Laicidad y libertad religiosa del servidor público: expresión de restricciones reforzadas. Carol Inés Villamil Ardila

      ANEXOS

       Anexo A. Instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos con contenidos sobre libertad religiosa

       Anexo B. Disposiciones constitucionales y legislativas colombianas sobre libertad religiosa

       Anexo C. Sentencias relacionadas con la libertad religiosa en Colombia

       Anexo D. Sentencias sobre las relaciones Estado-religiones

       Anexo E. Sentencias sobre las relaciones entre la libertad religiosa y otros derechos

       Anexo F. Sentencias sobre los límites de la libertad religiosa

       Anexo G. Leyes sobre no discriminación por razón de la religión

       Anexo H. Leyes relacionadas con religión y expresiones culturales

       INTRODUCCIÓN

       Para comprender esos dos cuerpos del rey, del servidor público:

       El regicidio es delito contra la seguridad del Estado, porque, además de amenazar, agredir y violar la integridad personal del rey o del jefe del Estado, como hombre, ofende también en él la suprema soberanía de la nación […].

       Antonio d’Álba permanece, […], en el viejo concepto, […] que los hechos sociales o políticos dependen exclusivamente de la bondad de un hombre, jefe de Estado o del Gobierno. […] Es por esto por lo que Antonio d’Álba dijo ayer delante de vosotros: “Yo, como anarquista, no tengo patria. El rey es el padre de la patria; por consiguiente, ¡me formé el criterio de que debía asesinarlo!”

      ENRICO FERRI, Defensas penales. Corte de Jurados de Roma, 9 de octubre de 1912

      [§ 1] La tesis que se desarrolla en las páginas siguientes responde al problema de investigación acerca de si la calidad de servidor público genera mayores limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa de los sujetos que ostentan esa responsabilidad, en comparación con los ciudadanos en general; y si esa limitación es superior, qué la justifica y hasta dónde llega, es decir, cuáles serían los límites de esos límites.

      Se trata de un problema de investigación que exige un abordaje con perspectiva objetiva sobre los deberes del Estado laico y del ciudadano que se incorpora en él en calidad de servidor público, y también con enfoque subjetivo sobre la libertad religiosa como un derecho del que ese mismo servidor es titular.

      [§ 2] Este problema de investigación justifica el desarrollo de una tesis doctoral, tanto por su relevancia teórica como por su importancia práctica. En cuanto a lo teórico, demanda la construcción de respuestas con un abordaje complejo, no desde una sola rama del derecho, en las que se conjuguen elementos de la teoría del derecho y concretamente de los derechos fundamentales, así como reflexiones históricas sobre la existencia de los derechos y el estudio desde áreas próximas, pero también nítidamente diferenciables como el derecho constitucional y el derecho administrativo. Igualmente, desde una perspectiva teórica, la tesis responde a una pregunta vinculada a una materia que por siglos ha estado presente y ha sido controversial: la religión y sus nexos con el derecho y el poder. Si bien el paradigma de la modernidad previó que el predominio del racionalismo conduciría a la desaparición de creencias y de la religión misma, las teorías contemporáneas no han cesado de dar cuenta de la religión entre los fenómenos que ameritan abordajes, entre otros, desde la filosofía, la sociología, la historia, la política y también el derecho, lo cual ratifica su vigencia conceptual y problemática en el ámbito del conocimiento académico. Finalmente, desde un enfoque teórico, este problema de investigación implica la colisión de principios, concretamente de la libertad religiosa y de la laicidad, y su abordaje con una perspectiva que admita tanto la reflexión en abstracto, a partir de categorías conceptuales, como la solución de casos concretos, lo que también explica su importancia.

      Desde una perspectiva práctica, analizar la libertad religiosa del servidor público y la limitación de ese derecho responde a desafíos fácticos constantes, presentes en el contexto colombiano y también en sistemas de laicidad tan diversos como el francés, el español, el estadounidense o el canadiense, en los que aparecen recurrentemente las preguntas sobre la neutralidad que el Estado y sus servidores deben asegurar o no, en el ejercicio de sus funciones, en particular ante el reconocimiento universal de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa que, por tal definición, no sería susceptible de despojársele a persona alguna, aunque ella sea un servidor público.

      Esta tesis se justifica desde ese enfoque práctico en Estados laicos, porque reconoce que a pesar de estar ante el ejercicio de un derecho humano y fundamental, la libertad religiosa del servidor público no carece de expresiones conflictivas que exigen precisar categorías útiles para resolver jurídicamente casos como el de un alcalde que, por decreto, ordena el recogimiento espiritual y, en consecuencia, prohíbe la utilización de altavoces en establecimientos comerciales, por parte de toda una población, dada la celebración que durante varios días, coincidentes con época vacacional, realizará en su jurisdicción una religión mayoritaria. O situaciones relacionadas con jefes de entidades públicas a quienes se les cuestiona la adopción de decisiones que estarían determinadas por una convicción religiosa y no por las normas que regulan sus funciones. O eventos en los que jefes de Gobierno, en calidad de tales, se suman a ceremonias religiosas; o en los que manifiestan propósitos laicistas de su ejercicio estatal, que incluyen la persecución contra organizaciones o expresiones religiosas. O iniciativas de miembros del Legislativo que procuran la regulación del uso de lugares públicos para fines religiosos, o el aporte de recursos oficiales para la mejora o la conservación de inmuebles destinados al culto de una creencia determinada. O el uso de distintivos en la apariencia física, tales como la barba sij, por parte de miembros de la policía en diferentes países. O el porte de velos, kipás, cruces o turbantes, por parte de docentes de escuelas públicas o miembros de los servicios públicos de salud. O, finalmente, la presencia o no de símbolos religiosos en juzgados, tribunales o cortes; o la exigencia de juramentación para la posesión como presidente de una república, acompañada del deber de colocar la mano sobre una biblia u otro texto considerado sagrado, entre muchos otros casos.

      [§ 3] La hipótesis que se plantea para responder al problema jurídico que indaga si la calidad de servidor público genera mayores limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa de los sujetos sobre quienes recae esa responsabilidad, en comparación con los ciudadanos en general, indica que en el caso del servidor público se configura una especial limitación o restricción reforzada de su derecho a la libertad religiosa, por causa de la configuración de una razón suficiente que justifica un trato desigual, y que se integra por dos factores: poseer, por ser parte del Estado, un mayor poder político con respecto al resto de ciudadanos, y, por esa misma identidad con el Estado, estar sometido a un mayor nivel de sujeción que el común de los ciudadanos. Esas dos razones, integradas como características del sujeto, sustentan la formación de una mayor restricción de su derecho a la libertad religiosa.

      La hipótesis se pretende demostrar mediante tres premisas, cada una de las cuales se desarrolla en un capítulo. En primer lugar, con una perspectiva conceptual, la que afirma que la relación entre laicidad y libertad religiosa es producto de la tensión histórica que, desde la aparición del cristianismo, ha existido entre poder político y poder religioso. La segunda premisa, con un enfoque teórico, afirma que en el caso del servidor público