La transición española. Eduardo Valencia Hernán

que se había puesto de manifiesto en la muerte de Manuel Fernández y del etarra Eustaquio Mendizábal, los casos de tortura como el del estudiante Miquel Josep Anduig Aldea, por el proceso contra Marcelino Camacho y sus compañeros donde el fiscal pedía 161 años de prisión, y por los consejos de guerra previstos contra tres obreros de la Térmica de Sant Adrián. Por otro lado, las actuaciones de la llamada «policía paralela», PENS, Guerrilleros de Cristo Rey, etc., contribuían a crear un clima de miedo y de inseguridad que en nada beneficiaba a las fuerzas de oposición.

      En julio de 1973, en un artículo publicado desde París titulado «Els Feixistes en Acció», la Asamblea denunció que algunos detenidos en los locales de la Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid fueron víctimas de agresiones, al parecer preparadas por inspectores de la Brigada Político Social que, dirigiéndose a los calabozos, golpearon con barras de hierro a los detenidos indefensos, en particular al obrero de la construcción de Madrid, Tranquilino Sánchez Alvarados y algunos jóvenes más. En declaraciones posteriores, el coronel Blanco, responsable de la DGS, afirmó haber perdido el control de la situación. Posteriormente, al ver el presidente del Tribunal de Orden Público, Jaime Mariscal de Gante, el lamentable estado de los detenidos; declaró el inmediato ingreso en Carabanchel de estos, aunque la orden no llegó a realizarse por la disconformidad del director de la cárcel. Finalmente, este incidente fue resuelto por el acostumbrado silencio gubernativo.

Frente a estos acontecimientos, la valoración del SCPAC fue la innegable y absoluta cooperación del mundo obrero con la Asamblea. La clase trabajadora, que era la abanderada en las manifestaciones de cierto relieve en toda España, debía tener su lógica relación con todo tipo de movimiento político favorable a sus intereses. Sin embargo, lo que no estaba tan claro era si se perseguían los mismos objetivos. Veamos la respuesta de un amigo del exiliado Pere Ignasi Fages después de haber visto un reportaje clandestino de la manifestación de Sant Cugat: «Bien, veo que hay muchos obreros. Y de catalanes, ¿cuántos hay?»340.

Aun así, los partidos de clase, principalmente el MSC y el PSUC, hicieron un esfuerzo por integrar a trabajadores de origen no catalán en un movimiento amplio que abarcara a todos los sectores antifranquistas de Cataluña. La frase ya consolidada en la Asamblea de que —es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña—, iba en esa dirección341.

Mientras que en Madrid Franco presidia la XVI Demostración Sindical deleitándonos con aquellos exuberantes movimientos gimnásticos que todavía conservo en la retina, en Barcelona el conflicto en la factoría SEAT se reanudó con un nuevo cierre de siete días y veinticuatro mil trabajadores en paro, aunque esta vez el conflicto no interfirió en absoluto en el desarrollo de los nuevos cambios institucionales a nivel municipal y nacional. En efecto, la ciudad condal estrenó un nuevo alcalde, Enrique Massó Vázquez342, siendo esta noticia el preludio de un acontecimiento político de gran alcance, según la prensa oficial. El 8 de junio el diario Tele/eXpres ofrecía en un titular la siguiente noticia: «Es inminente un hecho de gran importancia política», refiriéndose a un posible nombramiento en la Jefatura del Gobierno. La preocupación, según se decía, era evidente en el semblante de los ministros.

      Al día siguiente saltó la noticia del nombramiento del almirante Luis Carrero Blanco como jefe del gobierno por un espacio de cinco años, que como sabemos, no pudo concluir ni el primero, pues su proyecto concluyó con su propia muerte a manos de ETA en la ya conocida Operación Ogro. Su gabinete estaba formado por Luis Carrero Blanco (Presidencia), Torcuato Fernández Miranda (Vicepresidencia), Laureano López Rodó (Exteriores), Francisco Ruiz Jarabo (Justicia), Francisco Coloma Gallegos (Ejército), Gabriel Pita da Veiga (Marina), Antonio Barrera de Irimo (Hacienda), Carlos Arias Navarro (Gobernación), Gonzalo Fernández de la Mora (Obras Públicas), Julio Rodríguez Martínez (Educación y Ciencia), Licinio de la Fuente (Trabajo), José Mª López de Letona (Industria), Tomás Allende y García Baxter (Agricultura), Julio Salvador y Díaz Benjumea (Aire), Agustín Cotorruelo Sendagorta (Comercio), Fernando de Liñán y Zofío (Información y Turismo), José Utrera Molina (Vivienda), Cruz Martínez Esteruelas (Planificación y Desarrollo), Enrique García del Ramal (Relaciones Sindicales) y José Mª Gamazo (Subsecretario de la Presidencia).

      Este gobierno fue diseñado por Carrero para la irremediable transición que comportaría la próxima muerte del dictador, pero, a su vez, su fin era la continuidad del régimen, de ahí la pluralidad en parte de su composición, donde el elemento falangista pasaba a un segundo nivel de influencia en el gabinete.

      La respuesta de la oposición a la formación del nuevo gobierno fue de indiferencia, continuando por todo el país las movilizaciones de carácter laboral; así pues, ocho días después comenzó en Pamplona una huelga en la empresa Motor Ibérica, debido al despido de doscientos obreros. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente encerrándose los trabajadores en una iglesia en complicidad con el capellán de la parroquia. El gobernador civil ordenó expulsar a los huelguistas con métodos expeditivos, oponiéndose con firmeza a ese tipo de situaciones. Gran parte de las empresas de la zona se hicieron eco de la situación paralizando la actividad, calculándose alrededor de cincuenta mil personas las que participaron en solidaridad, produciéndose manifestaciones, detenciones, enfrentamientos con la fuerza pública y varios heridos.

      La Asamblea, en vista de la gravedad de los hechos, expresó a través de su Comisión en París su rechazo a la violenta intervención de la policía, señalando en uno de sus párrafos la situación cada vez más crispante con el régimen:

«Los vientos de libertad que soplan por las tierras de los pueblos de España acentúan en las castas dominantes el miedo del mañana (…). No se podían permitir el lujo de esperar la muerte de la momia en vida del Pardo por oficializar y garantizar la continuidad de la violencia institucionalizada como sistema de gobierno. En Pamplona, Carrero Blanco ha inaugurado su titularización de dictador (…).»343

En junio de 1973, dos noticias de alto alcance internacional llenaban los periódicos de gran tirada: la proclamación de la República en Grecia, destronando así al rey Constantino, y la finalización de un golpe de Estado abortado en Chile344, que fue el preludio del definitivo que se consumaría meses después.

      En España, siguiendo la costumbre estival, la actividad política oficial se detuvo hasta el nuevo curso político; relajación que, por otro lado, no influyó en la oposición, aunque sí varió su estrategia, trasladando a los festivales y a los artistas parte del protagonismo político. Mientras que el cantante Joan Manuel Serrat era detenido en Pamplona por apoyar las reivindicaciones laborales ocurridas en dicha ciudad, otras tantas detenciones se practicaron en las Sis Hores de Canet que en aquel año se celebró el día 4 de julio. Por esas fechas, diversos mensajes dirigidos desde el gobierno adelantaban la línea a seguir por el régimen en el nuevo curso político, acentuando el continuismo como característica principal de su gestión. El almirante Carrero Blanco pronunció un discurso con un trasfondo político de apoyo a la futura monarquía, anunciando que «Esta monarquía, instaurada con el asenso clamoroso del pueblo español, es una monarquía nueva.» Sin embargo, los tiempos estaban cambiando y esta vez fue la Iglesia la que acaparó el protagonismo crítico ante el inmovilismo imperante, y fue a través del cardenal Tarancón, que tomó posición con unas frases previsoras en cierto modo del futuro: «Contra el uniformismo inaceptable, se exalta un pluralismo que puede ser también inaceptable», refiriéndose, al parecer, al nuevo sistema de representación política asociacionista sin una base popular.

Por lo que respecta a Cataluña, unas semanas antes, a mediados de mayo, tuvo lugar la VI reunión de la CPAC con 124 asistentes representando a 54 delegaciones. De nuevo los trabajos sobre la II Sesión Plenaria se fueron desarrollando en medio de una fuerte polémica debido a las divergencias centradas en torno al Estatuto de Cataluña de 1932 contra el elaborado en 1931, en cuyo debate la Federación Catalana del PSOE tuvo cierto protagonismo como muestra del desacuerdo con las demás organizaciones catalanistas, al considerar dicha cuestión un tanto desfasada. Por el contrario, el MSC consideró este tema como «un punto esencial para la lucha democrática y socialista», añadiendo que quienes no lo comprendían defendían posiciones revisionistas y no revolucionarias345.