El factor religioso está presente en todos los ámbitos de la sociedad. La educación no es una excepción. Por eso, una escuela que pretende educar por y para la libertad, debe ser capaz de dar respuesta, desde el horizonte de los valores constitucionales, a las manifestaciones religiosas que se producen en su seno, evitando derivar en situaciones de intolerancia o discriminación. La presente obra pretende servir de ayuda para ello, especialmente para que los propios centros educativos encaucen adecuadamente su actuación ante aquellas manifestaciones, evitando así estereotipos y prejuicios que se encuentran en el punto de partida de muchos intentos de su deslegitimación. Se presentan inicialmente las cuestiones más elementales que configuran esta libertad como un derecho fundamental (reconocimiento legal, naturaleza, contenido, manifestaciones, etc.), permitiendo desde esta perspectiva y a continuación abordar la solución a aquellas más particulares y habituales que surgen en la vida ordinaria de las escuelas, fruto de la diversidad religiosa de sus alumnos (educación conforme las propias convicciones, vestimenta, alimentación, festividades y enseñanza religiosa escolar).
La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (estatal) es uno más de los elementos integrantes del complejo Derecho cooperativo español. A pesar de que su ámbito de aplicación viene profundamente mediatizado por la coexistencia con las legislaciones autonómicas, resulta llamativa la frecuencia con la que es invocada por la doctrina, así como su indudable protagonismo en la conformación de la historia judicial de nuestra figura. Cumplidos veinte años de su vigencia, la revisión de las resoluciones en las que ha resultado aplicada por nuestros Tribunales resulta un merecido homenaje. Decisiones de todos los órdenes jurisdiccionales se dan cita en este estudio jurisprudencial bien sistematizado por áreas y materias, centrado en las dos instancias inmediatas superiores de cada uno de ellos y en el que sólo quedan al margen aquellas resoluciones dictadas al amparo exclusivo de una concreta ley autonómica de cooperativas. El lector tiene en sus manos una obra gracias a la cual, de forma ágil y compendiada, podrá acceder a interpretaciones y tendencias jurisprudenciales, tanto en fase de construcción como ya consolidadas, de una norma que, pese a su particular ámbito de aplicación, se erige en centro obligado de atención de los estudiosos y prácticos de nuestro Derecho Cooperativo.
M. Enriqueta Fernández Izquierdo
Este libro nace con la intención de ser un referente en el nuevo paradigma de la Economía Circular, entendida esta como una nueva forma de hacer, usar, diseñar productos teniendo en cuenta la BIOCAPACIDAD del planeta tierra. Una economía restaurativa y regenerativa por intención y diseño. La economía circular tiene en consideración que los recursos son finitos y que además, para su producción se deben de tener en cuenta un flujo de circularidad que minimice los residuos generados y los desperdicios. Además, cualquier recurso, al final de su vida útil, tendrá una aplicación en otro proceso, convirtiéndose en un nutriente tecnológico que imita el ciclo de los nutrientes biológicos. La Economía Circular, tiene sus raíces en diferentes escuelas de pensamiento del campo de la sostenibilidad, patrimonio natural que se han desarrollado a lo largo de muchos años de teorías de desarrollo económico e industrial, la Ecología Industrial / parques eco-industriales/ la producción más limpia, el diseño regenerativo, la biomímesis que se basa en la observación y análisis de los procesos propios de la naturaleza para crear productos, el diseño de la cuna a la cuna. Podemos por tanto concluir que la Economía Circular ds un nuevo paradigma que ha aglutinado distintas aportaciones de diversos campos de conocimiento, incluyendo entre ellos la sostenibilidad.
Para que los mercados financieros puedan desarrollar eficazmente su función de financiación de las empresas es esencial que estén dotados de un adecuado marco legal que reporte de la oportuna protección a todos los agentes vinculados en el proceso. Así pues, y dado que es la decisión final de inversión la que permite la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, función económica esencial del sistema financiero en general, y del mercado de valores en particular, se plantea como necesario atender a analizar en qué medida puede el derecho servir al desarrollo de las estrategias y objetivos de financiación directa pretendidos desde el mercado de valores, y si proporciona o no, un marco legal de protección tal que le dote de la suficiente confianza (fiducia) para proceder a la incentivación en la inversión de los productos financieros. Por ello, conforma el objetivo genérico de la presente obra el análisis de la normativa reguladora del mercado de valores con la pretensión de tratar de observar su incidencia en el contenido de las relaciones jurídicas que se mantienen en el mercado en aras de poder advertir si el marco legal por el que se procede a su regulación permite dotar a todos los operadores del mercado de las garantías legales necesarias sobre la base de un «valor añadido» implícito tal que le posibilite desplegar sus efectos en la contratación.
El modelo de proceso penal actual en España trata de conjugar el respeto a los derechos básicos de la persona por parte de los órganos que intervienen en la represión de los delitos y, en concreto, el de algunos derechos fundamentales de contenido procesal. En este marco, son muchas las medidas limitativas de derechos fundamentales, y a ellas se dedica el estudio de este libro, especialmente a las tecnológicas. Pero la visión no es la meramente doctrinal, sino la práctica, tras la revisión y estudio de la jurisprudencia vertida para la correcta interpretación de las normas emanadas en los últimos tiempos. Los profesionales encontrarán en esta obra los mimbres con los que defender más satisfactoriamente los derechos de los ciudadanos, especialmente los que se hallan incursos en un proceso penal.
En esta obra se abordan algunas de las principales cuestiones que afectan al desarrollo de las relaciones electrónicas entre la Administración y el obligado tributario. Se examina la regulación de este tema en la Ley General Tributaria, el derecho a relacionarse por vía electrónica con la Administración y la relación electrónica obligatoria con la Administración. También se abordan las sedes y los registros electrónicos, la protección de datos de carácter personal en el ámbito tributario, las principales actuaciones de información y asistencia llevadas a cabo por Internet y las declaraciones tributarias telemáticas. Asimismo, se estudian las notificaciones tributarias electrónicas, la facturación electrónica, el Suministro Inmediato de Información y la presentación telemática de recursos en el ámbito tributario. Finaliza esta obra con un último apartado dedicado al big data y la inteligencia artificial en la Administración tributaria.
La corrupción pública es uno de los temas que más alarman a la sociedad, así los actos de corrupción pueden quebrantar la confianza de la ciudadanía en el correcto funcionamiento de la Administración pública y esa pérdida de la confianza en el sistema puede hacer que se quiebre todo el sistema de valores de un Estado conllevando un grave perjuicio al Estado que lo sufre y a los ciudadanos que requieren de una Administración pública legal. Realmente el fenómeno de la corrupción no es nuevo pero las últimas y novedosas macrocausas que ha sufrido nuestro país en los últimos tiempos han aumentado la preocupación o alarma social sobre un tema tan complejo como es la corrupción. Y por ello en la presente obra se analizan los delitos de cohecho antecedente regulados en los artículos 419 y 420 CP para la corrupción del funcionario y 424 CP para la del particular, que son aquellos casos en los que el funcionario recibe ventaja por la realización de un acto administrativo previamente pactado y para ello hemos partido de un concepto unívoco de corrupción para poder interpretar correctamente los tipos penales y aportar posibles soluciones para estos tipos penales, que son la figura estrella de los delitos de corrupción pública.
A través de la presente monografía se analizan las cláusulas de mayor protección de los derechos humanos. La cláusula de la mayor protección en los tratados sobre derechos humanos se configuró con el objetivo de conciliar la ampliación del número de Estados parte y el mantenimiento del nivel de protección de los derechos en los Estados. En concreto, nos detendremos en las previsiones contenidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Americana de Derechos Humanos. Con carácter previo examinaremos dos teorizaciones relevantes para comprender la gestión del actual pluralismo normativo a nivel internacional: la fragmentación del derecho internacional y el constitucionalismo global.
Esta obra reúne una serie de trabajos y aportaciones que analizan el marco normativo de las relaciones laborales transnacionales, específicamente en su vertiente colectiva. La internacionalización del trabajo y de la empresa y los desplazamientos de trabajadores entre distintos estados ha introducido un factor de dificultad añadida a la regulación del contrato de trabajo internacional, que se agranda con la entrada en escena de nuevas regulaciones, provenientes unas del derecho internacional del trabajo, fundamentalmente del derecho internacional público, otras de la acción sindical a nivel internacional, tanto en su faceta de diálogo y negociación, como en su faceta de planteamiento de conflictos y otras de la decisión unilateral o multilateral de la propia empresa multinacional. La obra proporciona un estudio unitario, integrado y completo de los instrumentos y experiencias de determinación de condiciones de trabajo en instrumentos negociados y no negociados transnacionales, como los acuerdos marco y los códigos de conducta, así como las novedosas vías de intervención que proporcionan nuevas fuentes del derecho internacional, como los acuerdos en materia de libre comercio, inversión y pesca, en los cuales, y bajo el prisma de la sostenibilidad social y medioambiental y amparo actual en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se asumen y afirman compromisos estatales de cumplimiento de estándares laborales internacionales. Estos compromisos no sólo tienen como destinatario a los estados, sino que abarcan y alcanzan también a los agentes sociales y a la negociación colectiva, que se ven reforzados en su función de defensa y protección del trabajo asalariado tanto a nivel interno como internacional. Un lugar excepcional ocupa el desarrollo de la negociación colectiva europea, en tanto germen y origen de la negociación colectiva internacional, en tanto institución más desarrollada y jurídicamente mejor dotada para logar su propósito de regulación
Unidos por el concepto de macrovictimización, en esta polifonía multidisciplinar se destaca el impacto temporal de la violencia en los crímenes internacionales, el terrorismo, los abusos de poder o la victimización sexual en contextos institucionales, así como la victimización secundaria del propio sistema penal.