La transición española. Eduardo Valencia Hernán

de la Asamblea como Joan Reventós, Josep Solé Barberà, Miquel Roca Yunyent, Josep Pallach, Anton Canyellas, Trías Fargas y Jordi Pujol. La importancia de este ciclo de reuniones tuvo su trascendencia, pues fue el preludio, meses después, del llamado Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC).

      El 3 de junio de 1975, tuvo lugar en Madrid una manifestación en protesta por un nuevo consejo de guerra en Burgos, esta vez contra cinco presuntos activistas de ETA: Juan Mª Zubimendi, Íñigo de Loyola Alcaín, José Antonio Garmendia Artola, Ramón Arrieta y Juan Bautista Lasa. Nadie suponía en aquellos días que las condenas dictadas, la mayoría de muerte, provocarían una reacción internacional tan desmesurada contra Franco y su gobierno, llegando la implicación incluso al Vaticano, donde el propio pontífice Pablo VI tomó la iniciativa exigiendo clemencia por los reos, acto que provocó una conmoción interna en el dictador de la que no se recuperaría.

      Pero, sin adelantar acontecimientos, en aquellos días también fueron noticia las declaraciones efectuadas por el exfalangista Dionisio Ridruejo desde Londres ante la BBC, desafiando al gobierno simplemente con sus propias autorreflexiones afirmando que en 1942 dejó de ser falangista por fuera y en 1947 por dentro, ya que la idea del falangismo se había disuelto lentamente para no ser más que una confusa constelación de hombres nostálgicos unos, utópicos otros, que creían que el pasado podía repetirse alguna vez. También sorprendía la valentía de ciertos sacerdotes de signo progresista, que expresaban sus ideas conforme al momento que se vivía, argumentando frases como que, si los curas se casaran, ya existiría la ley del divorcio en España. Así lo decía Antonio Aradillas, sacerdote y periodista, autor del «Proceso a los tribunales eclesiásticos».

      Sin duda aquellos meses comenzaban a ser para el gobierno un lastre difícil de llevar, pues todo parecía ir en su contra, más si sumamos el fallecimiento el día 13 del ministro secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, víctima de un accidente de tráfico. Aunque el cargo fue ocupado con rapidez por José Solís Ruiz que siguió en la línea continuista de su predecesor, era notorio que dentro del Ejecutivo había una sensación de provisionalidad en sus movimientos intentando dejar todo bien atado antes del irremediable final de un largo ciclo político.

      En pleno mes de junio, Felipe González Márquez, recién elegido secretario general del PSOE en Suresnes (Francia), fue entrevistado en Barcelona, preguntándosele:

      ¿Por qué el PSOE se ha mostrado tan reticente a los hechos regionales?:

«El PSOE —decía González— fue la primera organización de clase trabajadora que dio una respuesta a los problemas de las diferencias regionales y nacionales del Estado español. Desde hace más de 50 años propugnó una Constitución federalista. También es cierto que ha habido durante algunas décadas una práctica centralista de la que se ha hecho un serio análisis autocrítico, como se deduce de las resoluciones del último Congreso, yendo a una formulación que adecua perfectamente la definición estatutaria con la práctica política. Para nosotros hay una unidad sustancial de intereses a nivel de clase trabajadora como resultado lógico de la confrontación de esta con la clase poseedora. Respetando esa unidad sobre la que habrían de definirse las líneas maestras de una estrategia de clase, creemos en la necesidad y posibilidad de que haya una respuesta nacional y regional de carácter socialista a los problemas específicos de todas las zonas diferenciadas del Estado español.»445

      A primera vista, el mensaje del futuro presidente de la Nación fue esclarecedor, entendiendo que la estrategia a seguir por todo el movimiento socialista democrático en España iría supeditada a anteponer los intereses de la clase trabajadora a los problemas que pudieran ocasionar las diferencias regionales y nacionales dentro del Estado español. No obstante, la realidad fue otra, intercambiándose los objetivos previstos.

      De nuevo, sorprende que, bajo la insistente política de control y censura marcada por el gobierno, este admita bajo una aparente relajación en el control informativo la crítica formulada por el secretario general del PSOE y, por el contrario, sea cerrada a los pocos días la revista satírica El Papus por orden judicial durante cuatro meses.

En el ámbito académico el panorama era desolador. En Madrid, el profesor de economía Ramón Tamames (PCE) continuaba detenido, y los médicos internos y residentes (MIR) seguían en paro. Por otra parte, la Iglesia católica española estaba de luto por el fallecimiento de José Mª Escrivá de Balaguer446, fundador del Opus Dei, y no acabaría el mes sin una nueva desaparición, esta vez la del escritor y disidente Dionisio Ridruejo, víctima de un infarto de miocardio.

      Por suerte en nuestro país hay costumbres que no cambian pese a la dificultad de las circunstancias, y ese era el caso de las vacaciones estivales, que en pleno mes de julio representaba el fin del periodo político en la España oficial y el comienzo de un merecido descanso para el gobierno y la Jefatura del Estado. Sin embargo, aquel año iba a ser diferente en muchos aspectos y lleno de acontecimientos que harían cambiar el destino del país definitivamente.

      Fue ese verano, inicialmente destinado a la relajación informativa, en el que dio comienzo una carrera interna llena de obstáculos para preparar lo inevitable, la muerte del Generalísimo y el fin de un ciclo en la historia de España. En la calle, como si se intuyera el futuro, la presión de la lucha clandestina era cada vez más acuciante, como si se deseara ver la luz al final de un túnel, de un camino oscuro de casi 40 años que finalizaría en pocos meses, a pesar de que el propio ministro de Información, León Herrera, ante la rumorología insistente, desmintiese la probable sucesión en la Jefatura del Estado.

Todo indicaba que el fin del dictador estaba próximo, tómense como ejemplo el cambio en la forma de reivindicación política y sus preparativos organizativos en previsión de un próximo cambio de régimen. Las juntas, plataformas unitarias y otras organizaciones se multiplicaban por toda España; véanse como ejemplo las Islas Baleares donde se utilizó el concepto de Assemblea de les Illes como así muestra un documento editado en Palma de Mallorca en julio de 1975. La terminología usada para la consecución del derecho del pueblo balear a una auténtica democracia política fue a través del derecho natural a la libre autodeterminación en el marco de una federación democrática de las distintas naciones del Estado español, afirmando que las Islas Baleares constituidas por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, nacían del derecho de autodeterminación de estas unidades territoriales. En relación con la lengua, tanto la catalana como la castellana serían oficiales y se tendría como tarea primordial la redacción de un proyecto de Estatuto de Autonomía447.

      En Cataluña también se intuía un próximo cambio de régimen de tal forma que, en una reunión de la CCFPC, Convergencia Democrática, Esquerra Democrática de Catalunya, PSAN y del Reagrupament Socialista Democràtic se acordó unir esfuerzos con un solo mensaje de cara a la posible negociación con el resto de las fuerzas democráticas del Estado, dejando de lado a los demás socios no nacionalistas de la Asamblea:

«Manifestamos que en toda negociación con el resto de fuerzas democráticas del Estado español y sus nacionalidades de cara al futuro político, la posición catalana será mantenida en los siguientes términos: Será condición no negociable la constitución de un gobierno provisional catalán que en el momento de la constitución de un gobierno provisional democrático a nivel de Estado español, será reconocido, a la vez que serán negociadas sus atribuciones, que como mínimo serán las que configuran el Estatuto de Autonomía de la Generalitat de Cataluña, plebiscitado democráticamente por el pueblo de Cataluña, modificado y aprobado legalmente por las Cortes del Gobierno de la República Española y abolido por una ley franquista en 1939.»448

      A simple vista, esta declaración suponía la confirmación de un frente nacionalista mayoritario dentro de la propia Asamblea. Lo que cambió desde entonces fue la estrategia basada en conseguir los objetivos descritos en los párrafos anteriores mediante el esfuerzo movilizador y de lucha de la clase obrera.

El primero de agosto, el diario Tele/eXpres publicó la invitación formulada por Willy Brandt al sevillano Felipe González y a Enrique Mújica para reunirse con él en Alemania, tarea ardua y dificultosa por tener estos retenidos los pasaportes. La noticia pasó desapercibida entre otras más llamativas de carácter