Sociología de las organizaciones Públicas. Mario José Krieger

6 meses a un año.

      La Responsabilidad Social Pública, devolviéndole al Estado su rol de resguardo del bien común y del bienestar general de la población, garantizando condiciones dignas de vida, respeto a los derechos humanos y calidad institucional en democracia, eficiencia y eficacia en la gestión y atención diligente de los problemas de la ciudadanía.

      La Responsabilidad Social Pública (RSP) se plantea como estrategia para que la gestión pública pueda hacer frente más eficientemente a los desafíos que la globalización y la transformación del Estado plantean a las administraciones centralizadas formuladores de políticas públicas y a los entes descentralizados productores de bienes y servicios públicos, identificando elementos que le permitan a la administración pública establecer procesos de interacción más transparentes con el entorno y con los distintos públicos que les dan sustento y legitimidad. La RSP proporciona una interesante oportunidad para que las instituciones públicas puedan gestionar en forma ética y sustentable sus relaciones con el entorno interno y externo, otorgando mayor importancia a los impactos que tienen las decisiones y acciones que implementan sobre los ciudadanos, por medio de una relación más transparente y consciente de los intereses de la comunidad en el desarrollo de sus objetivos.

6) Gestionar por objetivos, vinculando la programación presupuestaria con políticas y planes

      Una administración pública organizada por normas y actividades, con una división horizontal y vertical del trabajo, sólo por funciones, y una presupuestación tradicional, donde los objetivos son muy genéricos, sin metas ni indicadores de resultado, no garantiza que las políticas que implementa un gobierno sean correctamente ejecutadas, o que las nuevas visiones que se deseen introducir logren penetrar al conjunto de la administración.

      Se hace necesario contar con una instancia (espacio) y un momento en el año (tiempo) en que puedan fijarse prioridades y vincular objetivos de política, con planes y programas y con prioridades en las asignaciones presupuestarias.

      Anualmente, la referida instancia, debería considerar el Plan operativo de cada organismo, así como su proyecto de presupuesto en forma conjunta con la Secretaría de Hacienda; también resultaría conveniente en ese mismo acto discutir las eventuales modificaciones estructura del organismo (de ser esto necesario) y su dotación de personal (sólo las necesidades de planes y programas justifican los recursos humanos a signar). Sería conveniente que dicha instancia, siguiendo lo dispuesto por la Constitución Nacional, se encontrara en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

      De dicha instancia de programación y concertación, previa a la aprobación del proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo eleva anualmente al Congreso de la Nación, deberían participar representantes de la propia Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerios o Secretarías involucrados en los programas a ser evaluados y una representación de la Secretaría de Hacienda-Oficina Nacional de Presupuesto. De esta manera se lograría una coordinación intersectorial en programas que abarcan muchas jurisdicciones como pobreza, indigencia, empleo, formación de las personas; etc. y un efectivo control en que la programación presupuestaria refleje las prioridades políticas. Todo ello debería estar contenido en un acuerdo programa con el Organismo, que estableciera las metas operativas anuales para el mismo y los indicadores de medición de resultados. En los casos de organismos centralizados, este proceso debe hacerse con la participación del ministerio respectivo y establecerse con las secretarías de Estado respectivas encargadas de implementar la política, o con las Direcciones Nacionales o Generales, según el caso en cuestión. En el caso de los organismos descentralizados, deben participar en la elaboración del acuerdo-programa los mismos actores más la autoridad máxima responsable del ente descentralizado.

      El acuerdo-programa tiene dos dimensiones, una personal, que es la responsabilidad que le cabe al máximo nivel del organismo signatario, sea este centralizado o descentralizado por el cumplimiento del programa; y otra institucional que le cabe a todo el organismo como metas a cumplir. Si se producen desvíos por falta de asignación de recursos durante el año fiscal-contractual, las metas deberán ser renegociadas, de igual manera si se cambian las políticas.

      El acuerdo-programa no debe ser tan ambicioso que resulte imposible de cumplir, ni tan elemental que no motive ni establezca parámetros. Los logros de un año deben establecer un punto de partida para el siguiente hasta alcanzar los niveles deseados.

      Los acuerdos-programa entre entidades de formulación de políticas públicas y entidades de ejecución y administración de las mismas:

       Establecen objetivos estratégicos, metas plurianuales y metas anuales en el plan operativo anual.

       Asignan recursos presupuestarios.

       Asignan dotaciones.

       Adecuan estructuras a los eventuales requerimientos de los programas.

       Desarrollan indicadores de medición de resultados.

       Pueden presentar un programa de incentivos en función del cumplimiento de las metas y sanciones por no-conformidad.

      Los acuerdos programa deben desarrollarse al interno de la organización pública como convenios de gestión.

La administración de los convenios de gestión

      Los convenios de gestión desarrollan los acuerdos programa al interior de las áreas del organismo fijando responsabilidades, objetivos y metas e indicadores de resultado sectoriales.

      En los convenios de gestión la conducción superior del organismo público determina el desempeño esperado de la dirección de área y de cada unidad misma a partir de la elaboración del Plan Estratégico del organismo, de la identificación de los planes operativos, de los resultados a obtener y de la asignación de recursos a través del proceso de formulación presupuestaria. Las direcciones operativas, por su parte, se comprometen a cumplir las metas y a dar cuenta de los resultados obtenidos. El instrumento se hace autosostenible en la medida que existan indicadores de la gestión gerencial en el marco de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión, y un sistema de incentivos que premie el buen desempeño y, recíprocamente, se sancionen los incumplimientos. Estos compromisos de gestión por cada área pueden descender por la pirámide organizacional hasta la menor unidad de producción para un usuario interno o externo. Esta unidad es el equipo de trabajo, verdadera célula madre de la productividad, la eficiencia, el aprendizaje y la innovación organizacional.

      Así, la gestión por resultados incentiva una fuerte descentralización en la toma de decisiones de gestión para que la administración pública pueda responder a las demandas sociales eficazmente, sin renunciar a la transparencia de la gestión. Esta descentralización se apoya en un Plan Estratégico formulado en estrecha vinculación con el presupuesto del organismo y precisa de conjunto de indicadores mensurables y de un sistema de incentivos racional.

      La experiencia internacional demuestra que es recomendable un mayor grado de flexibilidad en la administración de los recursos disponibles (materiales, financieros y humanos) a medida que se profundiza la implantación de la gestión por resultados, dado que se fijan metas y se controla su cumplimiento, siendo los controles formales ex post y de legalidad, contables, y de gestión.

      Algunos pasos a tener en cuenta para la instrumentación de un sistema moderno de administración pública:

      a) Es conveniente valerse de las leyes y normas de modernización del Estado, allí donde estuvieren sancionadas. Donde no lo estuvieran o fueran insuficientes, es necesario contar con el marco legal que permita avanzar en el proceso de modernización, si la normativa vigente resulta un obstáculo para ello.

      b) Es necesario partir de las políticas y formular de manera acorde con estas un plan estratégico para el o los organismos responsables de la gestión y administración sectorial. En la formulación de dicho plan es necesario otorgar participación a los diferentes actores sociales interesados e involucrados en cada temática para lograr legitimidad y otorgar viabilidad al mismo. La participación en la