De damnificados a víctimas. Fernanda Espinosa Moreno

durante la cual hubo una explosión testimonial mundial que la caracterizaría y que tendría su punto máximo en las décadas de 1980 y 1990; se trata de un presente obsesionado con las voces del pasado. Incluso el investigador Gabriel Gatti (2017) habla de un “mundo de víctimas”, en el que la multiplicidad de éstas es el sujeto central, más que el ciudadano. “El mundo se llenó de víctimas y ocupan ahora el centro: de la vida política, de la mediática, de nuestra economía moral”. En esta investigación seguimos la agenda global propuesta por el autor: “Situar social e históricamente la emergencia de esa figura, pensar su consolidación y analizar tanto las formas de identidad, socialidad y agencia que se ordenan en torno a ellas como los dispositivos (institucionales, redes expertas, oficios) que intervienen en estos procesos”.⁴

      En el mundo actual se ha posicionado la “autoridad” de la víctima como una posibilidad de aproximarse a la verdad.⁵ Aparece con fuerza la reflexión sobre la relevancia de las narraciones desde el yo en las tentativas por comprender los procesos sociales. François Hartog reafirma que “el testigo comprendido como portador de memoria se ha vuelto central en nuestro espacio público. Este fenómeno ocurre al mismo tiempo que la centralidad de Auschwitz en la memoria occidental se acrecienta”.⁶

      En el siglo XXI en la legislación internacional se consolidó la noción de víctima como sujeto violentado y con derecho a ser reparado. Se trata de un fenómeno relativamente reciente. Resulta apropiado entender e historizar las distintas formas en que se ha definido a las víctimas y su reparación durante la historia. En Colombia, desde el inicio de la Violencia Bipartidista se discutieron las políticas que se debían tomar hacia los afectados por hechos violentos. Las víctimas no pueden homogenizarse en un doliente genérico, universal y permanente; por eso consideramos pertinente observar las formas en que se consolidó y se articuló la idea del afectado por las violencias.

      La presente investigación analiza la construcción de la categoría social de víctima en Colombia durante los distintos ciclos de la violencia entre 1946 y 1991. Se propone historizar el surgimiento de la “víctima” (y sus variantes), así como observar los cambios en las formas de su nominación, nombramiento y registro. En este sentido, reconocemos la polisemia de la categoría con respecto al contexto nacional y las dinámicas de la violencia, así como con la forma como ésta se interpretaba y se narraba. Pretendemos salir del modelo universal del doliente para caracterizar a las personas afectadas en cada periodo según el tipo de violencia que experimentaron, su contexto y sus acciones. También nos proponemos analizar al sujeto afectado por la violencia en los discursos gubernamentales, en los pronunciamientos sobre el impacto de la violencia y en el conflicto armado. En cada periodo estudiado tomamos en cuenta las múltiples variables con las que se identificó a las víctimas tanto colectivas (damnificados, exiliados, desaparecidos y mártires) como individuales (personas con nombre y apellido).

      Algunas preguntas que surgieron a lo largo de la investigación fueron las siguientes: ¿De qué manera el afectado por la violencia se volvió de interés de la política estatal? ¿Qué acciones se debían tomar respecto de los “damnificados” por la violencia? ¿Cómo se llegó al consenso sobre la intervención del Estado frente a estas afectaciones con políticas de asistencia y de reparación? ¿Cómo el afectado por la violencia se transformó en víctima sujeto de intervención política, administrativa y judicial? Para responder estas preguntas observamos el proceso que condujo a que el Estado considerara necesario y legítimo intervenir, por el cual los “afectados” se empiezan a considerar un problema público sobre el cual hay que legislar. Descubrimos varios momentos de construcción del tema como problema y de acciones de los distintos gobiernos en relación con las víctimas. Las personas afectadas por la violencia se fueron transformando en sujetos de intervención política y administrativa. Finalmente, analizamos los procesos de negociación y contenciosos alrededor de la caracterización de la víctima y su reparación.

      Las preguntas centrales que guiaron la investigación fueron las siguientes:

      

¿Cuál fue el proceso de inclusión de las víctimas de violencia política como problema público en Colombia entre 1946 y 1991? ¿Cómo ocurrió el proceso de negociación de las políticas públicas hacia los afectados por la violencia entre el Estado, los actores internacionales y la sociedad civil?

      

¿Cómo se transformó la definición del sujeto afectado, es decir, de quien se consideraba víctima en cada periodo? ¿Qué sujetos tuvieron un “duelo social” y un reconocimiento como objeto de política pública?

      

¿Qué impacto tuvieron las variaciones y las disputas por las memorias y las narraciones de la violencia de cada periodo en las “escalas del duelo” y en el reconocimiento de las víctimas? ¿Cuáles fueron los periodos de narración de la violencia y de las políticas de memoria y reparación? ¿Cómo se gestionó y se interpretó histórica, social y políticamente el pasado violento y los sujetos afectados?

      Las víctimas como problema público y objeto de políticas públicas

      Nos interesa analizar la génesis de la víctima desde la perspectiva del análisis de los problemas públicos. Existen dos grandes vertientes teóricas de los problemas públicos que pueden aportar al estudio de nuestro problema de investigación: una es la sociología de los problemas públicos, y otra, el problema público en el ciclo de la política pública.

      La sociología de los problemas públicos, poco abordada en Latinoamérica, surge particularmente en Estados Unidos en la década de 1960. Se trata de una perspectiva propuesta para analizar cómo se consolidan los problemas públicos. Algunos académicos de la Escuela de Chicago señalaron que:

      la existencia de un problema no es una realidad objetiva sino una producción de grupos sociales, los que en todo caso establecen, a partir de sus propias normas, que un fenómeno es una transgresión y una desviación. Por lo tanto, el proceso a través del cual un suceso es etiquetado como problemático se convertía en el centro del análisis. Bajo la nueva perspectiva, el énfasis era colocado sobre las interacciones de grupos sociales o de individuos, insertos en espacios precisos y buscando influir en las orientaciones, concepciones, controversias, argumentaciones en torno a una situación específica.⁷

      Un primer aporte de la sociología de los problemas públicos, pertinente para este trabajo, es la “desnaturalización” de lo que se considera problemático en una sociedad que no se concibe como realidad objetiva, sino como una producción de grupos sociales. En este sentido, el centro de nuestro análisis es el proceso por medio del cual los afectados por la violencia se convirtieron en un problema público reconocido por distintos grupos sociales.

      El sociólogo Joseph Gusfield,⁸ pone énfasis en el proceso a través del cual se define un problema en la arena pública en pugna entre grupos sociales e instituciones y sus transformaciones a través del tiempo con base en la ritualización, la escenificación, la persuasión y la retórica. En la agenda pública el problema se define como algo factible de ser transformado o resuelto. Por eso, además de nombrar algo como un problema, se disputa socialmente el camino a seguir para su resolución.

      Para Gusfield, un problema público tiene cierta estructura, lo que equivale a sostener que aun si el estudio de las interacciones es importante, también lo es observar cómo se compone una estructura que contiene ideas y acontecimientos, cambiantes, imprecisos y contingentes. Un problema público mantiene siempre tres dimensiones, afirma este autor, cognitiva, moral y normativa. En palabras de Gusfield: utilizo el concepto problema público para designar el proceso a través del cual un hecho se convierte en un asunto de reflexión y de protesta pública y un recurso, así como un objetivo, para la acción pública.⁹

      Esta investigación parte de que la construcción de un problema público constituye un proceso de pugna, de negociación y contencioso. Es decir, de disputa en la “arena pública” entre actores sociales, poderes e instituciones, no sólo para su inclusión sino también para