costo final de ese primer empréstito del que nadie se hizo cargo, y que pasó como una de las tantas operaciones de endeudamiento, que insumió costos enormes, sin que existiera ningún beneficio para el Estado, y sí para los especuladores y financistas del empréstito. En este caso, nadie asumió las responsabilidades de esa ruinosa obligación que fue pagada sin cuestionamiento