Sociología de las organizaciones Públicas. Mario José Krieger

la fuga de capitales, por el otro.

      (5) Tipo de cambio competitivo. Como en el caso de las tasas de interés, la tendencia era inclinarse por tipos de cambio determinados por las fuerzas del mercado. No obstante, se consideraba más importante lograr un tipo de cambio “competitivo”, más que cómo este tipo de cambio se determinara. Lo esencial era que fuera consistente con los objetivos macroeconómicos planteados. Se consideraba que el tipo de cambio real debía ser lo suficientemente competitivo como para promover el crecimiento de las exportaciones a la tasa máxima que el potencial del lado de la oferta del país lo permitiera, al mismo tiempo que se mantentuviera un eventual déficit de cuenta corriente a un nivel sustentable. El límite al tipo de cambio competitivo estaría dado por las presiones inflacionarias que se pudieran generar. En todo caso, la filosofía del consenso era que el equilibrio de la balanza de pagos estaría mejor servida por una política de expansión de las exportaciones, en lugar de la sustitución de importaciones.

      (6) Liberalización del comercio internacional. Se señalaba que la liberalización de las importaciones constituía un elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo (orientación hacia afuera). El otro elemento era el tipo de cambio. El acceso a bienes intermedios importados a precios competitivos se consideraba un aspecto importante en la promoción de las exportaciones, mientras que una política proteccionista en favor de la industria nacional y en contra de la competencia extranjera era vista como una distorsión costosa. El sistema de licencias de importación era considerado el peor ejercicio de proteccionismo, dado que apunta directamente a la creación de oportunidades para la corrupción. En opinión de Williamson, una tarifa general moderada entre un 10% y un 20%, con poca dispersión era aceptable como mecanismo para proteger y orientar la diversificación de la base industrial, sin mayores costos.

      (7) Liberalización de la Inversión Extranjera Directa (IED). La liberalización de los flujos financieros externos no era visto como de alta prioridad. No obstante, una actitud restrictiva que limite la entrada de la inversión extranjera directa (IED) era considerada una insensatez.

      (8) Privatizaciones. La lógica de las privatizaciones obedecía a la creencia de que la industria privada se administra más eficientemente que la empresa estatal. En general, se consideraba que la privatización de empresas de propiedad estatal constituía una fuente de ingresos de corto plazo para el Estado. En el largo plazo, se argumentaba, que el Estado se liberaría de la responsabilidad de financiar ulteriores inversiones.

      La creencia en la eficiencia superior de la empresa privada había sido un dogma de fe para Washington desde hace mucho tiempo. La promoción de las privatizaciones en el extranjero como política oficial de EE.UU. data de 1985, con la promulgación del Plan Baker. El FMI y el Banco Mundial han incentivado las privatizaciones en Latinoamérica y en el resto del mundo.

      En opinión de Williamson, la privatización podía ser muy constructiva en el caso que promueva mayor competencia. Sin embargo, declara no estar persuadido de que el servicio público es siempre inferior a la avidez privada como fuerza motivadora. Por otra parte, bajo ciertas circunstancias, cuando los costos marginales son inferiores a los costos medios (por ejemplo, en el caso del transporte público) o en presencia de impactos ambientales demasiado complejos para ser fácilmente compensado por regulaciones (por ejemplo, en el caso de las sanitarias), Williamson continúa creyendo que la propiedad pública es preferible a la propiedad privada. Pero este no es el punto de vista de Washington, concluye.

      (9) Desregulación de la economía. Una forma de promover la competencia es mediante la desregulación. Este proceso fue iniciado en Estados Unidos por la administración Carter, pero fue profundizado durante el mandato de Reagan. Se le ha juzgado, de manera general, como un proceso exitoso en esa Nación y se ha partido de la base que también podría producir beneficios similares en otros países, especialmente en América Latina, donde se practicaban economías de mercado altamente reguladas.

      (10) Derechos de propiedad: Buscaba garantizar y extender el derecho de propiedad.

      En cuanto a la política antiinflacionaria. Para Williamson no aparece claro que las reformas promovidas por Washington apunten a solucionar todos los problemas que enfrentan los países de América Latina, es el caso de la política antiinflacionaria, a la que se suponen consecuencia del régimen de disciplina fiscal recomendado.

      El mismo Williamson reformulará y matizará los diez puntos, en el año 1993, en otro artículo (“La democracia y el consenso de Washington”), en donde defiende de nuevo la necesidad de un consenso y matiza el alcance del mismo, distinguiendo tres tipos de medidas de política económica:

      a) aquellas en las que se ha conseguido consenso;

      b) aquellas en las que existe controversia técnica (no relacionada con temas de equidad);

      c) aquellas en las que todavía queda controversia para años, porque implica valores políticos: sobre todo problemas de equidad.

      El consenso de Washington levantó muchas críticas y sus resultados en América Latina fueron decepcionantes, ya que nuevamente a los únicos que beneficiaron fueron a los países desarrollados, los negocios de las privatizaciones, la concentración económica y coadyuvó a las crisis de fines de los 90.

      El estudio del Banco Mundial, Reforma estructural: privatización, regulación y competencia, dirigido por el economista Ioannis Kessides, dice que al mismo tiempo que las privatizaciones no son “una panacea” tampoco lo son el retorno al desperdicio y la ineficiencia del pasado. Se sigue necesitando financiamiento privado para mucha infraestructura en América Latina. Pero el estudio reconoce que la privatización fue “simplificada, sobrevendida y al final tuvo resultados decepcionantes”. ¿Qué le faltó? Regulación entre otras cosas. Es decir, instituciones.

      Un autor tan destacado como Paul Krugman, en 1995, llegó incluso a decir que el enfoque favorable al mercado era más bien un enfoque favorable a los mercados (financieros), puesto que recomendaba reformas que conllevaban grandes entradas de capital extranjero privado, lo que a su vez potenciaba las reformas, hasta que ese aparente círculo “virtuoso” acababa con el estallido de la burbuja.

El Post-Consenso de Washington

      El Post-Consenso de Washington ha abogado, en términos generales, por la defensa del carácter complementario (y no excluyente) del mercado y del Estado, por el reforzamiento de las capacidades institucionales del Estado y por la aplicación de reformas de segunda generación, esto es, nuevas reformas centradas en cuestiones sociales y en la recuperación de las actuaciones públicas como factor de desarrollo. Sin embargo, se han registrado dos grandes propuestas de Post-Consenso, que es conveniente distinguir.

      La primera propuesta es la que busca completar lo faltante y corregir los desvíos del Consenso de Washington. También se la conoce como reformas de segunda generación. Desarrollada principalmente por los economistas del departamento de América Latina del Banco Mundial como Burki y Perry, en 1988, fue apoyada por el propio Williamson en 1999.

      En ese planteamiento, el argumento era que en América Latina las reformas de primera generación habían permitido recuperar el crecimiento y acabar con la hiperinflación, pero que no habían tenido la misma eficacia en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Era necesario, a juicio de Burki y Perry, completar el Consenso con cuatro aspectos adicionales, encargados al Estado: (1) mejorar la calidad de las inversiones en capital humano; (2) promover el desarrollo de sistemas financieros sólidos y eficientes; (3) fortalecer el entorno legal y regulatorio (desregulación del mercado de trabajo y mejora de las regulaciones respecto de la inversión privada en infraestructuras y servicios sociales); y (4) mejorar la calidad del sector público. Buscaban completar el decálogo de Williamson añadiendo estos cuatro aspectos no siempre consistentes entre sí.

      Williamson, ya en el 2002, ha matizado lo que realmente quiso decir –y defender– con la expresión