La transición española. Eduardo Valencia Hernán

El acto fue preparado por el SCPAC sobre la base de un organismo abierto, tanto en la nueva composición como en las formas de trabajo y de acuerdo con los principios aprobados en la asamblea. Los temas a tratar se centraron en la lucha a seguir por el «derecho a la solidaridad», acordándose un debate posterior sobre la solidaridad democrática entendida dentro del contexto de lucha contra la ilegalidad fascista. Con este fin se propusieron unas jornadas de lucha y reivindicación bajo el eslogan «Diguem no» para los días 8, 9 y 10 de abril de 1972, convocando diversas actividades de protesta en escuelas, institutos, universidades, iglesias, fábricas, etc. Posteriormente tuvo lugar otra acción definida como una «jornada por la libertad», explicitada como un proceso en marcha que la misma lucha unitaria iría desarrollando con la práctica de la desobediencia civil, asumiendo así el movimiento popular de rechazo a las normas que emanaban de una regla ilegal.

      A lo largo de la reunión la participación de los diversos representantes fue intensa, pues las 22 intervenciones realizadas dan prueba de ello, algunas de ellas contradictorias por parte de alguno de los delegados, aunque en el informe final la CPAC definiese esta actitud como:

«No haber entendido el espíritu y la letra de la Permanente teniendo una actitud suspicaz y que según en qué terrenos puede convertirse en elemento deteriorador. Precisamente, el esfuerzo de la Permanente es, en este aspecto, aclarar dudas, rechazar suspicacias e integrar.»284

      Por tanto, estaba claro que los representantes no afines a la línea marcada por la dirección dentro de la CPAC iban a tener poco protagonismo en el futuro de la Asamblea, llegando a ser meros espectadores dentro de esta plataforma unitaria.

      Otros aspectos destacables estuvieron relacionados con la adhesión a la «Conferencia Internacional contra la guerra en Indochina» que se celebró entre el 11 y el 13 de febrero de 1972 en Versalles. El texto decía así:

«La Comisión Permanente de la Asamblea de Cataluña reunida en sesión plenaria manifiesta adhesión y protesta internacional contra la agresión imperialista, apoyando incondicionalmente la lucha de los pueblos de Indochina.»285

      Cabe destacar que en aquellos días el conflicto de Indochina estaba en pleno auge debido a la Conferencia Internacional que se había convocado a tal efecto en París. La CPAC alentaba su solidaridad democrática con el pueblo vietnamita y su protesta contra lo que ellos denominaban la agresión imperialista. Incluso llegó a crearse una Comisión Unitaria de Solidaridad con el Vietnam. Efectivamente, el 12 de febrero de 1972 se convocó la Asamblea de la Paz en París con la asistencia de ochocientos delegados en representación de 75 países y entre sus conclusiones destacó la condena a la intervención de los EE. UU. en el conflicto vietnamita, resolución que coincidió con la entrevista en Pekín entre Mao Tse-Tung y Nixon.

Por otro lado, centrándonos en asuntos más cercanos, la CPAC tomó partido frente a la política educativa llevada a cabo por el gobierno recordando a la ciudadanía que las facultades de Filosofía y Ciencias en Barcelona seguían cerradas y que los estudiantes universitarios seguían en huelga. La Comisión denunció públicamente la ley de educación por su carácter discriminatorio y represivo, a la vez que impedía el acceso a la clase obrera a la cultura superior y que introducía la policía en la Universidad, expresando en consecuencia su total solidaridad con la jornada de acción del 14 de febrero contra la Ley General de Educación. Este asunto no resultaba indiferente al régimen pues, en ese contexto, cabría recordar que Franco en la inauguración del XII Consejo Nacional del Movimiento, respondía a tal efecto que el Consejo Nacional era el guardián de los principios e incitador de la acción política y que la subversión, o sea la oposición, buscaba en la juventud el campo propicio a sus objetivos disgregadores286.

Finalmente, la CPAC, después de leer un comunicado referido al sumario del estudiante Alfred Serrat Llerras, pendiente de juicio militar y preso en Zaragoza, hizo referencia a la estrategia de expandir la organización mediante la creación en distintas comarcas catalanas de las comisiones permanentes, cada una definida por su diferente localización geográfica. En ese sentido, en Lérida, se constituyó en febrero de 1972 la Comisión Permanente de la Asamblea de las Tierras de Lérida con la asistencia de unas setenta personas que representaban a colectivos procedentes de El Segriá, El Urgell, Les Garrigues, La Noguera, El Pallars y Alto Urgell, CC.OO., Comisión de Payeses, Jóvenes democráticos, Mujeres democráticas, FNC, PSUC, estudiantes, hombres de profesiones liberales y una delegación de la Asamblea. Asimismo, días después se celebraba una nueva reunión informativa en Balaguer, el 28 de febrero287.

      En todo el Estado las detenciones y juicios sumarísimos contra los «enemigos del régimen» se sucedían con asidua frecuencia. Solo bastaba leer los diarios para darnos cuenta de la situación y de la perplejidad con que se publicaban estas noticias en pequeñas crónicas detallando las numerosas detenciones y sus inevitables consecuencias. Véase como ejemplo la condena de dos años por distribuir propaganda ilegal del sacerdote obrero Carlos García Luenga, párroco de Barredos, en Laviana (Asturias); el procesamiento por el TOP del periodista Eliseo Bayo, y la confirmación de la sentencia y condena por el Tribunal Supremo del militante del PSUC, Enrique Leira Almirall. Por el contrario, los atentados perpetrados por la oposición se interpretaban, sobre todo en los órganos de comunicación del Movimiento, como una agresión contra la población española; ejemplo de ello fueron los tres atentados con explosión efectuados a finales de febrero de 1972 en diversos locales de la Falange y en los talleres gráficos TISA. Sorprendentemente, estas noticias llegaron a formar parte de la cotidianidad española que solo reaccionaba ante conmociones como la inminente retirada de los toros de Manuel Benítez, «el Cordobés».

En marzo de 1972, el SCPAC distribuyó un comunicado solidarizándose con el pueblo gallego ante la barbarie del asesinato de los obreros de la Empresa Nacional Bazán (El Ferrol), Amador Rey Rodríguez y Daniel Niebla García, y de una cincuentena de heridos. Al parecer, el 9 de marzo se produjeron algunos altercados en el desalojo de la factoría que se reprodujeron al día siguiente en la ciudad debido a las reivindicaciones de los obreros que protestaban por un convenio colectivo, siendo la causa principal del conflicto la decisión unilateral de la empresa de firmar un convenio general sin contar con el jurado de empresa. La manifestación se disolvió de forma contundente por las fuerzas del orden utilizando armas de fuego que provocaron la muerte de dos obreros y algunos heridos288.

      El Secretariado también informó del juicio contra Luciano Rincón por presuntas injurias al jefe del Estado en una publicación efectuada en la revista Ruedo Ibérico que se editaba en París, de la que Juan Goitisolo y Jorge Semprún formaban parte del Consejo Editorial. Estos hechos coincidieron con el nombramiento del cardenal Vicente Enrique Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal Española.

La llegada del mes de abril de 1972 no trajo nada novedoso en cuanto a nuevas acciones terroristas, esta vez perpetradas por ETA, ni tampoco a las manifestaciones realizadas en el mundo estudiantil, protagonizadas en aquellos momentos por las detenciones de tres estudiantes barceloneses del Instituto Milà i Fontanals, fruto de la movilización unitaria convocada los días 8, 9 y 10 de abril. Estas acciones, junto con la concentración ante la cárcel Modelo de Barcelona para entregar paquetes y obsequios a los presos políticos, fueron lo más destacado en aquellas fechas289 aunque los grandes titulares de la prensa oficial solo hicieran referencia a los masivos bombardeos sobre Vietnam del Norte o a la crisis acuciante de la política chilena, donde la cuenta atrás del fin del gobierno socialista de Salvador Allende290 se había puesto en marcha.

      En la crónica nacional, el caso Matesa saltó de nuevo a la actualidad por su relación con el Opus Dei, donde algunos representantes de este organismo que formaban parte del gobierno tuvieron que declarar a propuesta de los abogados defensores, José María Gil Robles entre ellos.

      El 13 mayo de 1972, una semana después de que Franco presidiera en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid la XV Demostración Sindical, tuvo lugar en Barcelona la III reunión de la CPAC con una representación cercana a los sesenta delegados. Como ya era habitual se nombraron las nuevas adhesiones a la Asamblea, encabezadas por PCE(m-l), Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), Partido Carlista Catalán (PCC), Grupos de Acción Carlista, y las organizaciones sindicales SOC y USO. También se