El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia. Gerardo Barbosa Castillo

personal de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares (Agencia EFE, 11/07/2018).

      Ante este hecho se pronunció María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, recordando que la Comisión no puede atribuir responsabilidades individuales y que existe una prohibición expresa para ello. José Obdulio Espejo, uno de los críticos de la solicitud del padre De Roux, manifestó que este hecho mostraba un sesgo entre los comisionados a la hora de reconstruir la verdad del conflicto (El Espectador, 12/07/2018). Ante la controversia, el presidente de la Comisión decidió retirar el punto solicitado.

      Luego de esta decisión, Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia, consideró que “la Comisión tiene plenos poderes para acceder a todo tipo de información, incluso a la que compromete la seguridad nacional”. Por tanto, manifestó que “a pesar de ser un mecanismo extrajudicial, las autoridades no pueden oponerse a la entrega de toda la documentación que solicite y no solo la que pueda hacer referencia a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH” (El Espectador, 12/07/2018).

      Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos ordenó al Ministerio de Defensa facilitar el conocimiento sobre hechos que aporten al conocimiento de la verdad y restringir lo que atente contra la seguridad nacional. Luis Carlos Villegas, el entonces ministro de Defensa, y Francisco de Roux definieron el tipo de material que iba a ser recibido por la Comisión.

      Citando el Decreto 588 de 2017, el padre De Roux manifestó que tienen “la facultad de llegar a toda la información, que incluye información reservada, la de inteligencia que se requiere para alcanzar el conocimiento de la verdad”. Además de las Fuerzas Militares, la Unidad de Víctimas, la Procuraduría y la Fiscalía hacen parte de las entidades a las cuales les han realizado este tipo de solicitudes, teniendo en cuenta, según lo señaló en ElPais.com, la privacidad absoluta de todo y “el diálogo entre las instituciones del Estado, respetando el lugar de cada una” (El País, 22/07/2018).

      De esta forma, la Agencia Nacional de Tierras puso a disposición 35.000 cajas de expedientes, los cuales servirán para que los comisionados dispongan de un acervo de documentación sobre la relación entre las tierras y el conflicto armado. La metodología pensada para los diferentes procesos de acceso a la información está orientada a la transparencia en la información, la apropiación pública de la documentación, de los testimonios, de las diversas fuentes para el conocimiento de lo ocurrido (El Espectador, 01/08/2018). Al respecto, la comisionada Alejandra Miller afirmó: “[Q]ue esto no sea solamente la tarea de construir un informe –que es lo que vamos a hacer al final del mandato–, sino que el proceso mismo contribuya a que nos apropiemos de la verdad como un bien público, para que se entienda qué significa la verdad, cuál es el aporte de esa verdad a la construcción de la paz” (El Espectador, 09/09/2018).

      Sin embargo, y pese a estar consignado en el Decreto 588, el pasado 18 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública por la propuesta del representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez, en búsqueda de restringir documentación reservada a entidades como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ante este hecho, el presidente de la Comisión se pronunció, y aseguró que “este proyecto de acto legislativo viola el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer la verdad”, y que si esa posibilidad se vuelve constitucional, se rompería el Acuerdo de Paz, con la imposibilidad de llegar a la verdad (El Espectador, 18/10/2018).

      Cada uno de estos escenarios lleva a concluir que lo relacionado con comisiones, que a lo largo de la historia reciente de Colombia han buscado identificar y describir las causas y el desarrollo del conflicto armado, han enfrentado diversidad de retos e inconvenientes, particularmente en lo relacionado con el acceso a ciertas fuentes de información. Además, otro tipo de circunstancias generan particularidades que, en principio, dificultan el proceso, como la transición presidencial, marcada por diferencias de fondo frente al proceso de paz. Ese múltiple escenario de complejidades en la aplicación de la justicia transicional y, en particular, del desarrollo de comisiones de verdad ha sido estudiado en perspectiva comparada y muestra que lo que se vive en Colombia en ese sentido no es del todo inédito y es de esperarse que se enfrente un camino de dificultades para el logro de una paz estable y duradera (Van der Merwe, Baxter, Chapman, 2009).

       D. Instalación de la Comisión de la Verdad de Colombia

      El 29 de noviembre de 2018 se dio inicio oficial al mandato de tres años que tiene la Comisión “para esclarecer los hechos más graves del conflicto armado colombiano”. En la ceremonia el padre De Roux, presidente de la Comisión, dijo que se había reunido con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y aseguró que “respaldaron el mandato de la Comisión de la Verdad. ‘Confiamos en su apoyo como oportunidad de pasar bien la página porque el texto del futuro se escribe sobre la verdad’” (El Espectador, 29/11/2018a).

      En esta misma ceremonia,

      representantes de víctimas de distintos sectores y regiones del país le pidieron a la Comisión de la Verdad que realice un trabajo colectivo e incluyente. Los invitados a expresar su compromiso con la verdad en este lanzamiento fueron: una indígena, un militante de la UP, una mujer trans, un policía víctima por minas antipersonas, una desplazada, un campesino despojado, un sargento del Ejército, una concejala líder de víctimas, un familiar de un empresario muerto durante su secuestro, una estudiante, un sacerdote, un excombatiente de las FARC y uno más de las AUC (El Espectador, 29/11/2018a).

      En algunas columnas de opinión se criticó la escasa presencia estatal, más allá del consejero para el Posconflicto y de algunos militares. Llegó a afirmarse que el Gobierno “pretende convertir la memoria del conflicto en credo político de uniformados y estrado de propaganda reaccionaria” (De la Torre, 04/12/2018). A esto se sumaron críticas sobre la reducción del presupuesto destinado para CEV, y no sobra señalar la polémica suscitada por la designación del reemplazo de Gonzalo Sánchez en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, controversia que a su vez es significativa y muestra la sensibilidad que existe sobre una designación tan importante.

      En los días previos a la instalación de la CEV y también luego de la respectiva ceremonia oficial del 29 de noviembre de 2018, se escucharon críticas al papel de esa entidad. Por ejemplo, el editorial del periódico El Colombiano señaló, en alusión al sesgo de izquierda con el que algunos califican a la CEV: “Y no es menor el desafío de lograr que esa verdad corresponda a los hechos, a la narración fidedigna de lo que pasó, en vez de hacer de ella un libreto para exoneración de responsabilidades y lavado ideológico de culpas según quien construya la verdad tenga afinidad con alguno de los principales actores de ese conflicto armado” (El Colombiano, 28/11/2018). De igual forma, columnistas como Darío Acevedo señalaron la “clara tendencia izquierdista” de la CEV y la calificó de “arrevesada e impertinente”, además de “fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico” (Acevedo Carmona, 03/12/2018).

      En este sentido, es vital y urgente conservar una línea de rigor metodológico e historiográfico que permita la expresión, el registro y el análisis del amplio universo que va desde los testimonios de las víctimas hasta la comprensión del desarrollo del conflicto. No se debe prejuzgar el trabajo de la CEV sino, por el contrario, hacer el seguimiento de su tarea y otorgarle el apoyo para el éxito de su labor.

       CONCLUSIONES

      Como dijo la revista Semana (17/11/2018),

      Llegó la hora de la verdad. A pesar de que la comisión no tomará caso por caso, apenas unos cuantos, los más representativos, servirán para explicar patrones y no solo situaciones. Cuesta arriba arranca la búsqueda del origen de la guerra y su posterior degradación.