La democracia a prueba. Ciro Murayama

de Morena logró cinco de los nueve cargos en disputa, sus candidatos sistemáticamente obtuvieron menos votos en su entidad en comparación con los que cosechó en el mismo ámbito geográfico López Obrador como candidato presidencial. Y lo contrario ocurrió con Ricardo Anaya: recibió menos sufragios en las entidades que los candidatos del PAN a los gobiernos locales. Si se suman los votos a la Presidencia en esas nueve entidades, López Obrador tuvo 2 197 872 votos más que los candidatos de Morena a gobernadores, mientras que Anaya recibió 2 384 053 votos menos que los abanderados del PAN a ejecutivos locales. Así que López Obrador tuvo más «arrastre» que su partido, lo que favoreció a los candidatos de su coalición, y Anaya logró un desempeño inferior al de la formación política que lo postuló.

      Desde que a fines de los años ochenta se hicieron presentes por primera vez las alternancias en los gobiernos locales, los cambios de gobierno en las entidades se han vuelto no sólo más usuales sino la nota dominante (cuadro 17). Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se produjeron siete veces más alternancias que en el de Carlos Salinas de Gortari. Que pierda el partido que ocupa el poder no es un hecho inédito, ni discordante, sino reflejo de un voto popular que se ejerce en plena libertad. Solamente quien no quiera ver puede ignorar el profundo cambio político que se ha vivido a lo largo y ancho del país.

      Una de las características del sistema de partido hegemónico que dominó al México posrevolucionario (1929-1988) fue que los gobernadores de los estados⁴¹ eran postulados por el PRI por designación del presidente de la república. Pero eso se acabó con la democratización: los mandatarios locales deben su cargo no al favor presidencial sino al sufragio de la ciudadanía y a elecciones sin ganadores ni perdedores predeterminados antes de la cita con las urnas. Mientras que Salinas de Gortari inició su sexenio en 1988 sin ningún gobernador de oposición, Ernesto Zedillo lo hizo con tres, Vicente Fox con 23 y Felipe Calderón con 22 más el jefe de gobierno de la Ciudad de México en ambos casos, Enrique Peña Nieto con 11 más el Ejecutivo de la capital del país, y López Obrador con 27 (cuadro 18).

      Ello ha permitido que el federalismo político, con sus problemas, sea una realidad y no letra muerta de la Constitución y las leyes. También, que el presidente en turno tenga que coexistir con gobernadores que fueron postulados por partidos políticos distintos al suyo y que, por tanto, existan más contrapesos a las decisiones que se toman en la capital del país.

      Así que López Obrador deberá coexistir al inicio de su gobierno con 27 mandatarios que no surgieron de su partido político o de su coalición. Morena logró un desempeño sin precedente, alcanzó la Presidencia con el más alto margen de victoria sobre sus competidores, tiene mayoría simple en el Congreso. Sin embargo, difícilmente de una elección puede desprenderse la existencia de un nuevo partido hegemónico, como en su momento lo fue el PRI en el México posrevolucionario. Entre otras cosas, porque en aquel periodo no había un sistema electoral abierto y eran más que limitados los contrapesos al poder. De que esos contrapesos operen (en el Poder Judicial; en el Congreso, donde deben construirse consensos con la oposición si se pretenden cambios a la carta magna; en los órganos constitucionales autónomos, etcétera) dependerá el rostro del sistema político mexicano hacia la tercera década del siglo XXI.

      EL MUNICIPIO: PODER Y CAMBIO CERCANOS AL ELECTOR

      La vida política en el municipio, el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, es una expresión de la nutrida pluralidad donde el cambio de gobierno no es excepcional. En los primeros cuatro años en que al INE le correspondió instalar las casillas en las elecciones locales –de 2015 a 2018–, prácticamente seis de cada 10 presidentes municipales han surgido de las oposiciones (cuadro 19).

      Esa misma proporción se mantuvo en 2018, el año en el que más ayuntamientos fueron renovados en el país (cuadro 20), pero hay entidades donde la alternancia fue del 80% o más: Baja California Sur, Colima, Morelos y Tabasco.

      HAY ALTERNANCIA PORQUE HAY DEMOCRACIA

      El panorama que se ha querido mostrar en este capítulo es el de una era política marcada por elecciones que producen alternancias. México vive los años de mayor cambio de partidos gobernantes en el plano municipal, en las entidades federativas y a escala nacional. Asimismo, se generan importantes modificaciones en las tendencias electorales de los órganos de representación, como es el Poder Legislativo federal.

      El fenómeno extendido y persistente de la alternancia sólo puede tener verificativo en elecciones competidas y auténticas. Por supuesto, puede haber –y hay– elecciones legales y legítimas en las que triunfe el partido que ejerce el gobierno, pero no es posible la alternancia con comicios donde no se respeta la voluntad popular o donde ocurren elecciones controladas desde el poder político en turno. Eso ya es parte del pasado de México y deberá seguirlo siendo en el futuro.

      En el México predemocrático se citaba con frecuencia el célebre y breve cuento del escritor Tito Monterroso: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Para bien, ahora se puede decir que si México se despierta con alternancia es porque la democracia ya estaba aquí.

      ¿Y qué era lo que ya estaba, lo que hace posible una y otra vez el cambio de gobierno pacífico? Un conjunto de normas e instituciones que garantizan el sufragio efectivo y la equidad en la contienda. Las enumero de forma sintética: una autoridad electoral administrativa autónoma, con independencia frente al gobierno y los partidos, con recursos propios para cumplir con sus tareas, entre ellas, la confección de un padrón electoral que no es modificado ni manipulado por el Poder Ejecutivo; financiamiento público preponderante para los partidos, distribuido con reglas de equidad, así como acceso gratuito para los actores políticos a radio y televisión con cargo a los tiempos del Estado. No es menor la importancia de contar con una prensa libre, que no está al servicio del gobierno. Y el componente clave: el voto secreto que garantiza la libertad de la ciudadanía. Si ello no se trastoca y, al contrario, se respeta y fortalece, la pluralidad seguirá siendo el rasgo distintivo de una sociedad compleja y cambiante como es la mexicana.

      II

      Organización electoral: ciudadanos que votan y cuentan los votos

      * Este capítulo fue escrito en coautoría con Farah Munayer Sandoval.

      El 1° de julio de 2018 México vivió el ejercicio democrático más amplio de su historia: 56 611 000 ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio. La participación fue de 63.42%, la más alta en las últimas tres elecciones presidenciales. Así, de forma pacífica y libre, se eligió a un nuevo presidente, se conformaron las dos cámaras del Congreso de la Unión y fueron electos, además, 17 682 cargos locales. La votación se dio en más de 156 000 casillas que instaló el Instituto Nacional Electoral (INE) con la colaboración de casi un millón de ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla.

      Se dice rápido, pero las elecciones en México son una auténtica movilización nacional en cada rincón del territorio. A pesar de los graves problemas de inseguridad en distintas zonas, no hubo un solo distrito, ni siquiera una sola sección electoral de las 68 436 que conforman la geografía electoral del país, donde no existiera una casilla dispuesta para recibir el voto. Y eso fue posible porque hubo 45 000 capacitadores contratados y preparados por el INE que recorrieron todo el país, tocaron puertas y conversaron con los habitantes en cada ciudad, pueblo, paraje o caserío para hacerles saber que la elección era suya y convocarlos a que ellos mismos instalaran las casillas, vigilaran la votación, contaran y cuidaran los sufragios. Y así fue: los ciudadanos se apropiaron de la elección.

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