Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

ordenamiento jurídico, oponiéndose a normas que apuntaran a la restricción de la ciudadanía. En el caso de los socialistas, esta tendencia sufrió un retroceso entre 1946 y 1948, cuando colaboraron en la persecución, pero volvió a retomar su curso durante los años cincuenta, cuando se concretó la unidad de las izquierdas. En este sentido, si bien la crisis de 1948-1949 produjo efectos negativos –como sostiene Huneeus–, desde otra perspectiva favoreció una definición partidaria respecto de las libertades, el Estado de Derecho y los dispositivos coercitivos del estado.

      Los factores internacionales, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ejercieron influencia, pero sobre un conflicto que era esencialmente nacional. La injerencia estadounidense polarizó esa contienda, pues ofreció a los anticomunistas herramientas interamericanas para combatirlos, proceso que estaba en sus inicios, y agudizó la resistencia de los comunistas y sus intentos por impedir la hegemonía de Estados Unidos. A la vez, las tácticas estadounidenses potenciaron la intervención civil de las fuerzas armadas, aunque no las determinaron. No obstante, la lucha en distintos puntos del globo influyó las percepciones de los actores, las que utilizaron para argumentar o legitimar sus opciones.

      Siguiendo al historiador brasileño Rodrigo Patto Sá Motta, entendemos por anticomunistas a quienes combatían a esa ideología, el partido y sus adherentes, a través de la acción y/o el discurso, comprendido como la síntesis marxista-leninista que dio vida al bolchevismo y al modelo soviético. Su expansión mundial activó a sus opositores, los que se propusieron desarrollar una contraofensiva para detener la amenaza revolucionaria¹⁸. En el caso de Chile, Marcelo Casals ha propuesto que la amenaza comunista se superpuso a las tendencias contrarrevolucionarias decimonónicas presentes en las elites chilenas y al desafío del movimiento obrero, consolidándose en los años de la Depresión¹⁹, interpretación que compartimos. En ese sentido, el anticomunismo no refería exclusivamente a ese partido, sino también a los desafíos populares y sus aliados mediocráticos, anticapitalistas. Complementando las propuestas de Patto Sá Motta y Casals, este estudio analiza el anticomunismo en el marco del desarrollo institucional del país y en relación a los dispositivos represivos.

      Entendemos por militarización de la política la intervención de los militares en el debate y la acción política –actividades ajenas a su profesión–, lo cual provoca una desviación de su función social –la defensa externa–, irrumpiendo en ámbitos propiamente civiles²⁰. La militarización política puede implicar, de igual forma, la apelación de los civiles a un papel o función política de esos organismos. Así, la militarización social es el «proceso por el cual los valores, la ideología y los patrones de conducta militares adquieren una influencia en los asuntos políticos, sociales, económicos e internacionales del estado»²¹. En el período que analizamos, la circulación de ideas castrenses alcanzó amplia difusión, sacando a los militares de los cuarteles. Su forma represiva de solución del conflicto permeó el sistema político chileno.

      Nuestro marco temporal se justifica en la naturaleza del conflicto político en Chile (1938-1958), definido hasta fines de los cincuenta por la cuestión obrera. Hasta esa fecha, el movimiento obrero tradicional y el Partido Comunista fueron percibidos como la principal amenaza al orden capitalista existente y la resistencia de los trabajadores a su total domesticación. Esa amenaza se afincaba en la persistencia institucionalizadora de la izquierda, la fuerza que ella le ofrecía y su efecto estatal. La Ley Maldita, los decretos y las leyes de Seguridad Interior del Estado, de 1925 a 1932, y la de 1958; el tipo de acción policial ejercida por Carabineros e Investigaciones y la existencia puntual de «Campos de prisioneros» reflejaron ese sesgo del conflicto, dirigido a impedir un poderío incontrolable. Igualmente, esas normas e instituciones policiales hacían manifiesta la forma de combatirlo, toda vez que los dispositivos represivos estatales se adecuan al tipo de amenaza, a lo que se define como tal. El levantamiento popular del 2 de abril de 1957, inicialmente contra un alza de tarifa del transporte público, de características inesperadas y señal de los cambios que viviría el conflicto en los años sesenta, tuvo un efecto fundamentalmente político, no así sobre los dispositivos represivos. La forma utilizada todavía correspondía al período de estudio que cubre este libro. En ese sentido, Ibáñez cerró el ciclo iniciado en 1925.

      La narración de esta historia comienza con una descripción del Campamento de Pisagua en 1947-1949, en un intento por situar al lector en el momento en que los obreros y comunistas fueron denominados una amenaza revolucionaria, apresados y trasladados a ese puerto salitrero. El capítulo I describe su llegada y reclusión, los organismos de apoyo y ayuda con que pudieron contar, así como la resistencia del Partido Comunista desde la clandestinidad y de sus aliados en el espacio público. El capítulo no tiene un afán analítico, sino, expresamente, situacional, por lo cual recurre a numerosas y variadas fuentes primarias, rescatando a los sujetos en ese instante. Este trazo –suspendido en el tiempo– lo utilizo para interrogar, posteriormente, respecto de la relación del Campo de Pisagua con la evolución política del país desde 1938. Por eso, su descripción es la entrada al libro, destacando en él términos, fenómenos y procesos que se analizarán en los capítulos subsiguientes. Pisagua como síntesis de una multiplicidad de complejas corrientes.

      El capítulo II inquiere sobre el desarrollo de distintos anticomunismos y su vínculo con la Ley Maldita, en un marco de tiempo que excede el triunfo de Gabriel González y la presión norteamericana. Su apuesta es que la expulsión de los comunistas, a través de esa ley, debe pensarse en una periodización y proceso más amplio. El capítulo persigue situar la Ley de Defensa de la Democracia, revisando el período 1938-1948 desde tres aspectos. En primer lugar, el efecto del anticomunismo sobre el funcionamiento del sistema político, tanto respecto de la derecha como del Partido Socialista; la diferenciación entre anticomunismos doctrinarios y la opción represiva, toda vez que sostenemos que el anticomunismo no es sinónimo de represión, necesariamente. La ley es vista como un punto de llegada de diversos procesos. En segundo lugar, se ausculta la relación entre los anticomunismos y el estatismo económico-social que encarnaron el Frente Popular y las coaliciones de centroizquierda hasta la gestión de Gabriel González. Por último, instalamos la Guerra Fría dentro de las modificaciones que sufrió el sistema interamericano tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero como un proceso en construcción, buscando observar y ubicar a los actores en ese contexto específico.

      El capítulo III aborda el problema de la militarización política que se puede observar en Pisagua, explorando la participación de las fuerzas armadas en el conflicto político del país, a través de las Zonas de Emergencia desde 1943. Se busca determinar el impacto de la Segunda Guerra Mundial en materias militares en América Latina y los cambios que afectaron a las nociones de seguridad externa e interna. El capítulo recorre las Zonas de Emergencia, detectando las huellas sobre el profesionalismo militar, las relaciones cívico-militares y su politización. Finaliza con las Zonas de Emergencia que dieron vida a Pisagua.

      Una vez examinado el camino seguido por la política en los años cuarenta, nos aproximamos a una precisión histórica de Pisagua. El capítulo IV reflexiona sobre una posible definición del Campo que se creó allí, a partir de la evolución de los dispositivos represivos estatales y la influencia de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, explica por qué se le llamó «campo de concentración».

      El capítulo V evalúa la proyección del Campo de Pisagua y de la Ley Maldita, escudriñando la relación del gobierno de Carlos Ibáñez con el movimiento obrero en un contexto democrático, a la luz de las herencias dejadas por la experiencia de Gabriel González. Se reflexiona acerca del carácter de la amenaza y los efectos sobre los dispositivos represivos.

      El capítulo VI analiza la militarización del conflicto en la nueva fase de la Guerra Fría, bajo el giro autoritario del Presidente Eisenhower, en el marco de la Guerra de Corea, el golpe militar en Guatemala y su impacto en el sistema interamericano, y el estallido del Tercer Mundo, que modificaron el carácter del conflicto, la naturaleza del liderazgo estadounidense y la lucha contra el comunismo.

      El libro finaliza con un Epílogo, el cual aborda la derogación de la Ley Maldita y su reformulación en la de Seguridad Interior del Estado de 1958.

      1* Los nombres de entidades, organismos o colectividades institucionales, así como