La democracia a prueba. Ciro Murayama

la elección presidencial de cada entidad y se remiten esos resultados al Consejo General del INE, que traslada el resultado de los cómputos nacionales al Tribunal Electoral, el cual tiene a su cargo, por disposición constitucional, la calificación de la elección presidencial.

      Así, desde cada célula de la elección –la casilla– se puede seguir la construcción del resultado de las votaciones con toda transparencia.

      Por supuesto, hay áreas de oportunidad para hacer menos onerosa y complicada la organización de las elecciones. Los cómputos podrían abreviarse si se contara con la urna electrónica de votación⁵⁵ y la capacitación hacerse más ágil si se dispusiera que en lugar de visitar a la totalidad de los ciudadanos sorteados, se visitara a un número suficiente de ciudadanos que garantizaran la instalación de la totalidad de las casillas programadas.

      Cualquier reforma para facilitar la organización de las elecciones deberá partir de la necesidad de mantener la autonomía de las autoridades electorales y de ir desandando el camino de la desconfianza, que ha hecho reiterativos y abigarrados los procedimientos electorales.

      III

      Padrón y geografía electoral: una persona, un voto

      * Este capítulo fue escrito con la colaboración de Gonzalo Olivares de la Paz. Farah Munayer Sandoval y Ángeles Plascencia Acosta ordenaron y procesaron la información estadística.

      Toda elección confiable empieza por disponer de un padrón de votantes confiable. Que quienes son convocados a las urnas sean ciudadanos en pleno goce de sus derechos, sin exclusiones arbitrarias, y que no haya posibilidad de que alguien sufrague más de una vez, constituyen condiciones indispensables para que los comicios sean legítimos. Ésta es una afirmación de Perogrullo que, sin embargo, no correspondía con la realidad en el México de hace tres décadas: la impugnada elección de 1988, que es el contraejemplo a partir del cual se edificaron en los años posteriores los procedimientos e instituciones electorales que salvaguardan el ejercicio del sufragio, tuvo múltiples fallas para dar garantías de certeza. Para empezar, existía un padrón electoral en el que había «rasurados», esto es, ciudadanos eliminados de la lista de votantes sin justificación jurídica y, en el otro extremo, aparecían como electores, que incluso sufragaban, personas ya fallecidas el día de la jornada electoral.

      No es casual que en 1990 la primera tarea que se le encomendó al recién creado Instituto Federal Electoral (IFE) haya sido la de confeccionar, desde cero, un nuevo padrón electoral bajo la vigilancia cercana de los partidos políticos, a efecto de evitar los vicios y distorsiones previos.⁵⁶ Desde entonces, a través del Registro Federal de Electores se ha mantenido al día el padrón electoral y, cada vez que se celebran comicios, la lista nominal de electores –conformada por los ciudadanos inscritos en el padrón que recogieron su credencial para votar con fotografía–, sin que el universo de votantes haya vuelto a ser motivo de encono político o reste credibilidad a los comicios.

      Además, a partir de 1992 se introdujo la credencial para votar con fotografía, de tal manera que no sólo se asegura que la lista nominal utilizada en las elecciones sea confiable, sino que se cuenta con un mecanismo de seguridad adicional que permite verificar la identidad del portador de la credencial y asegurar que se trate, precisamente, del ciudadano con derecho al voto en la casilla electoral correspondiente.

      La clave de la confiabilidad del padrón electoral en México ha sido la transparencia y claridad en los procedimientos que sigue el Registro Federal de Electores: cada ciudadano debe hacer directa y personalmente su trámite, llevar su acta de nacimiento y alguna identificación o dos testigos para darse de alta y se requiere de un documento como el acta de defunción, la notificación del registro civil del fallecimiento de un ciudadano o una sentencia judicial para dar de baja a un elector. A esto se suma la vigilancia permanente de los partidos políticos: existe una Comisión Nacional de Vigilancia, así como 32 comisiones locales –una por cada entidad federativa– y 300 comisiones distritales de vigilancia del padrón electoral. En los últimos años, el avance técnico y la inversión de recursos públicos en herramientas tecnológicas ha permitido, además, hacer cruces de fotografías y de huellas dactilares para evitar que una misma persona pueda tener más de una credencial para votar con fotografía con distintos datos.

      Para 2018, México contó con un padrón de alta cobertura y calidad, que fue auditado por expertos ajenos al Instituto Nacional Electoral (INE) y que, en las comparaciones internacionales, ha demostrado ser uno de los más robustos del mundo.

      Se dice fácil, pero mantener al día el padrón electoral en un país de más de 120 millones de habitantes y que alcanza casi 90 millones de ciudadanos es una ardua tarea para el Estado mexicano, que se hace a través del INE y que, en los hechos, posibilita que la credencial para votar se haya convertido en una confiable cédula de identificación ciudadana.

      Las tareas de organización de las elecciones se articulan a partir del padrón y de la lista nominal: sabiendo cuántos votantes hay y dónde viven, se determina el número de casillas a instalar y dónde hacerlo, la cantidad de boletas electorales a imprimir, etcétera.

      Ahora bien, además de garantizar que cada ciudadano pueda ejercer un voto y sólo uno en cada elección, es indispensable asegurar el derecho a la representación política en términos de igualdad para toda la población, esto es, que las circunscripciones o los distritos para los que se eligen representantes tengan un mismo número de habitantes. El tema no es menor, pues como ha señalado John Keane: en el lenguaje de la democracia la «manipulación de las circunscripciones electorales» es, «llanamente, fraude electoral».⁵⁷ Llega a ocurrir, incluso en democracias de larga tradición, como la de Estados Unidos, que en la delimitación de los distritos electorales se tomen en cuenta los resultados electorales, lo que da lugar a que los trazos de la geografía política se realicen con el afán de mantener áreas de clara influencia partidista.⁵⁸ Ese tipo de distritos, trazados de forma arbitraria y parcial, llegaron a adoptar formas en extremo atípicas, incluso similares al perfil de una salamandra.⁵⁹

      En México la definición del trazo de los distritos debe apegarse a los principios rectores de la función electoral, en especial al de imparcialidad. La Constitución señala que cada tres años se elegirán 300 diputados federales por el principio de mayoría relativa en igual número de distritos electorales federales, y que habrá 200 diputados de representación proporcional electos en cinco circunscripciones. A efecto de que cada diputado electo por el principio de mayoría represente a un número equivalente de mexicanos, y por tanto no haya sub o sobrerrepresentación política de la población, el mapa distrital del territorio nacional debe actualizarse periódicamente atendiendo a la distribución demográfica de los habitantes del país.

      La representación poblacional en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados –ya que en el Senado cada entidad federativa tiene el mismo peso–, está regulada en el artículo 53 de la Constitución, que a la letra indica: «La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría».

      La decisión de tomar como base el censo y no el padrón electoral tiene sentido: si bien la elección recae en los mexicanos mayores de edad, que son quienes conforman el padrón, la representación del Poder Legislativo es de toda la población, de la totalidad de los habitantes.

      Al quehacer de asignar los distritos electorales federales, que históricamente correspondió al IFE y luego de la reforma de 2014 recayó en el INE, se le agregó el deber de actualizar la geografía distrital electoral en las entidades federativas. Ésa fue una de las nuevas atribuciones del INE, que entre 2016 y 2017 se dio a la tarea de trazar un nuevo mapa distrital en cada entidad federativa, labor que implicó superar rezagos de años, incluso décadas en ciertos estados, donde había distritos con población varias veces mayor a la de otros, lo que distorsionaba la representación