Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz - Libro 1. Varios autores

transformó la estructura de la propiedad de la tierra y el minifundio fue reemplazado por propiedades más extensas, aptas para la ganadería y adquiridas a bajo costo, debido a la dinámica del conflicto armado. Esto benefició a personas foráneas, incluso a narcotraficantes y esmeralderos (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 7).

      La implementación de macro proyectos productivos o el macro proyecto del distrito de riego para el Ariari dan cuenta de esta transformación en la región. En todo caso, algunos de estos planes, amparados bajo el proyecto paramilitar, fueron presentados como “tabla de salvación” para los campesinos de la región (Gutiérrez, 2011). En este sentido, el CNMH señala

      que en el plano social, el paramilitarismo se presentó como alternativa de protección a quienes estaban inconformes con la presencia y el accionar de la guerrilla. Los paramilitares se publicitaron a sí mismos como los restauradores del orden, y presionaron a los civiles a tomar su partido. Sin embargo, lo que comenzaba siendo una oferta era susceptible de convertirse en amenaza si la población civil se mostraba reticente (CNMH, 2013, p. 40).

      Otra problemática son las dinámicas del crecimiento agrícola y de los cultivos comerciales orientados a la producción de biocombustibles, junto a la producción petrolera en municipios cercanos como Acacías, Castilla La Nueva y Puerto López, que resultan funcionales a la reconfiguración del territorio del Ariari (ACNUR, s. f.). En algunos de los informes se establece una relación directa entre el desplazamiento y los megaproyectos que se están implementando en la región: el Distrito de Riego del Alto Ariari (que ya habíamos mencionado), las exploraciones para extraer petróleo que en la actualidad se llevan a cabo (Gutiérrez, 2011). Como lo menciona el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que no ha sido reemplazado está en peligro de serlo por otras actividades como la ganadería extensiva, que se viene instalando después del desplazamiento y la guerra (CNMH-UARIV, 2015).

      Consideremos, enseguida, el riesgo del territorio del Alto Ariari por la exploración minera, que ha sido alto. Tal como lo mencionamos antes, a lo largo de la historia de colonización, la dinámica extractivista ha estado presente y el peligro persiste. Las alertas de amenaza sobre la región hídrica más importante del Meta siguen latentes.

      Ejemplos de ello se relacionan con intereses de empresas como Hocol (empresa de exploración y producción de hidrocarburos) de iniciar actividades exploratorias en la zona del río Güéjar. Los riesgos de la actividad petrolera sobre las aguas de los ríos más importantes de la región son grandes y se encuentran documentados (HBS Noticias, 2016). Es claro que gran parte de la fortaleza financiera del Meta se sustenta fundamentalmente en los recursos de regalías de la explotación del petróleo (llamado “oro negro”). El quiebre está cuando esta disposición tiene prelación y pasa por encima del derecho a permanecer en las tierras por parte de sus habitantes y colonizadores y con ello pone en jaque esta frontera agrícola del país (Santoyo, 2016).

      La existencia de numerosos títulos mineros que otorgan la concesión para explotar materiales de construcción, caliza, dolomita y demás concesibles, lo confirman. Las entidades beneficiarias son diversas. Por mencionar algunas, están: Consorcio RRR, Cootavosan, Ingeminera Ltda., Víctor Ernesto Carranza, Cemex Colombia S.A., SAER Arcila Bejarano, Compañía Minera M.L. Asociados S.A., Minaso S.A., Cementos Diamantes S.A., Grungni & Cia. Ltda. Además, existen 14 de los títulos que otorgan concesión entre 25 y 50 años. En un documento que figura en la web se sostiene que “en la actualidad existen 26 solicitudes de títulos mineros que se encuentran dentro del municipio de El Castillo, y en los límites con los municipios de El Dorado, San Martín, Granada y Lejanías” (“En riesgo el Alto Ariari”, 2015).

      Según el Informe del Observatorio Internacional de Desarme, Desmovilización y Reincorporación, son diversos los patrones de relación de los vínculos entre las empresas petroleras y los actores armados, por un lado favorecedores del trabajo de las empresas, mediante desplazamientos, amenazas o intermediación en conflictos entre grupos étnicos y las empresas, por otro mediante la utilización de modalidades más sofisticadas o indirectas, tales como la provisión de seguridad al interior de la nómina de las empresas, la administración de la oferta laboral, la seguridad a cambio de contratos o la captación ilegal de regalías (Observatorio Internacional de Desmovilización, 2013).

      Adicional a lo planteado, aparece otra gran problemática: la explotación minera y su relación con la familia Carranza. Según refieren pobladores, “la generación de empleo en el municipio está amarrada a la empresa que explota la mina de cal de propiedad de la familia Carranza, que, según versiones, fue el actor determinante para la llegada de los paramilitares a la zona” (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 7).

      No obstante este panorama, recientemente algunas iniciativas productivas resultan ser relevantes en la vida de El Dorado. Los relatos de los doradinos nos hablan de huertas caseras y agricultura orgánica en el municipio como prácticas que aportan tanto al sustento de las familias como a estrechar las relaciones en la comunidad, puesto que exigen el trabajo colectivo de distintos miembros del municipio. Estas prácticas, por lo demás, son vistas como fuerza para resistir a la violencia, pero también para alimentar una idea de progreso (Gutiérrez, 2011).

      Finalmente, en relación con la comercialización de los productos, nos encontramos ante otro importante recurso comunitario de orden organizativo y económico con el cual cuentan los doradinos: la conformación y funcionamiento de diversas asociaciones. En efecto, el municipio cuenta con organizaciones de comerciantes, cacaoteros, fruticultores, productores agropecuarios y piscícolas o asociaciones de víctimas como la Asociación de Desplazados – Asodemet, que promueve proyectos en favor de sus labores. También es cierto que los diagnósticos consultados subrayan la necesidad de fortalecer estas asociaciones organizacionalmente.

EL DORADO, PRÁCTICAS DE VIOLENCIA, AMBIGÜEDADES SOCIOPOLÍTICAS Y DEBER DE REPARACIÓN

      En este apartado queremos hablar del contexto sociopolítico. Es decir, hablar de la presencia y relación histórica entre diversos actores que en el municipio se disputan el control del territorio y la tenencia de la tierra. Hablar del ejercicio del poder y la resistencia entre lógicas dominantes y el proyecto de vida campesino. Hablar de las dinámicas del conflicto y de sus efectos en las formas de organización y resistencia de la comunidad. Miremos entonces estos elementos que dan cuenta de la dimensión sociopolítica y que hemos organizado en los siguientes temas: las raíces bipartidistas y su relación con los orígenes de la violencia; el proceso de regionalización ideológica; el ingreso y control del territorio por el zar de las esmeraldas; el programa de laboratorio de paz y la política de seguridad democrática; la ambigüedad en la relación comunidad-actores armados; la desconfianza hacia la institucionalidad y la cultura política en suspenso; las deudas con el deber de memoria; y, finalmente, los efectos sobre el proyecto de vida campesina. Miremos cada uno de ellos.

Las raíces bipartidistas, los actores armados y la violencia en la región

      El primer hecho está relacionado con la historia del departamento y del municipio, estrechamente vinculada con la colonización de los Llanos Orientales y con la violencia bipartidista de la década de 1950. Esta historia ha tenido y tiene repercusiones con respecto a la historia política del municipio. Justamente lo señalan así sus propios pobladores. La primera consecuencia que observamos se expresa en la recurrente tensión e incluso confrontación entre la dinámica abiertamente conservadora de la zona urbana del municipio y las dinámicas de algunas veredas (San Pedro y Caño Amarillo) y otros municipios señalados de ser áreas de influjo guerrillero.

      Aunado a esto, encontramos la segunda consecuencia: la presencia y accionar de los actores armados, y con ello una crítica situación de los derechos humanos y la infracción del derecho internacional de los