El precio de la democracia. Julia Cage

alternativas no tienen las mismas implicaciones.

      FINANCIAMIENTO PÚBLICO,

      FINANCIAMIENTO PRIVADO

      Las elecciones son caras. O, mejor dicho, cierto número de democracias occidentales han decidido dedicarles mucho dinero, a veces demasiado. Estas diferencias reflejan las distintas regulaciones en cuanto a las sumas que los candidatos están autorizados a gastar —ya revisamos brevemente la situación de algunos países—. Sin embargo, también reflejan las distintas regulaciones en cuanto a las cantidades que las personas y las empresas están autorizadas a donar. Los dos próximos capítulos estarán dedicados al financiamiento privado de la democracia y a un análisis detallado de los diferentes modelos nacionales. Veremos que, de un país a otro, los gastos y los actores difieren en aspectos fundamentales. En Alemania, la ensambladora automotriz Daimler dona con la mano izquierda, cada año, 100 mil euros al SPD y con la derecha, la misma suma a la CDU. Por supuesto que esto no guarda relación alguna con el deseo de la empresa de evitar a toda costa la prohibición del diésel en las ciudades. En Francia, las empresas ya no están autorizadas a hacer donaciones a los partidos políticos; sin embargo, cuando lo estaban, una empresa como Bouygues no vacilaba en mostrar una enorme liberalidad en el uso de su chequera, sin importarle el color político de unos u otros. Cincuenta sombras de generosidad.

      Las diferencias en cuanto al monto de los gastos de los partidos reflejan la diversidad de modalidades del financiamiento público de la democracia, a la cual se dedicará el capítulo 5. Ya vimos, por ejemplo, que los partidos políticos ingleses gastan, en promedio, mucho menos dinero al año que sus homólogos alemanes. No obstante, esto no significa que sean menos cautivos de los intereses privados; ¡por el contrario! El Partido Conservador recibe, cada año, más de 25 millones de euros en donaciones privadas, es decir, cinco millones más que la CDU en Alemania (que, de todos modos, no merece que sintamos lástima por ella). Esto demuestra, simplemente, la ausencia de un sistema de financiamiento público de los partidos en el Reino Unido, mientras que los partidos alemanes reciben, además de las donaciones privadas, una generosa dotación pública que depende de su éxito en elecciones pasadas.

      En otros términos, son numerosas las armas a disposición de un gobierno deseoso de influir —ya sea en un sentido o en otro— en el juego político por medio del dinero privado y los recursos públicos que se le inyectan. Ahora vamos a poner las cosas en orden para ser capaces, a fin de cuentas, de responder las siguientes preguntas: ¿cuánto gasta el Estado, cada año, para financiar las preferencias políticas de los ciudadanos, y en qué medida varía este gasto según los ingresos de cada quién?; en los países donde está poco regulada, ¿la inyección masiva de dinero privado vuelve inoperantes los subsidios públicos?; y sobre todo: ¿cuáles son las consecuencias concretas de esos distintos modelos de financiamiento?, ¿los modelos que pueden considerarse “de mercado” favorecen a los partidos más conservadores, en detrimento de otros movimientos más contestatarios?, ¿conducen a una representación desigual de las preferencias políticas de cada quien y a políticas públicas sesgadas? Es urgente responder estas preguntas, puesto que, en cierto número de países, el financiamiento público de la democracia se encuentra amenazado, cuando no ha sido ya aniquilado, con consecuencias a menudo drásticas, e inequidades que garantizan su propia perpetuidad.

      El objetivo de este libro es abrir los ojos del lector a las realidades de las prácticas actuales y proporcionarle todos los elementos necesarios para que él mismo pueda elegir el modelo que le parezca mejor para restaurar la buena salud de los sistemas democráticos en el siglo XXI. La cuestión esencial es la siguiente: ¿qué reformas deben aplicarse sin tardanza para que sea posible, por fin, restringir el papel del dinero privado en el funcionamiento de nuestras democracias y restaurar así el principio fundacional de una persona, un voto? Pero ten paciencia: eso quedará para la última parte de esta obra.

      2. El financiamiento privado de la democracia

       Un sistema poco regulado y pensadoúnicamente para los más privilegiados

      EL FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LA

      DEMOCRACIA: UN SISTEMA (SÓLO EN PARTE)

      CONTROLADO (¿Y POR CUÁNTO TIEMPO?)

      Conforme avanzan las elecciones, aumenta también el temor —a menudo justificado— al fraude electoral, temor alimentado por el miedo a la corrupción. Compra de votos, compra de políticos, manipulación de los medios… No ha hecho falta esperar a House of Cards y al jubiloso Frank Underwood para descubrir el abanico de posibilidades que se abren a los ambiciosos que se han nutrido de Shakespeare y la moral de su Ricardo III. “La conciencia no es más que una palabra que usan los cobardes, ideada por primera vez para asustar a los fuertes; nuestros recios brazos sean nuestra conciencia y nuestras espadas, nuestra ley. Adelante.” Así exclama el rey Ricardo, político maquiavélico de pensamiento complejo. Es una útil advertencia histórica.

      Sin embargo, en numerosos países, ha hecho falta esperar mucho tiempo para que el financiamiento privado de la democracia se controlara, es decir, para que se limitaran las aportaciones privadas al juego electoral, notable fuente de corrupción. Estados Unidos fue uno de los primeros países en regularlas (en parte, quizá, para distanciarse de la vieja Europa, percibida como aristocrática y antidemocrática), para luego deshacer lo que había hecho. La primera expresión de la voluntad de limitar la corrupción en las elecciones federales estadounidenses se remonta a 1867, con la Naval Appropriations Bill [Ley de Apropiaciones Navales], que pretendía impedir que los oficiales de la marina y los empleados del gobierno recaudaran contribuciones entre los empleados de los astilleros. Esta regulación se extendería muy pronto, volviendo ilegal que los empleados del gobierno solicitaran e hicieran contribuciones para las elecciones federales,¹ hasta llegar a la prohibición de las contribuciones financieras de las empresas a las campañas electorales nacionales, en 1907, con la Ley Tillman.² No obstante, también los límites de esta regulación se harían evidentes muy pronto, sobre todo por la ausencia de un órgano regulador.³

       La simulación de la legislación estadounidense

      Aún hoy, en Estados Unidos las donaciones (directas) de empresas a las campañas electorales están prohibidas. No obstante, las donaciones de individuos están autorizadas. En principio, las donaciones a campañas —o, más precisamente, al comité local de un candidato— para las elecciones federales están limitadas a 2700 dólares por individuo para cada elección. Aun así, los ciudadanos pueden aportar hasta 5 mil dólares anuales a los comités de acción política (PAC, por las siglas de political action committee), organizaciones privadas que desempeñan un papel de extrema importancia en la vida electoral de Estados Unidos, pues se dedican a apoyar a un candidato o, por el contrario —cosa muy frecuente—, a “destruir” a otro.⁴ Además, pueden donar cada año hasta 10 mil dólares a los comités locales de los partidos políticos y hasta 33900 dólares a los partidos a nivel nacional. En resumidas cuentas, están autorizadas a ejercer su generosidad política hasta por 101700 dólares por comité y por año, contribuyendo a otros comités del mismo partido a nivel nacional, sobre todo en el marco de las convenciones nacionales o la construcción de las sedes de los partidos.⁵ Así, a fin de cuentas, un individuo está autorizado a dedicar varias decenas de miles de dólares al año a defender sus ideas en el escenario electoral estadounidense.

      No sólo se han ampliado estos umbrales, sino que, en los hechos, este sistema ya no funciona, pues aunque existen límites han perdido todo sentido a causa de la existencia de los “súper PAC”: grupos de presión que no tienen restricción alguna y pueden recibir donaciones ilimitadas, también de parte de empresas. Por eso, en la actualidad, los gastos electorales en Estados Unidos se cuentan ¡en miles de millones! En 2016 y 2017, se dedicó a los gastos electorales un promedio de 11.50 euros por cada estadounidense adulto. Estos “súper PAC” no están exentos de las recientes desviaciones de la democracia estadounidense, una democracia secuestrada por algo que podemos sentirnos tentados a denominar “casta”. Es una desviación que afecta a republicanos y demócratas a la vez, y deja la puerta abierta a candidatos populistas dispuestos a denunciar a una