Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

ley, denunciada como destinada a paralizar todo cambio social, siendo desconocedora de los derechos y libertades de las personas. El radical doctrinario Orlando Budnevich sostuvo: «Esta maldita ley hace desaparecer la libertad pública, como también la de expresar la opinión de palabra o por escrito […] Suprime, asimismo, el derecho a reunión, porque generalmente en cada una de ellas hay un agente de Investigaciones que lleva el soplo a sus patrones […] Esta ley también prohíbe el derecho o facultad para luchar por formas superiores de organización social. Es delito luchar por cambiar la fisonomía política del actual régimen. Priva también del derecho de solicitar o luchar por reivindicaciones económicas. Hacerlo es colocarse el sambenito del comunismo. El que lo hace es un rebelde en potencia, un revolucionario, un paria, en resumen, todo, absolutamente todo lo que da vida […] queda sometido al imperio de los legisladores»¹²⁶.

      Si bien uno de los objetivos más importantes del comité fue el cierre del Campo de Pisagua y la derogación de la Ley Maldita, sus logros fueron relativos. El balance del Comité, que mencionábamos anteriormente, resaltaba la liberación de un porcentaje de los presos, como el apoyo brindado en sus más diversos aspectos, y la lucha por la restauración de las libertades. Sin embargo, la liberación de los recluidos/trasladados en/a Pisagua se insertó en el contexto de las elecciones parlamentarias de marzo de 1949, como producto de la solicitud del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) radical al Presidente del cese de las medidas tomadas al amparo de las facultades extraordinarias, «especialmente aquellas de traslados de personas a determinados puntos de la República»¹²⁷, y el quiebre de la alianza que posibilitó la represión, el gabinete de administración. Ello significó el distanciamiento de un sector de los socialistas y de los radicales –ahora denominados doctrinarios– respecto del gobierno.

      La demanda del CEN radical, de finalizar las medidas tomadas por el Ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias, habría sido condicionada por el Presidente Gabriel González a que la Comisión Parlamentaria declarara el buen estado de los presos en Pisagua, desmintiendo el cargo de campo de concentración. Esta exigencia habría sido satisfecha, medianamente, por el diputado conservador Jorge Errázuriz, presidente de esa comisión, quien habría asegurado el buen estado de los trasladados. Después de ello, Gabriel González se habría reunido con todos los jefes de Zonas de Emergencia, a quienes les habría dado a conocer el informe verbal del diputado Errázuriz y su decisión de suspender todas las consecuencias de la Ley de Facultades Extraordinarias que establecían las zonas de emergencia, por lo cual quedaban sin efecto los traslados a Pisagua de los dirigentes comunistas, para que «el acto electoral de marzo próximo se realizara en un ambiente de la más absoluta libertad»¹²⁸. En la declaración oficial del gobierno, la cuestión de la calificación del Campo de Pisagua era fundamental: «El gobierno se había abstenido hasta hoy de hacerse cargo de la insistente campaña desarrollada por el Partido Comunista, en orden a que se había establecido un Campo de concentración en Pisagua, cercado con alambres de púas y sujeto a rigurosas medidas de apremio policial, [para] los agitadores comunistas que allí habían sido residenciados […]hecho que una comisión parlamentaria acaba de demostrar inexacto»¹²⁹.

      A raíz de tal decisión, «el campamento de relegados de Pisagua ha desaparecido teóricamente, de acuerdo con las disposiciones del gobierno y las medidas adoptadas por el Intendente de Tarapacá y el Gobernador de Pisagua. Ayer, los trasladados en Pisagua y otras localidades de la provincia fueron notificados que quedaban en libertad para trasladarse adonde ellos desearan y que las resoluciones del gobierno adoptadas en su contra quedaban desde ese momento sin valor alguno»¹³⁰. Tras esa orden, las autoridades regionales pidieron instrucciones para el «traslado» de los presos desde Pisagua a Iquique y desde allí a sus lugares de procedencia. Los decretos que ponían fin a las «relegaciones» fueron emitidos el 28 de enero y los primeros en ser liberados fueron los «trasladados» que se encontraban en el Hospital de Iquique, por encontrarse enfermos. Al ponerse término a las facultades extraordinarias, los Intendentes y gobernadores reasumieron todas sus atribuciones, finalizando la autoridad militar¹³¹.

      En efecto, una vez terminadas las facultades extraordinarias concedidas al gobierno, los recluidos en Pisagua fueron liberados, pero con orden de relegación a otros puntos del país: «Se nos informa que los siguientes relegados, que hasta ayer se encontraban en Pisagua, han sido enviados a los puntos que se indican»¹³². Fue el caso del diputado Humberto Abarca, enviado a Quellón; Manuel Sasso a Puqueldón; Juan Vargas a Belén; Carlos Márquez a Castro; Lino Barrera, Alfonso Meléndez y Epifanio Flores a Caldera; Guillermo Gálvez, Marino Fontana, Julio Araya Porras y Ruperto Irarrázabal a Cochamó; Silvestre Guerrero, Luis Malbrán, Luis Mercado Cortés, Francisco Patiño, José Miguel Pizarro, Óscar Alejandro Rivera y Armando Rojo a Alhué; Eloy Ramírez, Juan Molina, Ismael Vicencio y Juan Flores a San Juan de la Costa. Los únicos realmente en libertad fueron Natalio Berman y un militante de apellido Quiroz¹³³.

      3.- Resistencia

      La represión puesta en marcha por el gobierno de Gabriel González y la Ley Maldita suscitó la inmediata organización de los comunistas y de los opositores a aquella y a las leyes de excepción puestas en vigencia. Todos entendían que «la SOLIDARIDAD (sic) con las víctimas de la represión es la primera forma de resistencia […] Es la urgencia de ayudar a los que hoy son arrancados de sus hogares, destituidos de sus empleos, privados de su libertad, trasladados a puntos del país […] mantenidos en calabozos o prisiones arbitrarias o, sencillamente, encerrados entre alambradas ya tristemente célebres»¹³⁴.

      En general se habla de resistencia para referirse a la disposición a combatir una dictadura, aunque también puede tratarse de un determinado régimen en el poder, contra el cual deben definirse objetivos a conseguir, los que pueden apuntar a su derrota, la negociación, el desmantelamiento total del orden creado, o solo parcialidades. Las resistencias pueden actuar de forma autónoma o en alianza con otras, y de ello, muchas veces, depende su éxito. Un aspecto importante es el espacio en el cual se desenvuelve la resistencia, si es el marco impuesto por la dictadura/régimen o fuera de él, lo que depende de si ciertas instituciones siguen existiendo y tienen, o no, capacidad fiscalizadora o de contrapeso, pues ello incidirá en la potencialidad y tipo de resistencias. Las que están fuera de la institucionalidad siguen lógicas distintas. Las resistencias pueden ser pasivas o activas; las primeras son aquellas casi privadas, no militantes, y se manifiestan en actitudes; las activas, en cambio, son más orgánicas: grupos de reflexión, partidos ilegales, organizaciones públicas, movimientos sociales clandestinos, grupos conspirativos¹³⁵.

      En este caso utilizamos el término resistencia para referirnos a aquellos que rechazaron en su totalidad las políticas de represión física (arrestos, relegaciones, torturas, internación en el Campo de Pisagua) como las leyes que suspendían los derechos y libertades garantizados constitucionalmente (facultades extraordinarias, Zonas de Emergencia, Ley de Defensa Permanente de la Democracia) y que se movilizaron en su contra, por su derogación. Es decir, resistencias activas. A nuestro entender es posible hablar de resistencia toda vez que hubo expulsión de un sector político, en el marco de la suspensión de los derechos constitucionales, pretendidamente legitimados en los estados de excepción. Sus militantes debieron pasar a la clandestinidad –un punto clave–, salvo sus parlamentarios, a excepción del senador Pablo Neruda, acusado de injurias al Presidente de la República, por lo que fue perseguido, debiendo huir del país. Entre quienes resistieron incluimos al Partido Comunista y agrupaciones como el Comité de Solidaridad y Libertades Públicas, al que ya hicimos alusión, y el Movimiento por la Paz, ambos de carácter pluriideológico. Asimismo, distintos tipos de resistencia, tanto la abierta como la clandestina, toda vez que, en el caso analizado, subsistió parte de la institucionalidad, ya que los partidos siguieron existiendo –salvo el Comunista que pasó a la clandestinidad–, el Congreso no fue clausurado y mantuvo una importante cuota de autonomía, y las orgánicas sociales fueron perseguidas, pero no cerradas, como la prensa, la cual solo pudo ser censurada. Todo esto permitió cierta oposición abierta, pública, para aquellos que todavía podían utilizar esas instituciones. Aunque fuera de la institucionalidad, hubo también una resistencia abierta de los propios recluidos en Pisagua. Expulsado del sistema político, el Partido Comunista, ilegalizado, resistió desde la clandestinidad.