La transición española. Eduardo Valencia Hernán

SCPAC, pidiendo la libertad de los presos políticos y la cancelación de responsabilidades de los exiliados políticos; el pleno ejercicio de las libertades democráticas fundamentales: libertad de reunión, expresión, asociación sindical y política, manifestación, huelga, etc., que garanticen el acceso efectivo del pueblo al poder económico y político; por la libre autodeterminación de Cataluña y de los demás pueblos de España; y por la coordinación, a nivel nacional, de la lucha obrera y otros sectores populares contra la injusticia social, la represión y por las libertades democráticas.

      En estos apartados no se hizo mención del Estatuto de 1932, afirmando con posterioridad su oposición a la constitución de un gobierno provisional en Cataluña, ya que este, como el de la República en el exilio, no tenía en ese momento papel que jugar. No obstante, pasado algún tiempo, el PSOE y la UGT aceptaron el tercer punto programático de la Asamblea.

      Mientras tanto, el mundo de la enseñanza estaba en crisis por el fracaso del reformismo planteado por la nueva Ley General de Educación que no daba solución a importantes aspectos educativos relacionados con el déficit de escolarización, debido en parte, por la insuficiencia de plazas escolares en los niveles de enseñanza media y universitaria, por la selectividad a todos los niveles, y por la insuficiente gratuidad de la enseñanza, calificándola de clasista y deformadora.

      Desde Cataluña, buena parte del mundo académico e intelectual identificado con el catalanismo reivindicaba la negación sistemática de los derechos culturales y el abandono del idioma autóctono en los centros de enseñanza, finalizando con la arbitrariedad en la selección y contratación del profesorado, que además tenía un bajo nivel de retribución económica. En la propia Asamblea, la frase «compañero, habla en castellano», no se utilizó frecuentemente, pero no era nada excepcional oírlo, ya que, lo más frecuente era hablar en castellano incluso por personas catalanoparlantes, sobre todo en un quorum de mayoría obrera e inmigrante.

      Por otro lado, el gobierno hacía lo que podía en su tarea intervencionista intentando liquidar o manipular a los Colegios Profesionales, que en aquellos días ejercían una fuerte influencia en la sociedad y en la economía, mediante el veto de algunos candidatos como los que se presentaban a las elecciones de la Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.

      En Cataluña, poco a poco, la mayoría de los intelectuales fueron aceptando las formas de lucha popular, sobre todo después de la constitución de la Asamblea Permanente de Intelectuales y Profesionales; no obstante, en lo que respecta a los medios de información, el avance en la libertad de expresión era insuficiente pese al esfuerzo de una minoría de periodistas que denunciaban la corrupción y la censura, encontrando en la difusión de la prensa clandestina la única respuesta.

Frente a estos, el Ejército y las fuerzas de orden público seguían siendo el baluarte más sólido del régimen y el principal instrumento represor frente a las actitudes de descontento, salvo honrosas excepciones como la Unión Democrática Militar (UMD). En definitiva, la estrategia del régimen se basó en la utilización de los órganos legislativos (Las Cortes) y el abuso de poder del dictador. El único objetivo era asegurar la supervivencia del sistema, mediante la maniobra continuista del príncipe Juan Carlos y con el aumento de la represión como la manifestación más explícita de esta voluntad. El propio ministro, Tomás Garicano Goñi, afirmaba que «Pensar que las armas de fuego no han de ser utilizadas es erróneo (…). Mientras el ciudadano disconforme no llegue a este convencimiento no habrá verdadero orden»318.

      Sin duda, toda esta política seguía al servicio de los intereses de una minoría económicamente prepotente que para mantener sus privilegios se había vendido al régimen; sin embargo, no todo dentro del entorno del poder era unitario, detectándose actitudes confusas de las que se podría desprender una cierta ilusión por una evolución del sistema hacia una democracia obviamente imposible.

En las relaciones exteriores, sorprendían las contradicciones entre los intereses de la oligarquía catalana, más abierta a Europa, y el inmovilismo político centralista que planteaba contactos y nuevas vías comerciales con los países del telón de acero. Tampoco se podían despreciar los grupos de extrema derecha, la mayoría de rasgos fascistas y apoyados en muchos casos por el propio régimen, que reprimían mediante la violencia cualquier manifestación contraria al orden político establecido. Entre estos grupos destacaban los Guerrilleros de Cristo Rey, los Comandos de Lucha Antimarxista, Defensa Universitaria y el Partido Español Nacional Socialista (PENS). Este último había sido fundado en 1970 en Barcelona por Jesús Poveda Mellado, que procedía de Murcia y que junto con una docena de jóvenes, en su mayoría procedentes del barrio barcelonés de la Verneda y de centros de enseñanza media en Badalona, empezaron a reunirse desde 1969, editando una revista titulada Orden Nuevo. Este movimiento de ultraderecha surgió en la clandestinidad y estaba muy próximo a otras organizaciones como Fuerza Nueva y CEDADE que actuaban violentamente contra la oposición democrática con total impunidad. Sus vínculos con el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, dirigido por el coronel San Martín —implicado más tarde en el 23 F— corroboraban la estrategia inmovilista del régimen para mantener los denominados valores del 18 de Julio319.

      312. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 105.

      313. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 164.

      314. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 44, 54, 164,

      315. FRC, AJR, «Asociación de Cabezas de Familia de Torre Baró», Carpeta 43, 1-1-1973.

      316. FRC, AJR, «Casal Catalá d’Angulema», Carpeta 76, 29-3-1973.

      317. AHCNOC, «Asamblea de Cataluña», Carpeta, 2-6-1973.

      318. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 29-39.

      319. CASALS, Xavier, «El PENS i l’extrema dreta a Catalunya, 1970-74», L’Avenç n.º 147, 1991, p. 20.

      La Iglesia y su relación con la Asamblea de Cataluña

      La Iglesia española en general fue marcando progresivamente su distanciamiento del régimen, y este, a su vez, reaccionó mediante maniobras de presión contra ella; tómese como ejemplo la sustitución del embajador del gobierno español ante el Vaticano. Sin embargo, fuera de todo este juego político, un gran número de cristianos abandonaron la pasividad que la iglesia oficial ofrecía, incorporándose a la lucha en defensa de los derechos fundamentales, de tal modo que movimientos asociativos como Iustitia et Pax pasaron a la denuncia pública del régimen.

      El historiador Agustí de Semir que en aquellos tiempos era el representante funcional del Grup Cristiá de Defensa i Promoció dels Drets Humans, en su artículo titulado «L’Església i L’Assemblea», describe con claridad cómo era esta relación en Cataluña publicando la opinión del propio arzobispo de Barcelona Marcelo González Martín expresada en una conversación personal con él:

«Yo creo —comentaba el arzobispo— que muchos de estos cristianos están equivocados en sus opciones ideológicas, pero en un país donde el derecho de reunión no se puede ejercer, la Iglesia ha de facilitar los medios para que este derecho se pueda ejercer sin que la Iglesia se comprometa en las decisiones que se puedan tomar en el ejercicio de este derecho.»320

      De estos comentarios se deriva un cambio de actitud relacionada con la posición neutral de la Iglesia catalana oficial ante las diferentes propuestas ideológicas y su defensa a ultranza del derecho de reunión; no obstante, esta posición cambió algún tiempo después cuando el nuevo arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany tomó las riendas del poder. Fue a partir de entonces cuando este, junto con el obispo de Urgell, Joan