La democracia a prueba. Ciro Murayama

única⁴⁸ en los procesos electorales concurrentes, es decir, cuando coinciden la elección federal y la local, como ocurrió en 30 entidades federativas el 1º de julio de 2018.

      La casilla única implicó que se ampliara el número de integrantes de cada mesa directiva, pues si antes bastaba con cuatro propietarios (presidente, secretario y dos escrutadores), se pasó a requerir seis (presidente, dos secretarios y tres escrutadores).

      Este cambio, que parece menor, supuso para el INE la obligación de capacitar a más gente y realizar mayor cantidad de tareas. Más aún porque a partir de 2014 ha tenido que tocar a la puerta no al 10% sino al 13% de los ciudadanos de la lista nominal, lo que implica visitar a 30% más ciudadanos. Y en la casilla única se debe contar con 50% más de ciudadanos como funcionarios de casilla. Además, que haya casilla única implica que el capacitador ya no sólo debe estar preparado para transmitir la información sobre los comicios federales sino también acerca de los estatales; los funcionarios de casilla estarán a cargo de dos elecciones distintas; las boletas y actas pueden ser diferentes debido a la participación de partidos locales, candidaturas comunes y candidaturas independientes; la capacitación se tiene que dar con más detalle por las particularidades de cada elección, y la coordinación en la mesa es más compleja debido al aumento tanto de funcionarios como de representantes de partidos y de candidatos independientes.

      En los meses previos al 1º de julio de 2018, los 45 044 supervisores y capacitadores electorales tocaron a la puerta de más de 12 millones de ciudadanos ubicados en todos los rincones del país, es decir, al 99.82% de los sorteados. Casi el 40% de los ciudadanos fue visitado en múltiples ocasiones a fin de contar con cerca de un millón de personas (908 301) el día de la jornada electoral.

      Por otro lado, el trabajo de campo que realizan los supervisores y capacitadores electorales no está exento de incidentes. Después de todo, estos funcionarios recorren todo el país armados solamente con sus manuales de capacitación. Históricamente, el incidente más reportado ha sido la mordedura de perros. En 2018, sin embargo, como los capacitadores contaron con un teléfono celular otorgado por el INE para vaciar en una aplicación la información del avance diario de su trabajo, el robo fue el incidente de mayor frecuencia (572 casos), como se muestra en la gráfica 3. Estas eventualidades afectaron a 4.3% de los capacitadores, lo que demuestra que, aun en un contexto de inseguridad pública, las labores del INE se desarrollaron en paz y con tranquilidad.

       Gráfica 3. Incidentes de supervisores electorales y capacitadores

       asistentes electorales en las elecciones de 2018

      Fuente: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.

      El trabajo de campo que realizó el INE en 2018, respecto del que llevó a cabo su antecesor, el IFE, en la elección presidencial de 2012, implicó visitar y notificar a cuatro millones de ciudadanos más: un incremento del 50%.

      Al finalizar la primera etapa de capacitación, se contó con casi tres millones de personas dispuestas a participar como autoridad electoral. Como ya se explicó, esta primera etapa consiste en la visita, notificación y primera plática de sensibilización que se le ofrece a la ciudadanía. Es la etapa más importante pues implica encontrar a las personas sorteadas, hacer contacto con ellas y convencerlas de participar.

      En esta etapa vale la pena diferenciar la notificación de la notificación efectiva. En la primera, se le hace saber al ciudadano que resultó sorteado, ya sea personalmente o a través de un familiar. La notificación efectiva, por otra parte, consiste no sólo en informarle a los sorteados de su situación, sino en verificar que cumplan con los requisitos de ley y averiguar si tienen intención de participar. Es decir, la diferencia entre la notificación y la notificación efectiva radica, principalmente, en que la segunda ya no toma en cuenta a los no aptos (que no cumplen con requisitos de ley) o a quienes se niegan a participar (cuadro 2).

      Durante la segunda etapa se capacita por igual a todos, al margen de que unos serán propietarios y otros, suplentes. La idea es no diferenciar entre los cargos para que todos puedan desempeñar cualquiera de ellos. En 2018, al finalizar la segunda etapa se registraron casi 1 400 000 personas listas para cumplir con su función. Finalmente, el día de la elección 908 301 estuvieron presentes para recibir el voto de sus vecinos.

      Si bien los datos muestran que se cumplió con el propósito de que los ciudadanos se hicieran cargo de la elección en el momento clave –la jornada electoral–, también hay información que muestra el desgaste del modelo. Como se observa en la gráfica 4, a lo largo del tiempo se han registrado en términos relativos menos personas dispuestas a participar (notificados efectivos) debido a un aumento en el número de no aptos (en 2018 este rubro ascendió a 3 000 982) y de rechazos (1 781 171 en el mismo año). En 2006, de cada 10 personas visitadas había cuatro dispuestas a ser funcionarios de casilla; en 2018 el número bajó a 2.8. Sin embargo, el INE ha aprovechado mejor a ese subconjunto de personas dispuestas a participar. En 2018, el 7.5% de las personas visitadas al principio terminaron fungiendo como funcionarias de casilla, que es el mayor porcentaje en las últimas cinco elecciones, incluso con el aumento de las negativas a participar.

       Gráfica 4. Ciudadanos insaculados notificados efectivamente, no aptos y rechazos, y total de funcionarios que participaron en la jornada electoral. Elecciones 2006-2018

      Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los procesos electorales 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, INE.

      Durante todo el proceso, la negativa de los ciudadanos a ser funcionarios de casilla se presenta en distintos momentos: no aptos y rechazos en la primera etapa, sustituciones en la segunda etapa (personas que dijeron que sí y se les dio la segunda capacitación, pero después renunciaron) y quienes simplemente no llegan el día de la jornada electoral, por lo que se tiene que tomar a un suplente entre las personas que hacen fila para votar.

      La tasa de rechazos y de no aptos en la primera etapa de capacitación ha aumentado desde 2006: de 22% en ese año a 39.5% en 2018. De igual manera, ha habido un incremento de rechazo de personas que habían aceptado y que incluso se habían capacitado (sustituciones) –14% más que en 2012– o de aquellos que simplemente no llegan el día de la jornada electoral, por lo que se tiene que invitar a un ciudadano formado en la fila para que realice las funciones (tomados de la fila): en 2012 la cifra fue del 3.8%, en 2015 subió casi a 8% y en 2018 se logró disminuir a 6.2% (gráfica 5).

       Gráfica 5. Comparativo de rechazos y no aptos, sustituciones y tomados de la fila. Elecciones 2006-2018

      Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los procesos electorales 200, 2009, 2012, 2015 y 2018, INE.

      Entre los motivos para no participar estuvieron, en primer lugar, los laborales, ya fuera porque los ciudadanos no contaban con el permiso para ausentarse el día de la jornada o porque trabajaban por su cuenta; en 2018, tres de cada 10 justificaciones cayeron en esta categoría. La segunda razón fue que se declararon enfermos, y la tercera que no sabían leer ni escribir. En cuanto a los rechazos, 17% simplemente se rehusaron a participar o no atendieron al capacitador del INE, seguidos por los que adujeron que estarían de viaje.

      Paradójicamente, en México las mayores dificultades para contar con ciudadanos que quieran hacerse cargo de la jornada electoral no surgen de la pobreza o el analfabetismo, sino de la simple negativa a participar. Esto ocurre sobre todo entre quienes se ubican en el percentil más privilegiado; es ahí donde se registra el mayor desprecio a participar en la «cosa pública». Las entidades con el mayor número de rechazos fueron Ciudad de México (35%), Baja California (34%) y Nuevo León (33%). En entidades con índices de pobreza más altos, las tasas de