La transición española. Eduardo Valencia Hernán

una visita efectuada por el abad de Montserrat y por el vicario episcopal de Terrassa, Xirinachs y los captaires abandonaron su postura el 22 de diciembre y se dirigieron posteriormente en coche hacia Barcelona. Días después, el cardenal Jubany, arzobispo de Barcelona, en su homilía dominical hizo referencia a la petición de amnistía para los delitos puramente políticos en el “Día de la Paz”, afirmando que el futuro aún era una incógnita para el país.

En el fondo, todas estas acciones no hacián más que indicar una clara preocupación de los sectores eclesiásticos más progresistas de Cataluña ante los nuevos tiempos de reforma y libertad. En este sentido, algunas instituciones seglares constituyeron las llamadas Trobades d’Entitats Cristianas, las cuales estaban formadas por 25 entidades de ámbito catalán autodenominadas Trobades Permanents d’Entitats d’Església que representaban el progresismo de la Iglesia catalana, con la excepción de Justicia i Pau56 y Pax Romana. Estas entidades eran: Pax Christi, Federació Diócesana de Pares de Familia i Pares d’Alumnes, FECUM, MUEC, Agermanament, Comunitat de Can Serra, Grups no-violents, JARC (Joventut Agrícola Rural Católica), Comissió de Serveis de les Comunitats de Base, Cristians pel Socialisme, Minyons Escoltes i Gules Sant Jordi, Lluïsos de Gracia, Equips de Matrimonis de la Mare de Déu, Associació Catalana d’Eclesiàstics, Parròquies Obreres de Santa Coloma de Gramanet, Grup Cristià de Drets Humans de Gràcia, Grup Cristià de Drets Humans del sector de Sant Andreu del Palomar, Grup Cristià de Drets Humans de San Ramon de Collblanc, Grup Cristià de Drets Humans de Caputxins de Sarriá, Justicia i Pau de Sabadell, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Ateneu Montserrat y Serveis de Joventut.

      Entre sus objetivos se señalaba la consecución de una amplia amnistía política y sindical y el restablecimiento de las libertades democráticas de reunión, asociación, libre expresión, derecho de huelga y el reconocimiento de la personalidad propia del pueblo catalán, vasco y gallego dentro de España.

En el artículo del diario Tele/expres titulado “L’Esquerra de la Iglesia Catalana”57 se insinuaban los síntomas de división dentro de las instituciones de la Iglesia catalana con una bipolarización entre la derecha, ampliándose hasta la social democracia, queriendo ostentar la hegemonía, y la izquierda (incluyendo cristianos socialistas, comunistas y trotskistas), que buscaba su lugar pretendiendo que existiese un pluralismo dentro de ella. Entre estas últimas encontramos: Agermanament, Associació Catalana d’Eclesiastics, Centre d’Estudis Pastorals, Centre Eiximenis, Cidob-TM, Club Torsimany, Comunitats de Base, Cristians per al Socialisme, Facultat de Teología, Grup de Drets Humans, Laboratori de Sociología y Republiques Independents de la Pastoral.

En las primeras semanas de 1976 las crónicas internacionales de los principales medios periodísticos informaron extensamente de la muerte del dirigente chino Chu En-Lai58 y sobre los primeros actos del bicentenario de la independencia de los EE.UU, intentando quizás alejar al lector de una realidad social y política crispada y poco favorable a la estabilidad.

      Sorprendentemente, uno de los factores desestabilizadores de la economía nacional se localizaba en el sector empresarial dada su escasa colaboración con el gobierno frente a los problemas económicos y sociales que se avecinaban, estando en la creencia de que la fuerte desaceleración económica se iba incrementando a causa de un absurdo victimismo y en la desconfianza que prodrían aportar los cambios dirigidos desde los órganos gubernamentales.

      Desde luego, el secuestro del empresario José Luis Arrasate Gaztelurrutia por parte de ETA y la petición de cien millones de pesetas por su rescate no ayudaba a romper con la estrategia seguida por la clase empresarial, aunque sí nos devolvió a la realidad cotidiana marcada por esa lacra social.

      En aquellos días, la percepción de éste grupo terrorista era aceptada por buena parte de la sociedad española como otro organismo de lucha contra la opresión franquista, sobre todo después del atentado contra el almirante Carrero Blanco; sin embargo, poco a poco, su presencia empezaba a representar más un problema que una ventaja para la sociedad española engullida en pleno periodo de cambio. El dirigente socialista Alfonso Guerra comentaba que:

“La simpatía que en España se tenía hacia los vascos durante la dictadura por su capacidad de lucha en las huelgas de trabajadores empezaba a teñirse de desconfianza y hasta de reticencia. Cierto es que los crímenes de ETA contaban ya con un largo número de muertos, pero hay que confesar que durante el franquismo los atentados de ETA no contaban con el apoyo de los demócratas, mas sí se les reconocía un componente de liberación contra un régimen agresor. Lo que vendría después, la contumacia en el crimen a la llegada de la democracia, descolocaría por completo a los demócratas.”59

Por otro lado, la muerte del dictador significó la señal de retorno de los miles de exiliados políticos españoles que tuvieron que huir tras la derrota republicana. El goteo de prestigiosos escritores, políticos, militares, etc., fue constante, aumentando el impacto emocional en los sectores más progresistas de la sociedad española. El regreso a España del histórico dirigente socialista Rodolfo Llopis60 daba cierta garantía al lector de que algo estaba cambiando, aunque sólo fuese la falta de censura.

      Los pasos en política exterior realizados por el primer gobierno de la Monarquía venían reflejados en la entrevista realizada al presidente Arias en la revista Newsweek. En ella, reafirmó en política exterior su intención de proponer la adhesión al Mercado Común y a la OTAN. En política nacional anunció elecciones locales y generales antes de finales de 1977, especificando que no habría legalización del Partido Comunista, ya que:

“No hay un sólo ejemplo en el mundo de un partido comunista que haya demostrado con sus obras el menor respeto por las reglas del juego democrático una vez ha alcanzado el poder.”61

      La respuesta ofrecida por una parte de la oposición franquista vino reflejada en el documento publicado en París dos días después de la publicación. En el escrito, la JDE planteó la situación política española desde una perspectiva del pasado y su proyección al futuro. En el texto se aludía al aperturismo del 12 de febrero de 1974 presentado por el presidente Arias como una táctica defensiva frente a la crisis del régimen, en contraste con el programa de ruptura democrática planteada por la oposición. El documento nos recordaba que un año y medio después, el 24 de junio de 1975, el gobierno dio por finalizada la apertura siendo calificada por la oposición como el reinado de la “trinidad franquista”, terror y represión como única política del Estado monárquico, avalado por la Ley Antiterrorista y por las concentraciones antieuropeas de la plaza de Oriente.

      Con la desaparición del Caudillo, la política del gobierno optó por una táctica reformista gradual, siguiendo las recomendaciones de algunos gobiernos europeos que aconsejaban olvidar la ruptura democrática verbal como alternativa pacífica del poder democrático de la sociedad, dado el riesgo de provocar una crisis.

      Tras la confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno y ante la dificultad de conceder la amnistía solicitada por parte de la sociedad española, daba la sensación de que era el propio régimen franquista quien intentaba perpetuarse a través de una monarquía de y para los franquistas, donde sólo había cambiado el titular del poder. La oposición mayoritaria, reunida bajo el nombre que tiempo después algunos medios periodísticos denominarían “Platajunta”, contemplaba la situación de esta forma:

“Lo que hoy contemplamos en España con solo abrir los ojos es justamente la quiebra del principio de autoridad, la desconcentración de las funciones del gobierno, la autonomía de las esferas de control estatal sobre la sociedad. El rey no puede nombrar al presidente del gobierno que desea. El presidente Arias no puede nombrar libremente a su gobierno y tiene que aceptar toda clase de limitaciones y condicionamientos. El Ejército no encuentra una sola autoridad, incluida la del rey, a la que atribuir la responsabilidad de la ‘dimisión’ deshonrosa del Sahara, y reclama una Vicepresidencia militar (…) Las Cortes se revelan contra cualquier anécdota liberal del gobierno. La Iglesia advierte con solemnidad al rey que su apoyo será condicionado”.62

      Este documento fue firmado por: Ramón Tamames, Luis Larroque Allende, Paloma Cruz, Manuel Pastor, Eugenio Triana, José Antonio Alonso,