Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz - Libro 1. Varios autores

actores armados obtienen ventajas estratégicas, tácticas u operativas sobre los territorios bajo su control, ya sea por la ocupación o por la acción estratégica que ejercen desde las regiones ocupadas (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016). Desde hace más de 35 años la guerrilla, y cerca de 20 años los paramilitares, hacen presencia en la región.

      La guerrilla de las Farc hizo su aparición en la zona a comienzos de la década de los ochenta, a través del Frente 31, y a partir de 1991, a través del Frente 26. La principal tarea fue la de retomar el control del corredor de movilidad que conduce al páramo de Sumapaz, a través del cañón del río Guape Norte y que comunica los departamentos de Meta, Huila y Cundinamarca. En 1983, a pesar de que la fuerza pública instaló una base militar en el casco urbano de El Dorado, la actuación de los grupos paramilitares fue pública y abierta. Al año siguiente del surgimiento de la Unión Patriótica (UP) en 1985, este partido logró resultados electorales importantes en las alcaldías de El Castillo, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016).

      Más adelante encontramos también que:

      Para las Farc, el Meta ha sido un importante centro de toma de decisiones políticas, un lugar de concentración del Estado Mayor del Bloque Oriental Embo- y del Secretariado, un epicentro de crecimiento de sus frentes y de sus finanzas y un territorio clave para la comunicación del centro del país con el oriente y las fronteras nacionales (ACNUR, s. f., p. 8).

      En efecto, la violencia en el Alto Ariari ha sido uno de los rasgos más distintivos de la radiografía del conflicto en nuestro país. Heredera de la intolerancia del bipartidismo, se recrudece “hacia los años 80, de la mano de la militarización de la región y bajo el amparo del Batallón 21 Vargas con sede en Granada y de la Séptima Brigada”, dando paso a la conformación o irrupción de varios grupos de autodefensas (AUC), algunas enviadas desde Urabá y otras organizadas en El Dorado, que se dedicaron a cazar a los comunistas y a sus aliados (López, 2004, citado por Gutiérrez, 2011, p. 13) y que entran a disputarse entre ellas y con las Farc el dominio de los corredores estratégicos y, en la región, las zonas más aptas para el cultivo, procesamiento y transporte de la coca (ACNUR, s.f.). Como lo mencionamos antes, su presencia también ha obligado a las comunidades al pago de rentas (extorsiones) a ambos grupos armados. En otros casos la población ha sido cooptada.

      En esta línea encontramos el hecho relacionado con la creación, hacia 1987, del grupo de autodefensas campesinas El Dorado: “En el año 87, en ese entonces, empezó a armarse la gente en el pueblo a defender. Ellos eran campesinos y empezaron a cuidar el pueblo, a armarse prácticamente para cuidar el pueblo” (Gutiérrez, 2011). Según Verdad Abierta, este grupo se encontraba a cargo de alias Libertador (2012).

      Según lo refiere el estudio sobre restitución de tierras de la Universidad Nacional y De Justicia (2016), es hacia 1992 cuando El Dorado logra la categoría de municipio, situación que desencadenó una oleada de violencia, motivada al parecer por los intereses territoriales, políticos y económicos que estaban detrás de esa nueva categoría. Además, se acentuaron los vínculos entre los grupos paramilitares con las autoridades locales y la población en general, algunos con relaciones de parentesco con comandantes reconocidos en la región (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 5).

      La dinámica de la guerra atraviesa durante varios años la vida del municipio. En medio de este panorama, se generaron múltiples hechos de violencia por parte de paramilitares y guerrilla. Durante los períodos 1997-1999 y 2002-2005, El Castillo y El Dorado presentaron una tendencia de homicidios superior a los promedios departamentales, la que coincide, además, con la estrategia de exterminio ordenada contra la Unión Patriótica (UP) en el país. A finales de la década de 1990, en el marco de la negociación con el Gobierno, las Farc realizaron varias acciones contra pobladores de El Dorado y mantuvieron una actividad organizada en condiciones militares y logísticas aceptables. Asimismo, aprovecharon la cercanía con la “zona de despeje”. En forma paralela, se dio la llegada de la Casa Castaño al Meta (masacre de Mapiripán en julio de 1997) y, posteriormente, el ingreso del grupo paramilitar coincidió con la alcaldía de Euser Rondón (1998-2000), “líder” local con afinidad a Carranza, quien autorizó la entrada. El paso de autodefensas locales a Frente Ariari se justificó en razón de la existencia de los diálogos entre la guerrilla y el Gobierno, y se configuró en una estrategia militar para rodear la zona, controlar los ejes centrales del departamento y asegurar la expansión paramilitar y la injerencia política e institucional (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 6).

      Tanto la vigencia como la finalización de la Zona de Distensión incidieron en el teatro de la guerra que experimentaba la región. Según ACNUR (s. f.), mientras existió esta zona (1998-2002) se produjo una reorganización en el accionar de los actores armados: por un lado, las autodefensas se expandieron y acrecentaron sus dominios hasta crear anillos en varios municipios del departamento para rodear a las Farc, mientras que, por otro lado, esta guerrilla aprovechó la desmilitarización de la región y, en confrontación con las autodefensas, entró a disputar varios territorios y a fortalecer sus finanzas con el incremento de los cultivos de coca en la Serranía de la Macarena y en Vistahermosa.

      Más adelante, con la finalización de la Zona de Distensión se produjo el despliegue de tropas de la Fuerza Pública para recuperar la zona. La guerrilla buscó mantener su dominio político en algunas zonas y se consolidó en la región la presencia del proyecto paramilitar. Esta reorganización de los actores armados afectó directamente al municipio, pues “se produjeron muertes como consecuencia de los enfrentamientos entre estas dos agrupaciones ilegales y homicidios contra las bases sociales del bando contrario” (ACNUR, s.f., p. 6).

EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN IDEOLÓGICA

      Otra de las particularidades históricas que ha caracterizado la región, a causa de la violencia inicialmente bipartidista, han sido las diferencias y rivalidades ideológicas que han existido entre la población campesina de El Dorado y la de El Castillo, pero también la ocurrida en el interior del municipio entre los que viven en las veredas rurales (Caño Amarillo, San Pedro y Alto Cumaral) –de quienes se afirma que “han tenido contacto con grupos ilegales de guerrillas liberales”– y los habitantes de la cabecera municipal (El Dorado), quienes desde su fundación crearon grupos ilegales conservadores (paramilitares) para proteger el territorio” (Gutiérrez, 2011).

      El municipio de El Dorado históricamente ha recibido la connotación de ser de ultraderecha y ha permanecido en conflicto directo con el municipio de El Castillo y otros municipios aledaños con presencia de las Farc (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014). El CNMH sostiene que esta es otra de las cuestiones que demarca la vida en la región y el municipio, que permite o anula oportunidades de relación entre sus pobladores e incluso define fronteras y líneas imaginarias o reales de relación entre municipios. Se trata de un “proceso de regionalización ideológica”. Es decir, es una práctica forjada históricamente en muchas zonas rurales de nuestra Colombia mediante la cual se clasifica o califica negativamente a los pueblos como “pueblos de guerrilla” o “pueblos de paras”, “pueblos de izquierda” o “pueblos conservadores”.

      Con esto, los actores armados (legales o ilegales) pretenden legitimar las atrocidades cometidas hacia la población civil; es decir, pretenden con ello justificar lo injustificable: sus acciones violatorias a los derechos humanos y sus infracciones al derecho internacional humanitario (CNMH-UARIV, 2015). Una noticia de 2004, publicada en El Tiempo, muestra los excesos de esta regionalización ideológica ocasionada