La transición española. Eduardo Valencia Hernán

incierto para aquel primer gobierno de la Monarquía, agudizado por la poca colaboración del mundo empresarial ante los nuevos retos de apertura y por los continuos conflictos laborales en toda España que animaban a la inestabilidad social en una situación política muy delicada.42

En enero de 1976 se fraguó una ofensiva obrera sin precedentes hasta entonces y en esa línea, tanto la Junta Democrática de España como la Plataforma Democrática se alinearon claramente por la ruptura con el régimen, proponiendo como alternativa la apertura de un proceso constituyente. Los sindicatos, aprovechando la coincidencia por la finalización de buena parte de los convenios colectivos a finales de 1975, promovieron una oleada de huelgas por todo el Estado, localizándose las principales en las zonas industriales de las grandes capitales y en todo el País Vasco. La estrategia del sindicato mayoritario CC.OO, dirigida en parte por el PCE, propiciaba una salida radical al franquismo protagonizada por la clase obrera y dirigida por los sectores populares, huyendo de una solución pseudodemocrática liderada por la burguesía española. Esta ruptura democrática se venía preconizando desde el PCE en su política basada en el “pacto por la libertad”, combinando la movilización ciudadana con la formación de un bloque de fuerzas políticas opuestas al franquismo con el fin de provocar una huelga nacional y conseguir un gobierno democrático provisional que devolviera las libertades políticas y convocara elecciones constituyentes. La UGT incluso llegó a proponer la necesidad de una huelga general revolucionaria.43

      En Madrid, los paros constantes y las huelgas continuaron desde la primera semana de diciembre de 1975 y no finalizaron hasta principios de febrero de 1976, creándose el más importante proceso huelguístico vivido durante el franquismo, llegando a movilizar cerca de cuatrocientos mil trabajadores. Sólo entre los días 10 y 18 de diciembre se alcanzó la cifra de cien mil huelguístas, siendo afectadas grandes empresas del metal como: Boetticher, Marconi, Fiat, Pegaso, CASA, Intelsa, FEMSA, Kelvinator, Standard, etc., incluso ocho mil taxistas madrileños dejaron la ciudad prácticamente sin servicio los días 17 al 19 de diciembre.

En multiples ocasiones el gobierno se vio desbordado por los acontecimientos, reaccionando exclusivamente con la represión. Por eso no fue una sorpresa que pusieran en marcha en los transportes públicos, previa aprobación en el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria, la aplicación de la Ley de Orden Público y la Ley de Movilización Nacional de abril de 1969, por la que se establecía la movilización o militarización de los trabajadores en paro, sustituyendo a huelguistas por personal militar. En la madrugada del 6 de enero de 1976, empleados de la Compañía Metropolitana madrileña comenzaron una huelga, en principio indefinida, sumándose con posterioridad otros sectores de servicios públicos para el buen funcionamiento como Renfe, Correos, Telefónica y algunos colectivos del Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal. Unos dos mil quinientos trabajadores del Metropolitano de Madrid estuvieron encerrados por la exigencia de aumentos salariales en la parroquia de Nuestra Señora de Luján en el barrio de El Pilar, acabando el conflicto el 10 de enero, aunque a continuación se sumaron al paro cincuenta mil trabajadores del metal, la banca y la construcción por los mismos motivos coincidiendo en sus manifestaciones con el cierre de la factoría Chrysler en Madrid. Todos estos movimientos huelguísticos llegaron a su cenit durante la semana del 11 al 18 de enero, alcanzando la cifra de trescientos cincuenta mil trabajadores afectados por la huelga.44

      La policia, al ámparo de la ley anti-terrorista y en su afán de control y orden, actuó represivamente militarizando el sector en huelga a partir del día siguiente al de su inicio, llegando a alcanzarse los sesenta mil represaliados de todo tipo en la capital del reino durante todo el mes de enero.

      En el resto de España, las huelgas, paros y protestas se iban expandiendo afectando a diversos sectores productivos, paros en el sector bancario, Standard Eléctrica, ENSIDESA y Astilleros Españoles, produciéndose enfrentamientos y disturbios. En Sevilla, las fuerzas de orden público desalojaron a 47 trabajadores de la empresa MEGESA, y en Cataluña, en plena huelga de los médicos MIR en Bellvitge, se había convocado para el día 19 de enero una huelga generalizada en el Baix Llobregat y en Sabadell en solidaridad con los despedidos en las empresas Laforsa, GIS y por los encierros en Radiotronic, mientras que en SEAT seguían realizándose concentraciones obreras en busca de una amnistía laboral y contra los límites salariales.

      El conflicto afectó a una media de sesenta mil trabajadores diarios y paralizó prácticamente a todas las localidades de la comarca encabezadas por Cornellá de Llobregat y San Juan Despí, sumándose otras zonas industriales de Hospitalet y Martorell. La concentración obrera más importante se produjo el 19 de enero en San Juan Despí, donde más de diez mil trabajadores se reunieron en un acto de protesta como preludio, tres días más tarde, de una marcha de 12 kilómetros iniciada por veinticinco mil manifestantes que intentaban llegar desde Cornellá de Llobregat hasta el Gobierno Civil de Barcelona, teniendo éxito sólo ocho mil de ellos.

Para el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, todos estos movimientos huelguísticos no significaban más que un problema de orden público, afirmando irónicamente que mientras en Madrid se manifestaban trescientos cincuenta mil trabajadores, él estaba cazando liebres y perdices escuchando los acontecimientos por la radio.45 Lo mismo ocurría en el sector universitario, ya que, mientras el gobierno se esmeraba en enviar mensajes a la prensa de que algo estaba cambiando afirmando que no habría más policía en los campus universitarios, lo cierto era que la intranquilidad también estaba instalada en las universidades, generándose continuos conflictos y enfrentamientos con la policía.

En líneas generales, para la oposición democrática el mensaje navideño del monárca fue desalentador, frustrando a los que esperaban con optimismo un cambio radical en el nuevo jefe de Estado. De amnistía ni una palabra, tampoco de democracia; simplemente se entendió como un discurso vacío de contenido, ofensivo por el hecho de contrariar aquello que el pueblo quería y necesitaba.46 Como prueba de ello, finalizando el mes de enero de 1976, se publicó el llamado “Manifiesto de los 100” de CC.OO, llevando entre sus firmas a nueve de los diez encausados en el Proceso 1.001. El documento criticaba de forma generalizada la situación socioeconómica y entre sus peticiones se exigía el derecho de huelga y el ejercicio de todas las libertades sindicales y políticas. Los firmantes catalanes del manifiesto eran: Francisco Aguilar, Esteban Cerdán, José Cervera, Alfredo Clemente, Jorge Cuyás, Sixto de Santos, Francisco Frutos, Cipriano García, Juan Domingo Linde, José Luis López Bulla, Gabriel Márquez, Ramón Plá, Agustí Prats, Juan Ramos, Francisco Rodríguez, José Mª Rodríguez Rovira, Luis Romero, José Tablada, Armando Baro y Pedro León.

      En los medios de comunicación, especialmente los escritos, pese a no haber censura en sentido estricto, seguía el forcejeo contra el restrictivo control gubernativo de la información, siendo calificada esta situación como una tolerancia forzada del régimen frente a la audacia informativa de la prensa dentro del reformismo gubernamental. El juzgado de Prensa e Imprenta levantó los secuestros de El Papus y Papillon en contraste con la salida a la calle desde el final de la guerra civil del diario Avui que aparecía escrito en lengua catalana. Ese mismo día, el periódico Nuevo Diario, apuntaba que:

“Hasta ahora se ha venido diciendo que la Prensa era el Parlamento de Papel (…) No es ya el tema, en sí mismo trascendente, de la inestabilidad laboral a que se ven sometidos buena parte de los profesionales del periodismo. Hay algo más profundo, la necesidad que se evidencia en que el país remolde sus estructuras de información de modo y manera que se suscite y afiance una prensa libre, independiente, informativamente desarrollada y adecuada al augurio de futuro que ya define a la sociedad española.” 47

      Por el contrario, la percepción general que había en la calle era que el cambio político dirigido por el rey sería sin retorno, al menos entre la mayoría de los españoles, pues no se concebía un franquismo sin Franco. De hecho, la cuestión más importante en los medios políticos hacía referencia a la velocidad con que se realizarían los cambios y como encajarían éstos dentro de un sistema político preparado y blindado con unas normas definidas por el anterior régimen, expresado en aquella frase de “todo está atado y bien atado”.

Finalizada la resaca navideña, el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, adelantó el calendario