Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

la Democracia, corresponde hacerlo a la Justicia Ordinaria, en conformidad a lo prescrito en el artículo 305 del Código Penal, como vagos, por no tener hogar fijo, ni medios de subsistencia, ni ejercer habitualmente profesión, oficio u ocupación lícita, teniendo aptitudes para el trabajo»⁶⁹. Los abogados del gobierno, encargados de aplicar la Ley de Defensa de la Democracia, deberían asesorar a los jueces de Letras para que les aplicaran la ley en forma «integral». Poco después, el Jefe de Zona de Emergencia informó al Intendente que: «Decreto Supremo No. 3645, de fecha 22 de agosto próximo pasado (1949), por el cual se ordena el traslado a la localidad de Pisagua de los ciudadanos que a continuación se indican: José Tristán Barrera, Eloy Ramírez, Juan Simpertigue, Juan Molina, Ismael Vicencio, Lino Barrera, Epifanio Flores y Juan Flores»⁷⁰.

      Como se ha observado a lo largo del capítulo, estas detenciones respondían solo a la calidad de los imputados de comunistas y agitadores, calificativo asignado debido a su actividad sindical, como ocurrió con un militante de la oficina Mapocho tras una reunión de ese tipo. El Intendente de la provincia dejaba en claro la conexión entre la actividad sindical, la detención por subversión/agitación y el traslado a Pisagua: «Debo subrayar la participación, que en dicha reunión se atribuye al dirigente comunista Servando Araya, cuyo traslado a Pisagua sería conveniente y oportuno»⁷¹. Para entonces, el Jefe Militar de Pisagua era el Mayor electo (sic) Pereda Lucero, designado por el General Carrasco, en tanto Jefe de Zona de Emergencia⁷².

      Entre octubre de 1947 y fines de 1949, dos mil militantes comunistas fueron detenidos y repartidos por todo el país, en los lugares más apartados, en distintas categorías, ya fuera de trasladados, relegados o concentrados, siendo arrancados de sus zonas de trabajo o de actividad política. Las acciones del gobierno apuntaban a extirpar a aquellos definidos como una amenaza para la economía del país o la estabilidad de las instituciones, de aquellos centros donde participaban de las paralizaciones laborales, las manifestaciones públicas o en la prensa obrera. Por eso, un alto porcentaje fue expulsado del territorio carbonífero, de la región salitrera y cuprífera, de Santiago y dispersado a lo largo y ancho del país, erradicando a los identificados como cabecillas y agitadores de sus respectivos gremios, visualizados como agentes subversivos. El objetivo era moverlos de sus centros de actividad y enviarlos a lugares apartados, donde no pudieran continuar con sus actividades, rompiendo sus vínculos con las bases sociales. Para esa gran mayoría, el destino era la relegación.

      Para los cabecillas más conspicuos del comunismo y del movimiento sindical, el destino era Pisagua: «Los traslados no han sido jamás autorizados por el Presidente de la República en contra de la masa engañada y explotada, sino en contra de los militantes responsables del Partido Comunista»⁷³.

      El Jefe de la Zona de Emergencia de Tarapacá, General Guillermo Aldana, fue instruido por el Ejecutivo para la «organización del campamento de Pisagua», el cual fue custodiado por personal del Ejército perteneciente al Grupo A.C.1. Salvo, el que debería acondicionar el lugar para sus nuevos moradores. Para fines de marzo de 1948, según el informe del Jefe de Zona, había 30 carabineros y cuarenta hombres de tropa del Ejército para vigilar a los detenidos⁷⁴.

      Pisagua, describía el periódico Solidaridad, es un pequeño puerto, una «pequeñísima ciudad en ruinas, con escasos habitantes, situada en pleno desierto». Su bahía estaba cercada por altos y escarpados cerros. Poseía algunos edificios en muy mal estado y, aproximadamente, unos 200 habitantes, carentes de recursos hospitalarios, medicinas, víveres y agua potable apta para el consumo. Había una cárcel donde estaban recluidos algunos homosexuales, una pequeña plaza, un teatro, bastante deteriorado, y un mercado en similares condiciones. Existía luz eléctrica, pero limitada, pues fue necesario reparar el motor y restablecer la línea de alumbrado. Así describía este periódico de la resistencia a la ciudad de Pisagua, cuyo nombre se volvió sinónimo de campo de concentración. Tal retrato coincidía con los informes de las autoridades locales, las que, para mediados de los años cuarenta, notificaban que el Departamento de Pisagua y su puerto estaban en total decadencia, y de las 45 oficinas salitreras de su jurisdicción, solo funcionaba la oficina Aguada, a pesar de la escasez de pampas salitrales, mantenida por la decisión de patrones y trabajadores, y seis permanecían con instalaciones⁷⁵. La escasez de población había llevado a reevaluar la mantención de una tenencia de Carabineros en el lugar, dejando un sargento 1º a cargo, dependiente del Jefe de la tenencia de Huara. Este diagnóstico se mantenía a comienzos de 1947, cuando se reiteró la inconveniencia de nombrar un oficial en ese lugar, pues realmente era necesario en Huara y la oficina Victoria con una población trabajadora numerosa, lo que no ocurría en Pisagua. En 1945, el Gobernador de este Departamento advirtió al Intendente que Pisagua «prácticamente carece de viviendas y una buena parte de su población vive en condiciones inconvenientes, en inmuebles acabados casi por la polilla, por el desmantelamiento de maderas y calaminas, sin servicios higiénicos, etc., etc. Y son muy contadas las casas que puedan merecer este calificativo. Quedan algunas en condiciones de habitabilidad –que no pasan de la docena– y en ellas se encuentran instalados los servicios fiscales y las familias de los empleados públicos, (por lo que) se ha desencadenado la amenaza de desarme de propiedades»⁷⁶. Por eso, para el momento de los traslados fue necesario, sentenció el General Aldana, «transformar Pisagua, que es un “puerto en desarme”, en un sitio que contara con todos los elementos indispensables para la vida»⁷⁷.

      Ese lugar recibió a los trasladados, muchos de los cuales viajaron con sus familias, esposas e hijos, quienes también fueron llevados al sitio de detención. Según las Memorias del Presidente Gabriel González, a medida que aumentaba el número de trasladados fue necesario construir barracas, utilizándose también el hospital de la ciudad⁷⁸.

      Llegados desde los distintos puntos del país, en el Campo de Pisagua vivían separados de acuerdo a su procedencia: «Viven en barracas separados los trasladados de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Pedro de Valdivia, Chuquicamata, etc. La gente del carbón vive en miserables condiciones. Carece de ropa. No tienen dinero […] Pertenecen a regiones tan distantes, que los recursos y ayudas no llegan a ellos. Por lo tanto, son los más desamparados […] No saben de sus mujeres ni de sus niños, salvo aquellos que vinieron con sus familiares. Uno, de apellido Escobar, tiene nueve hijos. Fueron flagelados él y sus hijos en Lota y Schwager. Una mujer fue golpeada. Hay otros baleados en la isla Quiriquina. Otro fue torturado […] con el único objeto de arrancarle declaraciones acerca de dónde se encontraba Riquelme, secretario de la CTCH provincial»⁷⁹. Sumidos en la urgencia, los trabajadores del carbón solicitaron la formación de un «Comité Pro Defensa de los Trasladados y sus Familias», pidiendo leche, alpargatas, ropa interior, pues carecían de lo mínimo.

      De acuerdo a la información entregada por el Jefe de Zona, se usaron como dormitorios el club deportivo de la ciudad, el local de bomberos, el mercado, los cuales contaban con 400 catres del Ejército; las mujeres y las familias fueron enviadas al edificio del Hospital de Pisagua. A ello se agregaban «siete barracas construidas especialmente por la Zona de Emergencia […] con literas de madera»⁸⁰. Las barracas «de 6 por 12» contenían tres camas con colchones de paja y una frazada⁸¹.

      El informe del General Aldana, del 1 de marzo de 1948, consignaba para esas fechas que los detenidos en Pisagua eran 471 y sus familiares 157, lo que daba un total de 628 personas. Un mes más tarde (abril de 1948), las cifras eran 490 y 265 respectivamente, es decir, había 755 personas⁸².

      La organización de Pisagua como Campo recayó sobre el Jefe de la Zona de Emergencia de Tarapacá, General de Ejército Guillermo Aldana, pero quien vigilaba el movimiento de los detenidos era Carabineros. En noviembre de 1947 se ordenó la creación de una subcomisaría en «Pisagua solamente hasta que dure la permanencia en ese puerto de los dirigentes y militantes comunistas […] que fueron trasladados por el gobierno»⁸³. Las instrucciones dadas a los trasladados a Pisagua señalaban que no podrían salir del puerto y estarían «sometidos a estricta vigilancia por Carabineros, cuya dotación ha sido reforzada»⁸⁴. En un documento de septiembre de 1948, el Prefecto de Carabineros de Tarapacá, teniente Coronel Alfredo Muñoz Eyzaguirre, informó al Intendente de la