La democracia a prueba. Ciro Murayama

de internet denominada Web Digital Ocean aparecían datos de la lista nominal de Sinaloa, cuya copia correspondió con la entregada al PRI, por lo que ese partido recibió una sanción de 43.7 millones de pesos.⁷³

      Todos estos casos muestran que en ningún momento se ha hackeado la base de datos del padrón o de la lista nominal ni se han vulnerado los sistemas de seguridad del INE. Si ha habido filtración de datos, ha sido porque por mandato de la ley se entregaron a una oficina gubernamental o a los partidos, y ha sido ahí donde se ha vulnerado su seguridad.

      Frente a prácticas localizadas, pero ilegales, el INE ha acordado medidas para dar mayor protección a esos datos: ya no proporciona el padrón electoral en archivos electrónicos a los partidos, sino que les permite hacer consultas y verificaciones in situ para que ningún dato sea procesado en el exterior del Instituto. Además, en los cuadernillos con el listado nominal que se proporciona a los partidos en cada casilla electoral se eliminó el domicilio de los electores, con lo que se desincentiva el comercio ilegal de la información de las listas.

      GEOGRAFÍA Y DEMOCRACIA: LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

      El artículo 53 de la Constitución Política establece desde 1977 que habrá 300 diputados federales electos por el principio de mayoría relativa, y que la composición de los distritos electorales deberá hacerse tomando como base los datos publicados en el último censo de población. Bajo esta lógica, en México se han realizado cuatro distritaciones electorales federales –en 1978, 1996, 2005 y 2017– con el fin de que el número de distritos correspondientes a cada entidad se adecue a la dinámica demográfica (cuadro 6). Desde el surgimiento del IFE en 1990, se le otorgó la atribución de realizar la distritación federal y, a partir de la reforma electoral de 2014, el INE asumió también la tarea de efectuar la delimitación de los distritos electorales locales para las 32 entidades federativas.

      Para cumplir con el mandato de efectuar la distritación, el INE sigue un proceso que se resume en los siguientes cinco pasos: a) nombra un comité técnico de distritación integrado por académicos y especialistas en la materia para asesorar los trabajos;⁷⁴ b) aprueba los criterios técnicos que atienden los rubros de equilibrio poblacional, población indígena, integridad municipal, compacidad, tiempos de traslado, continuidad geográfica, factores socioeconómicos y accidentes geográficos; c) define los insumos que se utilizarán para distritar, con el propósito de que toda la información sea verificable y pública (los datos del censo, la cartografía electoral, los tiempos de traslado, la información sobre la población indígena); d) elabora con dicha información el modelo matemático y construye, a partir de las variables consideradas, el sistema informático para resolverlo, y e) fija las reglas para evaluar los resultados, a fin de presentar propuestas alternativas y elegir el mejor escenario que, en la medida de lo posible, respete todos los criterios técnicos.

      Una de las decisiones inmediatas que debió tomar el INE con la entrada en vigor de las reformas a la Constitución y la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en febrero y mayo de 2014, respectivamente, fue la de ir al proceso electoral federal 2014-2015 con la distritación electoral federal vigente desde 2005.⁷⁵ El 20 de junio de 2014, el Consejo General del INE determinó que en vista de que el proceso electoral 2014-2015 iniciaba en septiembre, no era posible hacer antes la redistritación. A la par, se acordó iniciar los trabajos para conformar la nueva demarcación territorial de la geografía electoral nacional.

      La distritación más reciente, que culminó en 2017 y sirvió para las elecciones de 2018, estará vigente hasta las elecciones de 2021, pues si bien habrá Censo General de Población en 2020, sus resultados no se publicarán sino hasta 2021. La próxima redistritación deberá estar lista para el proceso electoral de 2024 y servir también para las elecciones de 2027 y 2030.

      La distritación federal anterior a 2017 databa del año 2005 y tuvo como base el Censo de Población y Vivienda del 2000. Con dicha distritación se organizaron cuatro elecciones (2006, 2009, 2012 y 2015). De acuerdo con los datos arrojados por los censos respectivos, en el año 2000 había en el país 97.4 millones de habitantes y para el año 2010 fueron 112.3 millones, un incremento poblacional de 14.8 millones, con los consecuentes desequilibrios entre entidades federativas y en los distritos electorales, generados por la dinámica demográfica. Era necesario, entonces, restablecer el equilibrio poblacional entre los distritos uninominales federales.

      Para contar con la adecuada distribución poblacional entre distritos y, en consecuencia, con una buena representación política de los habitantes, independientemente del lugar donde residan, se buscó mantener un rango de ±15% de la población respecto a la media aritmética de habitantes totales entre los 300 distritos electorales.

      En el diagnóstico de la distritación electoral federal vigente hasta 2005, que realizó la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se ubicó a 13 entidades que en conjunto sumaron 45 distritos con desviación poblacional mayor al 15% respecto a la población media distrital, y se detectó que otras 13 entidades tenían población con una desviación menor a -15%, que en conjunto sumaban 41 distritos. Esto quiere decir que había unos distritos sobrepoblados y otros subpoblados, lo que motivaba que en los primeros hubiera subrepresentación –un diputado representaba a un número abultado de habitantes frente al promedio– y en los segundos, sobrerrepresentación –un diputado representaba a un número reducido de habitantes–. En total, había 86 distritos fuera del rango de ±15% (28.66%) y 21 de las 32 entidades federativas (65.6%) tenían al menos un distrito fuera de rango.

      La distritación federal implica, primero, identificar el número de distritos que corresponde a cada entidad federativa. A partir del censo de población, se divide al total de habitantes entre 300 distritos (según el censo de 2010, el resultado de esa división fue de 334 455 pobladores en promedio por distrito), y segundo, se asignan los distritos en cada entidad según su población atendiendo al criterio de que al menos debe haber dos distritos en los estados con menor población (como ocurre con Baja California Sur y Colima).

      El cambio en el número de distritos en 2017 respecto a 2005 (cuadro 6) implicó que la Ciudad de México –antes Distrito Federal– pasara de 27 a 24 distritos, y que Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz perdieran un distrito cada una. Por su parte, ganaron un distrito, porque aumentaron en términos relativos su peso poblacional, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas. A su interior, la Ciudad de México tenía nueve distritos fuera de rango, Chiapas tres, el Estado de México 22 y Jalisco ocho, mientras que en Guanajuato y Querétaro había cuatro distritos con desviaciones poblacionales mayores a 15%.

      En las entidades en las que los cambios demográficos no fueron tan amplios como para modificar el número de distritos, también se hicieron correcciones importantes. Por ejemplo, el distrito 12 de Nuevo León tenía una desviación en volumen de población de 94%, es decir contenía casi el doble de habitantes que el distrito promedio. En situación similar se encontraba el distrito 01 de Chihuahua, con una desviación cercana a 60%, y el distrito 02 de Querétaro, con 32%. En el otro extremo, el distrito 07 de Nuevo León contaba con 158 000 habitantes menos que el promedio (desviación de 40%), y lo mismo ocurría con los distritos 02 y 04 de Chihuahua (36% y 33%, respectivamente).

      Una novedad del proceso de distritación 2016-2017 fue incluir una consulta a pueblos y comunidades indígenas. El INE, atendiendo la Jurisprudencia 37/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y haciendo una interpretación garantista del artículo 1° de la Constitución, aprobó el Protocolo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y posteriormente organizó la consulta en las 32 entidades de la república. A lo largo de 2016 y 2017 se llevaron a cabo los foros y mesas informativas especializadas, en los que se presentó el modelo matemático y el sistema de cómputo para la distritación. El resultado fue que se logró confeccionar 28 distritos electorales federales que tienen una población indígena mayor al 40%, e incluso en ciertos distritos (el 03 de Chiapas y el 05 de Yucatán) este porcentaje llega a 85%. Es así que casi una décima parte de