No esenciales. María Victoria Baratta

en la transparencia de los datos y la demora en el conteo de fallecidos, por un trabajo voluntario de dos profesionales que no son funcionarios ni dedican su labor diaria a estos temas, el politólogo Federico Tiberti y el ingeniero Mauro Infantino. La base más completa de datos sobre el covid en Argentina es obra del tiempo libre de Infantino.7

Mientras tanto, cada vez éramos más los que decidíamos sacar clandestinamente a nuestros hijos de paseo, incluso en la caba, en donde una hora por semana de paseo resultaba una limitación absurda. De a poco, el tiempo nos fue dando la razón. Madres y padres comenzaron a sacar a sus hijos a jugar, con o sin el aval de las medidas oficiales. Sin embargo, en las conferencias de prensa se siguió apelando al miedo de manera desmedida. El 26 de junio, el presidente de la nación dijo en el anuncio de la extensión de la cuarentena: “No saben cuánto valoro la libertad. Pero quiero recordarles que la libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir”.8 En el siguiente anuncio, se declaró que todos corríamos el mismo riesgo ante el virus. Con números ofrecidos en bruto y sin ninguna perspectiva de lo que significaba en el total de muertes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo el 17 de julio sobre el virus: “No es verdad que solo lo sufren los adultos mayores”, y precisó que “en Argentina 6 mil casos fueron niños, 20 de ellos estuvieron críticos y 5 fallecieron […] nadie está a salvo”.9 El gobernador no habló de las comorbilidades que tenían esos niños, muchos de ellos ya internados por otras afecciones en terapia intensiva al contraer covid-19, ni tampoco puso en contexto qué porcentaje representaban en la totalidad de muertes por covid-19 ni cuántos niños habían muerto por otras afecciones. Horacio Rodríguez Larreta participaba de estas conferencias y se mostraba en sintonía con el gobierno nacional. Pocas voces de los medios se animaban entonces a confrontar el discurso triunfalista y del miedo. Gustavo Noriega, periodista y biólogo, a través de Twitter se dedicó a mostrar datos para refutar el pánico desmedido.

      A pesar de esta manera inapropiada de informar, fue cada vez más evidente para gran parte de la población que los niños y adolescentes no tenían que estar encerrados ni temer por su vida ante el covid-19, o al menos no más que por otros riesgos o afecciones. O quizás, para muchos, fue simplemente una cuestión de hartazgo: no era viable sostener el encierro de los niños por tantos meses. Para principios de agosto, las salidas recreativas para niños en el conurbano bonaerense seguían sin habilitarse. En una encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef) en Argentina, el 71% de los padres del conurbano manifestó entonces que no había sacado a sus hijos a jugar al aire libre durante los últimos días. Un 14% dijo que fueron a caminar, y solo un 2%, que los llevaron a la plaza. Entre los que sacaron a sus hijos, un 96% consideró que esas salidas habían tenido un impacto positivo en los niños. Sin mediar ningún descubrimiento científico sobre el tema, e incluso con muchos más casos del virus circulando, semanas más tarde el gobierno nacional dejaría de demonizar el aire libre y a comenzar a recomendar salidas y reuniones reducidas en esos espacios. El mensaje “Quedate en casa” se había prolongado demasiado tiempo. Las personas se quedaron en su casa, pero empezaron a reunirse; un aislamiento tan estricto era insostenible. Las recomendaciones sobre ventilación y las ventajas del aire libre llegaron tarde. Se había llenado de mensajes de pánico, culpa y denuncia y había faltado información. Tiempo después, las salidas fueron permitidas de manera oficial, y el triunfalismo fue dejado de lado. El velo se corrió, aunque muchos continuaban sin aceptarlo. Argentina llegaba a los primeros puestos de muertos por millón de habitantes y a los de máxima caída del producto bruto interno (pbi) en el mundo.

El colmo de la violación a los derechos de los niños llegó con el caso de Abigail Jiménez, una niña de 12 años con un cáncer avanzado en los huesos, que tuvo que ser llevada en andas por su padre, porque la policía de Santiago del Estero les impedía el paso desde Tucumán, adonde habían ido a tratar su dolencia. Abigail estaba recibiendo cuidados paliativos, es decir, una serie de intervenciones destinadas a menguar su dolor físico y emocional y contener a su familia. Provocarle el llanto y más dolor físico por no permitir que cruzara en el auto con su padre fue el sumun de la indignidad. Abigail falleció el 31 de enero de 2021.10 A principios de ese mes, habían llegado otras vergonzosas noticias desde Santiago del Estero: la policía había llevado a una niña de 10 años a la comisaría por no utilizar barbijo.11 La situación fue denunciada por los padres ante una fiscalía, mientras que las autoridades se defendieron aduciendo que solo llevaron detenida a una mujer de 20 años por la misma razón, y que la niña estaba acompañando.

Mientras escribo estas líneas, se está denunciando que en la provincia de Formosa los sospechosos de tener covid-19, entre ellos muchos niños, son encerrados contra su voluntad en centros de aislamiento. Lo paradójico, además, es que varios de esos centros funcionan en escuelas. Las concejalas que denunciaron la situación fueron detenidas.12 El secretario de Derechos Humanos Sergio Pietragalla viajó a la provincia y declaró que no encontró “violación sistemática de los derechos humanos”.13

      La política educativa

      Si el encierro se dejó paulatinamente de naturalizar, no pasó lo mismo con otro aspecto central para la vida de los niños y los adolescentes. El 15 de marzo, el gobierno nacional había resuelto la suspensión de las clases presenciales (en principio, por el plazo de catorce días), después de afirmar que no cerrarían escuelas, porque eran un lugar clave de contención social. Sin embargo, la incertidumbre mundial llevó a la mayoría de los gobiernos a tomar esa decisión. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), para abril de 2020, 191 países habían tomado la medida de cerrar sus escuelas. El problema fue que, mientras la evidencia iba llegando, no hubo intención de cambiar el rumbo o al menos diferenciar políticas según espacios regionales. En algunos puntos del país había escasa o nula circulación del virus, pero igual las escuelas estuvieron cerradas durante meses. La suspensión se había prorrogado sin ofrecer ninguna certeza ni diagramar un plan alternativo de clases presenciales.

Fue necesario entonces modificar la Ley de Educación Nacional para que se otorgara una habilitación expresa a que los menores de 18 años recibieran educación virtual. Esta situación motivó una discusión sobre los problemas de acceso a la virtualidad en los que se procuró garantizar la conectividad. En mayo, el presidente Alberto Fernández declaró que pensar en un regreso a clases presenciales no era prioridad y pidió: “Que [los chicos] me manden dibujitos por Twitter”.14 Para mediados de año, el tema estaba totalmente ausente de la agenda pública y el Consejo Federal de Educación decidió eliminar las calificaciones.

      El gobierno nacional resolvió oportunamente otorgar subsidios a jardines maternales, los más afectados por el cierre de la presencialidad. Sin embargo, muchos jardines maternales o espacios de primera infancia quedaron fuera, y la diputada Carla Carrizo (ucr) impulsó y logró sacar una resolución de la Cámara para nominar a todos los espacios de primera infancia como jardines y así ampliar los subsidios. Cientos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas de todas maneras. Los transportes escolares también se vieron afectados.

      En agosto de 2020, comenzaron a llegar datos oficiales sobre al menos un millón de alumnos con discontinuidad educativa. La diputada Brenda Austin (ucr) presentó un proyecto de ley de emergencia educativa con un plan de medidas concretas para redireccionar recursos, mejorar infraestructura, retomar nombramientos y reducir la brecha digital. Fue acompañado por otros diputados de su interbloque, y el proyecto tuvo versiones en doce provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Chubut, Mendoza, Chaco, San Luis y Tucumán. El oficialismo no dio quorum para tratar el proyecto en sesión especial. En reuniones de la Comisión de Educación, también se negaron a despacharlo. El oficialismo accedió a tratar dos iniciativas con el fin de paliar la brecha digital para garantizar la gratuidad de las plataformas edu.ar, pero no lo llevó al recinto. Algunas legisladoras del oficialismo, como Blanca Ossuna y Mara Brawer, sí se mostraron involucradas con el tema educativo, fundamentalmente con el seguimiento de las trayectorias discontinuas.

El 26 de agosto, la Fundación Alem lanzó el plan “Volver a las aulas”.15 La fundación había hecho un encuentro previo en el mes de junio con los ministros de Educación de las provincias de Mendoza, Corrientes y Jujuy para conversar sobre la continuidad pedagógica. El plan elaborado por la especialista