Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

primas que podían servir a los Estados Unidos para su preparación bélica, en caso de emergencia internacional y retardar o paralizar esas producciones²⁶.

      La solución prevista por el gobierno fue la dictación de dos estados de excepción constitucional, Estado de Sitio y Zona de Emergencia, esta última contemplada para casos de ataque externo o conmoción interna, y que entregaría el control de esos lugares a las fuerzas armadas. Los considerandos del mensaje enviado al Congreso para obtener esas facultades extraordinarias afirmaban que «Es deber fundamental del Ejecutivo afrontar la situación, haciendo uso de recursos constitucionales que las circunstancias aconsejan para adoptar las medidas de vigilancia y de represión, autorizadas por la ley para resguardar el interés nacional»²⁷. En su visita a la ciudad de Temuco poco tiempo después, el Presidente afirmó que las Zonas de Emergencia decretadas y la restricción de libertades eran «facultades muy limitadas. Desde luego, solo a las zonas amagadas por el Partido Comunista: cobre, carbón y salitre y solo autoriza al gobierno al traslado de un punto a otro de la República a los comunistas. Se levantan las Zonas de Emergencia 15 días antes de las elecciones […] La crítica a las facultades extraordinarias es un error doctrinario. Yo asumo la responsabilidad de mis actos, porque amante de la libertad y de la democracia sé que con estas medidas de excepción estoy derrotando a aquellos que desean aprovecharse de nuestras libertades democráticas para establecer su propia tiranía totalitaria: la tiranía del Partido Comunista, la misma que acaban de imponer en Checoslovaquia»²⁸.

      Según las Memorias del General Guillermo Barrios Tirado²⁹, Ministro de Defensa del Presidente Gabriel González, el 3 de octubre de 1947 una directiva secreta de esa cartera fue enviada al Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, vicealmirante Alfredo Hoffmann y Jefe de Zona de Emergencia en las carboníferas, informándole que se ocuparía militarmente las minas del carbón, procediéndose «al apresamiento de los agitadores comunistas, según lista en poder de esa Jefatura, incluso del alcalde y regidores de Lota y parlamentarios de ese mismo partido»³⁰, a la vez que se ordenaba cancelar los permisos para cargar armas, las cuales serían requisadas. Se le informaba al vicealmirante Hoffmann que el día 4 de octubre se decretaría la reanudación de faenas, explicitándose las condiciones económicas que regirían, orden que de no ser acatada en 48 horas o si lo fuera en menos del 80% de la dotación de las minas, el Presidente dictaría un «Decreto Supremo de movilización militar y de cumplimiento integral del Plan Gamma»³¹. El 4 de octubre el decreto de reanudación de faenas fue emitido: «tropas de la marinería, Ejército y de Carabineros, al mando del vicealmirante señor Alfredo Hoffman, resguardarán el orden en toda la región afectada por este movimiento huelguístico y evitaran los sabotajes anunciados en las faenas»³². Los trabajadores rechazaron la orden de regreso al trabajo, argumentando que su huelga era legal y habían seguido todos los procedimientos contemplados en el Código del Trabajo.

      En la reunión sostenida con los oficiales y tropa de los regimientos Chacabuco, Guías y Silva Renard en la zona de Concepción, el General Barrios Tirado señaló que debía imponerse el principio de autoridad porque la lucha era contra una secta internacional y que el objetivo del gobierno era «la liquidación del comunismo entronizado en la zona (y) esperaba para el 4 el arresto de doscientos o trescientos cabecillas […] Se dispone de inmediato que se organicen patrullas de Carabineros, Investigaciones, Ejército, vestidas de civil, para proceder a la detención de quienes figuran en las listas entregadas por las compañías [para lograr el] arresto del máximo de individuos»³³.

      El 5 de octubre se cumplió la orden de militarización de la zona. De acuerdo a la información oficial, emanada del Ministro del Interior: «En el día de ayer, tropas de Ejército, Marina y Aviación tomaron el control de toda la zona carbonífera, y en las primeras horas de la mañana de hoy llegarán a Concepción los regimientos de Los Ángeles y Chillán; barcos de guerra llegaron a Talcahuano; fuerza de Aviación saldrá de Temuco con destino a la ciudad indicada en las primeras horas de la madrugada […] Todas estas fuerzas…harán respetar íntegramente el decreto de reanudación de labores. Se detendrá a todo aquel que, en obedecimiento a la consigna de producir la asfixia económica de la nación, pretenda entorpecer o dificultar el trabajo de los obreros»³⁴. Para evitar la paralización, las fuerzas de la guarnición de Concepción se desplegaron por el territorio, reforzadas por el destacamento andino de Los Ángeles y el Regimiento Chillán, unidades de la Armada y un número importante de aviones de la Fuerza Aérea, anunciados por el gobierno. Con el decreto de Zona de Emergencia se aisló a Lota y Coronel, coartando la libertad de movimiento, impidiendo la entrada y salida de personas consideradas sospechosas, mientras se despojaba a los sindicatos de su personería jurídica y de sus bienes, como una forma de evitar una resistencia prolongada. Así lo denunció el manifiesto publicado por el comando de la huelga: «Nuestros dirigentes se encuentran detenidos, nuestros locales clausurados; las radios y teléfonos, controlados; NOS TIENEN EL PUEBLO COMO CÁRCEL (sic), sin poder salir ni entrar de nuestra localidad. Nos amenazan con seguir tomando leyes represivas hasta con el más modesto militante de nuestros sindicatos. El comando hace un fervoroso llamado a las FUERZAS ARMADAS (sic) que tienen el control de nuestro pueblo, para que sepan comportarse como siempre lo han hecho, manteniendo el alto prestigio de Chile, garantizando el libre juego democrático de nuestras organizaciones obreras. Por nuestra parte, los trabajadores sabremos mantener la tranquilidad en el desarrollo de nuestro justo movimiento legal»³⁵.

      La militarización de la industria y región carboníferas sometió a los trabajadores al régimen disciplinario y judicial de las fuerzas armadas y se designó al General Santiago Danús Peña, Comandante en Jefe de la III División, como Jefe de Zona de Emergencia en Lota y Coronel, a la vez que se llamó a reconocer cuartel a los reservistas que habían realizado el servicio militar en 1946 y a los que tenían ciertas especializaciones, cuyos nombres figuraban en las listas confeccionadas por la Dirección de Reclutamiento e Instrucciones de las Reservas, debiendo presentarse en su regimiento o cantón de reclutamiento. Quien no lo hiciera sería pasado a los tribunales militares. Estos reservistas reemplazarían a los obreros paralizados. Simultáneamente, y responsabilizando al Partido Comunista de la mantención de la huelga carbonífera y las estalladas en otras partes del país, el Ministerio del Interior decretó la censura del diario El Siglo y otras publicaciones de ese partido e «Idénticas medidas se dispusieron anoche con respecto a otros puntos del país, pues el gobierno tiene informes sobre el traslado de agitadores comunistas a los puertos de Valparaíso y San Antonio, a Sewell y a la zona norte, donde pretenden hacer movimientos como el del carbón, cuya finalidad primera y última es, como se ha dicho, producir la asfixia económica de la nación»³⁶.

      Así, 18.000 efectivos militares desplegados en la zona del carbón procedieron a allanar los locales sindicales y deportivos, sedes de partidos, invadieron las viviendas de los obreros, provocando numerosas destrucciones, a la vez que la autoridad uniformada censuró a la prensa, prohibiendo noticias vinculadas a la huelga³⁷.

      Las fuerzas militares detuvieron a los denominados «cabecillas», cientos según el Ministro de Defensa, a quienes se les «internó» en pontones³⁸ o en la isla Quiriquina, pasándolos al juzgado militar. Mientras, mil nuevos contratados llegaban a reemplazar a los huelguistas. Los primeros detenidos fueron acusados de intentar impedir la entrada de los trabajadores a los piques: «Detenidos y allanados los 30 comunistas, se les encontró en su poder laques y cuchillas, siendo desarmados e inmediatamente relegados al sur del país. Los treinta comunistas eran dirigidos por Isaías Fuentes, exgobernador de Coronel; por Fidel Mellado, alcalde de Coronel, y por Humberto Pinto Pacheco, secretario del alcalde mencionado»³⁹. La esposa del Presidente de la República, señora Rosa Markmann, fue informada por el Jefe militar de la región carbonífera, General Danús, de la expulsión de numerosos obreros y profesores de la zona, por ser calificados de agitadores y subversivos: «Abdón 2º. Alarcón Barra: Detenido desde los primeros instantes por agitador, fue enviado al vapor Don Thomson, de donde pasó a la Cárcel Pública de Coronel, donde se le juzga por subversión. La familia evacuó el establecimiento con destino a Coronel, recibiendo la asignación respectiva. La esposa confesó ser dirigente del MEMCH [Movimiento pro emancipación de la mujer] y formar en los comicios»⁴⁰.

      De