El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia. Gerardo Barbosa Castillo

de ejecutar sus funciones de publicación de resultados en forma periódica trasciende su labor hacia la integración de sus ámbitos de acción para la sociedad en su conjunto. Esto posee especial significación si se tiene en cuenta que, aunque en el pasado se establecieron en el país diferentes tipos de comisiones para estudiar los distintos momentos de la violencia (Zuluaga Aristizábal, 2015), en esta ocasión se considerarán dimensiones novedosas como la territorial y la perspectiva de género y, lo que es esencial, se deriva de un acuerdo de paz. Esta responsabilidad que asume la Comisión generará diversidad de tensiones. Desde su misma concepción se plantearon opiniones contrarias y a partir de su funcionamiento formal en noviembre de 2018, sin duda se multiplicarán: “[…] la Comisión de la Verdad tendrá que escucharlos a todos, y atribuir responsabilidades históricas no será una tarea bien recibida” (Semana, 08/04/2017).

       C. Composición de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

      El 9 de noviembre del 2017 se anunció la conformación de la CEV con el objetivo de aproximarse a la “verdad no judicial sobre los hechos más atroces ocurridos durante el conflicto armado colombiano” (El Tiempo, 09/11/2017). El órgano encargado de su elección fue el Comité de Escogencia, integrado por José Francisco Acuña Vizcaya, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego García Sayán, designado por el secretario general de las Naciones Unidas, Claudia Vacca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, Álvaro Gil Robles, designado por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, quienes también hicieron parte del proceso de selección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP, organismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

      Para llevar a cabo el proceso de escogencia, se tuvo en cuenta la equidad de género, la diversidad étnica y cultural, y la transparencia y participación ciudadana, según lo dispuesto por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Acto Legislativo n.º 1 de 2017 y el Decreto 588 de 2017.

      Dentro de los primeros 34 preseleccionados se encontraban, por ejemplo, el integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, Federico Andreu, el director de esa entidad, Gustavo Gallón, y el historiador Mauricio Archila, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). La publicación de la lista de los preseleccionados de la Comisión produjo una conmoción política y mediática. El ex presidente Álvaro Uribe se pronunció, afirmando que la candidatura de Archila era una apología al terrorismo, acusación desafortunada que causó revuelo en redes sociales y en colegas y alumnos del historiador que rechazaron semejante señalamiento (El Espectador, 11/11/2017).

      Realizadas las entrevistas, el proceso de deliberación por parte de los integrantes del Comité de Escogencia llevó a la selección final. Se eligieron “once comisionados de la verdad –acompañados por un equipo interdisciplinario– que estarán en nueve regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores que de manera voluntaria aportarán información sobre los hechos más graves del conflicto” (El Espectador, 29/11/2018b):

      - Francisco de Roux, S. J. Trabaja con las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente del Magdalena Medio, donde dirigió el Programa de Desarrollo y Paz. Es filósofo de la Universidad Javeriana y magíster en economía de la Universidad de los Andes.

      - Saúl Franco Agudelo. Conoce las comisiones de la verdad de Sudáfrica, El Salvador y Guatemala. Es médico cirujano de la Universidad de Antioquia y magíster en medicina social, estudios adelantados en México.

      - Lucía Victoria González Duque. Trabaja en la resolución de conflictos sociales y armados en Medellín, en el contexto de milicias urbanas y narcotráfico.

      - Carlos Martín Beristaín. Trabaja en Colombia desde 1994 con distintas organizaciones sociales, iglesias, comunidades y víctimas.

      - Alejandra Miller. Ex secretaria de gobierno del Departamento del Cauca. Economista y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Desde 1998 ha conjugado su trabajo como docente con el activismo en el movimiento social de mujeres.

      - Alfredo Molano. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Francia. Ha publicado numerosos libros sobre el conflicto en los territorios. Columnista de El Espectador.

      - Carlos Guillermo Ospina. Militar retirado, abogado y administrador de empresas. Lidera desde 2013 la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado.

      - Marta Cecilia Ruiz. Periodista. Especialista en cubrimiento de la guerra en Colombia, las políticas de seguridad, las violaciones de derechos humanos, la parapolítica, el proceso de justicia y paz y las ejecuciones extrajudiciales.

      - María Ángela Salazar. Afrocolombiana. Coordinadora y vocera voluntaria de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia y en la Corporación Viva la Ciudadanía.

      - María Patricia Tobón Yagarí. Indígena con experiencia en la defensa de los derechos humanos. Abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

      - Alejandro Valencia Villa. Abogado y defensor de derechos humanos desde 1989. Fue asesor de recuperación de la memoria histórica “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”. A su vez, fue asesor de la Comisión de la Verdad del Ecuador y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.

      Para la selección de los once candidatos se tuvieron en cuenta, según la presidenta del Comité de Escogencia, Claudia Vacca, cinco perfiles considerados necesarios para lograr un eficaz funcionamiento de la Comisión de la Verdad: (1) académicos, (2) defensores de derechos humanos, (3) comunicadores y profesionales en arte y cultura, (4) expertos en trabajos de memoria histórica y (5) representantes de las víctimas (El Espectador, 09/11/2017).

      A partir del 8 de mayo de 2017 empezaron a correr los seis meses que la Corte Constitucional otorgó a la CEV para dar inicio formal a su trabajo, al declarar exequible la creación de esa institución. Durante este tiempo, los comisionados seleccionados se dedicaron a la creación del reglamento interno y a la metodología de trabajo para cumplir con su mandato. Dentro de sus principales actividades preliminares se destacan reuniones con víctimas, organizaciones sociales, excombatientes, grupos étnicos, entre otros (El Espectador, 06/05/2018). Según lo ha manifestado por diferentes medios de comunicación el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, el propósito es hacer presencia institucional en diez macrorregiones y 26 lugares. Además, se consideró también la creación de comisiones móviles por diferentes zonas del país.

      A pesar de los avances alcanzados entre mayo y noviembre de 2017, las polémicas por diferentes actuaciones de la Comisión no han dejado de aparecer. Entre ellas, la controversia surgida por la solicitud que realizó la CEV al Ministerio de Defensa sobre la entrega de archivos de inteligencia, informes y bases de datos, algunos de carácter reservado, desde 1953 hasta la fecha, los cuales servirían como insumo para esclarecer graves hechos del conflicto armado (El Espectador, 12/07/2018). Al respecto, debe tenerse en cuenta que según “lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, no son oponibles las reservas en materia de acceso a la información pública frente a las violaciones de los derechos humanos o infracciones al DIH”. Así, “en cumplimiento de su mandato, la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna” (Decreto 588, 2017, p. 11).

      Sin embargo, los militares retirados asociados en Acore sentaron su voz de protesta al considerar que la información solicitada no podría ser