El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia. Gerardo Barbosa Castillo

y Javier Giraldo Moreno encuentran la génesis del conflicto colombiano en las disputas agrarias de la segunda década del siglo XX. Para Molano (2015), por ejemplo, el conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado (p. 1), en especial en zonas cafeteras, donde predominaban el arriendo y la colonización de tierras baldías.

      En esta misma dirección, Giraldo Moreno sostiene que el acceso a la tierra es el factor crítico del conflicto en Colombia. “La carencia de tierras donde el campesinado pudiera cultivar alimentos y vivir de manera autónoma se traducía en la dependencia forzosa de las grandes haciendas”, con condiciones laborales muy precarias y que incluso llevaron, a inicios del siglo XX, al levantamiento de diferentes comunidades campesinas e indígenas, como la liderada por Manuel Quintín Lame (Giraldo Moreno, 2015, pp. 10-11).

      Un tercer grupo de expertos (Francisco Gutiérrez, Jorge Giraldo Ramírez, Gustavo Duncan y Vicente Torrijos) ubica el origen del conflicto armado interno en el período posterior al Frente Nacional, claro está, sin que esto signifique desconocer una visión más amplia o histórica de la violencia en Colombia. Giraldo Ramírez plantea que el origen de los actores que han protagonizado la guerra en Colombia se remonta a la década de 1960, caracterizada por una oleada revolucionaria que desde Cuba impactó por igual a los estados débiles de América Latina (Giraldo Ramírez, 2015, p. 7).

      Para Gustavo Duncan (2015), la extrema situación de exclusión que presentaba el país desde el último tercio del siglo XX es una de las causas fundamentales del conflicto interno. No solo hace referencia a la exclusión económica, sino también a la política y a la ausencia del Estado en las zonas periféricas del país. El Frente Nacional impuso serias restricciones a la competencia democrática, que sumada a las fuertes desigualdades en relación con la distribución del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra, creó un contexto en el que la violencia insurgente se presentó, para algunos sectores de la población, como el único camino para exigir cambios o reformas sociales.

      En cuanto a los factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto armado interno, se pueden observar algunos puntos coincidentes en los doce ensayos: “la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas o la presencia precaria y traumática del Estado en muchas regiones del territorio nacional” (Pizarro, 2015, p. 6), aspectos que constituyen un cúmulo de factores que han propiciado la construcción de una nación con distintos actores armados y políticos, enfrentados dentro de los diferentes hechos de violencia que se han presenciado a lo largo del siglo XX en Colombia.

      Siguiendo lo propuesto por Sergio de Zubiría, también es posible identificar las dificultades para el logro de las reformas sociales, económicas y políticas como otra de las variables explicativas del prolongado conflicto armado colombiano. “La valoración sobre el contenido de las reformas sociales, la actitud de los sectores dirigentes frente a su obligatoriedad y su posibilidad de convertirlas en realizaciones prácticas, son factores importantes para comprender los orígenes del conflicto” (De Zubiría, 2015, p. 17).

      Las causas del conflicto antes mencionadas han estado relacionadas con otras variables como la criminalidad, en especial desde la década de los ochenta del siglo pasado. Tanto el secuestro como el narcotráfico generaron nuevas dinámicas dentro del conflicto armado interno, aumentando la capacidad de acción y de impacto de los grupos guerrilleros, de las autodefensas y de los ejércitos privados al servicio del narcotráfico.

      Se puede observar, así, que las causas del origen y la prolongación del conflicto en Colombia son múltiples e interrelacionadas. No obstante, se debe resaltar que la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido el factor de violencia más constante y de mayor importancia en el país de acuerdo con el diagnóstico de los comisionados. De hecho, el primer punto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, presenta los esfuerzos y compromisos que se plantean desarrollar para generar una reforma rural integral.

      El propósito de elaborar un documento alrededor de lo ocurrido durante los años de conflicto en Colombia, que tenga en cuenta la diversidad de explicaciones dadas a lo largo de la historia y en la multiplicidad de fuentes y de voces, lo inició la CEV el 29 de noviembre de 2018, día en el que inició oficialmente su mandato. “En una emotiva ceremonia, su presidente, el padre Francisco de Roux, aseguró que la verdad ‘debe ser un bien público, un derecho y un bien ineludible’. Vamos detrás de una verdad que responda a todas las víctimas, una verdad dolorosa, pero necesaria, sin sesgos ni negociaciones, buscada con la mayor libertad posible, sin intereses políticos’, aseguró” (El Espectador, 29/11/2018a). Esta tarea no está exenta de tensiones y críticas pero también hay quienes señalan su pertinencia. El excomisionado de paz Humberto de la Calle señaló en artículo de prensa:

      Creo que es la comisión de las verdades. Porque precisamente no se trata de imponer una verdad sobre otra, que es otra de las dolencias que padecemos. Parte de la polarización actual es que nadie quiere ceder un ápice a la verdad del otro. Hubo masacres de un lado y del otro. Cada masacre, siendo de signo contrario, es sin embargo verdadera. Algunos piensan que es mejor el olvido. Barrer debajo de la alfombra y ya está. No es así. De la misma manera que en la justicia no caben las amnistías generales, hay que afrontar las verdades si queremos extirpar la semilla de la violencia (De la Calle, 30/11/2018).

       B. El Acuerdo de Paz

      Finalmente, y luego de un enfrentamiento de más de medio siglo, el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC-EP, acordaron poner fin al conflicto armado interno. Tal decisión implica, en primera medida, la terminación del sufrimiento que han causado los diferentes enfrentamientos armados y, segundo, el inicio de una fase de transición que contribuya a una mayor integración de los territorios, a la inclusión social y al fortalecimiento de la democracia, como se señaló en el Acuerdo Final, que contempla seis puntos:

      1. Reforma rural integral: la cual se enfoca en la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, creando condiciones de bienes y buen vivir para la población rural.

      2. Participación política: relacionada con la construcción y consolidación de la paz. Se requiere el fortalecimiento del pluralismo y la representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad.

      3. Cese el fuego, dejación de las armas y reincorporación de las FARC: tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP y la conversión de un actor válido dentro de la democracia por parte del grupo armado ilegal.

      4. Solución al problema de las drogas ilícitas: se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando el enfoque general de derechos humanos y salud pública.

      5. Víctimas: se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuya a la lucha de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales que contribuyan al escla-recimiento de lo ocurrido. Tal sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición.

      6. Mecanismos de implementación y verificación: al igual que el anterior punto, se crea una Comisión de Seguimiento,