El precio de la democracia. Julia Cage

Ahora bien, los hogares modestos son, en Francia, más de la mitad de los hogares fiscales, de modo que esto está lejos de ser anecdótico.

      Digámoslo de otro modo: el sistema actual es tal que, al final, los ricos no pagan más que una tercera parte del monto de sus donaciones a los partidos o los candidatos de su elección, pues el resto lo paga el Estado, es decir, es dinero de nuestros impuestos (en particular el IVA y otros impuestos indirectos que todos pagamos, y sobre todo los más pobres), mientras que los ciudadanos de más bajos recursos —¡gran paradoja!—pagan sus contribuciones políticas a plenitud. Además, el sistema francés actual de reducción de impuestos no sólo se aplica a las donaciones a candidatos y a partidos políticos, sino también a las cuotas de los militantes.²⁵ En otras palabras, la mitad de los franceses más pobres no puede recibir el reembolso de una parte de sus cuotas, mientras que la mitad de franceses sujetos a impuesto sobre la renta sí puede. Esto anula —e incluso revierte— el carácter progresista de las políticas de militancia practicadas por muchos partidos. Por ejemplo, en Europe Écologie Les Verts [Europa Ecología Los Verdes] (EELV), la cuota de militancia es de 36 euros al mes para los miembros más precarios: los estudiantes y aquellos cuyo ingreso es inferior a 1200 euros mensuales. Costo real para un miembro precario: 36 euros. Para un miembro que gane 1500 euros al mes, la cuota de militancia es de 100 euros. Costo real, una vez aplicada la reducción fiscal de 66%: 34 euros… Para todos los partidos que aplican una tarifa única o casi única, el resultado es que la militancia resulta dos tercios más barata para los contribuyentes gravables que para los no gravables. La política pública, entonces, reduce a la nada los intentos de los partidos por democratizar el perfil de sus militantes. Todo está de cabeza.

      Nótese, finalmente, que la reducción de impuestos no sólo se aplica a las cuotas de los militantes, sino también a las de los funcionarios electos o, en palabras de Bercy, a las “cuotas pagadas por los titulares de cargos de elección pública nacionales o locales”. En este caso, se aplica aún con más flexibilidad, pues las cuotas de los funcionarios electos no tienen el tope de 7500 euros. Así, un funcionario electo que declare sus ingresos en pareja puede beneficiarse de una reducción de impuestos que asciende a 66% del monto de las cuotas, monto limitado a 15 mil euros por hogar fiscal. Por ejemplo, un senador, aunque viva principalmente de las remuneraciones que le paga el Estado, podrá ver que sus impuestos se reducen en 10 mil euros a título de las cuotas que ha decidido pagar a su propio partido, o por el voto de la ley en función de intereses muy personales.

      Así pues, en Francia el financiamiento público de la vida política es mucho más débil para los millones de individuos menos privilegiados que para los pocos más privilegiados. En el próximo capítulo veremos que, tan sólo para las donaciones a partidos políticos, el Estado gasta 21 veces más en reducciones de impuestos para el 1% de franceses más ricos que para la mitad menos adinerada de los contribuyentes. Esta situación es un escándalo, sobre todo porque este sistema, tan profundamente injusto, no es exclusivo del financiamiento político, sino que se aplica a todas las donaciones, incluido el financiamiento de los medios de comunicación por medio de donaciones a asociaciones como Presse et Pluralisme o J’Aime l’Info; por eso, en 2015, defendí en mi libro Salvar los medios de comunicación la idea de un sistema de financiamiento abonado “a la inglesa” —que el Estado aporte directamente a las fundaciones el equivalente de sus gastos fiscales— para las donaciones en Francia a medios sin fines de lucro.²⁶ En el capítulo 10 volveré a abordar esta propuesta, extendida al financiamiento de los partidos políticos.

      Algo interesante es que las cuotas a sindicatos son una excepción, puesto que dan derecho a un crédito fiscal. En otras palabras, los hogares no gravables se benefician del crédito fiscal asociado a las “cuotas sindicales de los asalariados y pensionados” en la misma medida que los hogares gravables, puesto que, en el marco de un crédito fiscal, los contribuyentes no pagan impuestos y no pueden, por lo tanto, beneficiarse de una reducción, pero de todas maneras reciben un cheque del Estado. El crédito fiscal a que dan derecho estas cuotas sindicales es igual a 66% del monto de esas cuotas. No obstante, el monto sujeto a este crédito no puede exceder 1% del salario neto gravable. En otras palabras, una vez más, las personas de más bajos ingresos no pueden beneficiarse tanto como los más ricos. En efecto, para un contribuyente que haya recibido 50 mil euros de salario neto gravable y haya pagado 300 euros en cuotas (es decir, menos de 1% de su salario), el monto del crédito fiscal es de 300×66%=198 euros. Su militancia no le cuesta más que 102 euros. No obstante, para un contribuyente que haya cobrado 20 mil euros de salario neto gravable, y haya pagado los mismos 300 euros en cuotas, el monto del crédito fiscal es de 200 euros×66%=132 euros, puesto que sólo se toma en cuenta para el crédito la parte de su cuota correspondiente al 1% de su salario, es decir 200 euros. Al final, su militancia le cuesta 168 euros, contra los 102 euros que le cuesta al contribuyente que dispone de un ingreso 2.5 veces más elevado.

      Así pues, en Francia, mientras más pobre sea una persona, más paga por participar en la democracia social y política… ¿No es hora de cambiar?

       Una desigualdad muy extendida

      Por desgracia, esta desigualdad en la contribución del Estado al financiamiento de las preferencias políticas de unos y otros ciudadanos está lejos de ser exclusiva de Francia. En Canadá, el Political Contribution Tax Credit [Crédito fiscal por contribuciones políticas],²⁷ introducido en 2004, es de hecho una reducción de impuestos, y no un crédito fiscal. En otras palabras, sólo beneficia a los hogares fiscales gravables. Entonces, los más ricos no pagan a tasa plena sus donaciones a los partidos políticos. En cambio, los más pobres sí… Y es lo mismo en Italia, en España e incluso en Alemania.²⁸ El sistema es particularmente sorprendente en Italia, donde las cuotas de los militantes de los partidos no les dan derecho a reducciones de impuestos, mientras que las cuotas de los funcionarios electos sí.²⁹ (Finalmente, Estados Unidos es la única excepción en este caso, pues las donaciones a los partidos políticos y a las campañas no dan derecho a deducciones fiscales.)³⁰

      No obstante, a veces se introducen medidas para favorecer las pequeñas donaciones. En España, por ejemplo, los primeros 150 euros donados dan derecho a una reducción de impuestos de 75%, mientras que la reducción es de sólo 30% para donaciones superiores a 150 euros (con un tope de 10% de la base gravable neta).³¹ Asimismo, en Alemania la reducción fiscal se aplica únicamente a las pequeñas donaciones. Alemania introdujo, además, un sistema de financiamiento abonado para esas pequeñas donaciones: los partidos políticos reciben 0.45 euros por cada euro donado por persona y por año, dentro de un límite de 3300 euros. Así, un individuo que done 3300 euros a un partido le aporta, de hecho, 4785 euros, una vez abonada la aportación automática del Estado. Este sistema de financiamiento abonado representa, para ciertos partidos alemanes, más de la mitad de su financiamiento público directo, mientras que la otra mitad está en función del número de votos obtenidos en las últimas elecciones (en el capítulo 5 veremos los diferentes modelos de financiamiento público de los partidos y las sumas en juego). Sin embargo, aunque estas medidas favorecen las pequeñas donaciones —y podemos alegrarnos de ello—, aun así dejan de lado a los donadores de más bajos ingresos.

      Por supuesto, existen sistemas aún más extremos, que benefician a los más privilegiados aún más que el sistema canadiense, el italiano, el francés, el español o el alemán. Pero, ¿es ése el horizonte que queremos fijar? En Brasil, por ejemplo, hasta 2015 no había límite fijo para las sumas que los ciudadanos o las empresas podían donar. Las empresas podían donar hasta 2% del valor bruto de sus ventas del año anterior a las elecciones. Así, las grandes empresas podían contribuir en gran medida al financiamiento de las elecciones y las pequeñas, no. Mientras más dinero ganara una empresa, más podía contribuir. ¡Extraña forma de llevar la democracia! Desde 2015, después del escándalo de Petrobras,³² las donaciones políticas de empresas están prohibidas. Pero ¿qué hay de las donaciones individuales?

      Hasta la fecha, en Brasil los individuos más ricos están autorizados por ley a donar más que los pobres. Por ley. Así, el monto de las donaciones está limitado a 10% del ingreso bruto percibido en el año anterior a las elecciones. Un ciudadano que gane 10 millones de euros puede donar hasta un millón. Un ciudadano