De damnificados a víctimas. Fernanda Espinosa Moreno

y presionado sobre la importancia y la necesidad de crear una Comisión de la Verdad con características incluyentes, la cual sería fundamental para los ejercicios de justicia transicional. Finalmente, en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se incluyó la creación de una comisión de la verdad, la cual fue instalada en mayo de 2018 y trabajará durante tres años para presentar su informe. Este contexto presente resulta clave para el análisis histórico.

      En el acto de instalación de la Comisión de la Verdad, el presidente Juan Manuel Santos señaló que se trataba de:

      Un acuerdo que, no sobra repetir, tiene a las víctimas como la columna vertebral de todo el proceso: los derechos de esas víctimas, el derecho a la justicia, a la reparación, a la no repetición y a la verdad. Hoy estamos dando un nuevo paso en esa construcción de la paz y en ese respeto a los derechos de las víctimas, porque muchas de las víctimas, y he hablado con cientos de ellas, tal vez con miles de ellas, muchas veces ni siquiera exigen reparación; lo que ellas quieren es verdad, por muchos motivos, pero eso es una realidad.²

      Este trabajo no pretende sistematizar y recopilar sólo información sobre las políticas públicas ya realizadas y aprobadas, sino también las alternativas discutidas por la sociedad civil y por los movimientos sociales. Se trata de recoger las propuestas formuladas por los “empresarios de la memoria”,³ nombre dado por la investigadora argentina Elizabeth Jelin a diferentes actores sociales que tienen iniciativas en este campo. Al mismo tiempo, busca observar cómo estas propuestas han logrado impactar o no el sistema político, en un proceso de negociación donde los movimientos sociales también han logrado incidir en las políticas existentes. Tal como se define en los ejemplos internacionales en que se han promulgado leyes de “memoria”, una parte fundamental de las reparaciones colectivas para las comunidades es la recuperación de la memoria para permitir una reconstrucción del avance social. Por lo tanto, para diseñar políticas de memoria en Colombia es esencial contribuir desde las comunidades victimizadas.

      Hasta el momento no existe ningún trabajo académico que recoja la historia de las víctimas de la violencia política y de las políticas de memoria y reparación en Colombia durante el siglo XX, por lo cual la investigación se concentró en fuentes primarias. Se utilizó una metodología cualitativa y un método histórico. Para observar las narrativas sobre víctimas y victimarios de cada periodo fueron particularmente útiles el análisis del discurso histórico y la historia conceptual.

      Durante la primera fase de la investigación se realizó un barrido de la literatura relevante para entender el contexto y la generalidad del proceso político del país, especialmente la violencia, el conflicto armado y los distintos procesos de paz. También fue fundamental la revisión de literatura teórica sobre las políticas públicas y políticas de memoria y reparación.

      La segunda fase consistió en el trabajo de archivo y búsqueda de fuentes documentales. Para la revisión de la prensa nacional se acudió a la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí se revisaron los periódicos El Tiempo y El Espectador, los de mayor difusión en el periodo, y para obtener una mirada alternativa y de los movimientos sociales se consultó el semanario Voz Proletaria y la revista Alternativa. También se revisaron los Anales del Congreso en el Archivo del Congreso de la República, donde se ubicaron los debates en los que se discutieron temas sobre las víctimas, la memoria y la violencia. En el Archivo General de la Nación se revisaron los fondos presidenciales, en particular los documentos y los informes sobre violencia, así como los archivos de las oficinas de rehabilitación.

      Las fuentes internacionales se rastrearon en los archivos digitales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se analizaron las convenciones internacionales de derechos humanos y su introducción a la legislación colombiana. También se hizo una búsqueda en la Benson Latin American Collection, University of Texas Libraries, en la Universidad de Texas, en Austin. Estas fuentes fueron fundamentales para el análisis de las redes transnacionales de derechos humanas de y hacia Colombia, las cuales se referencian en el capítulo 4.

      Una tercera fase de la investigación fue la crítica de fuentes externa e interna. Se agruparon las distintas políticas revisadas para conformar una periodización temporal, en la cual también se estructuraron los capítulos. En esta fase se registraron sistemáticamente los debates y la legislación sobre políticas públicas de la memoria y reparación en Colombia.

      Durante una cuarta fase se realizó el análisis de fuentes, se propusieron y se aplicaron categorías y ejes analíticos, y se identificó a los actores en cada periodo. En una quinta fase se llevó a cabo la síntesis y la integración de la narración histórica, misma que contempló la discusión y la redacción de los argumentos de los capítulos y las conclusiones.

      Los cinco capítulos que integran el presente texto corresponden con los periodos cronológicos en los cuales existieron cambios fundamentales respecto de la manera de concebir los tipos de violencia, las políticas sobre las víctimas, la reparación, y los gobiernos nacionales. En este sentido, esta historia de las políticas de reparación y memoria quiere destacar que se trató de un proceso no progresivo; esto es, existieron etapas definidas por la forma en que se consolidaron una definición y acciones hacia las víctimas y los victimarios, durante las cuales participaron numerosos actores con diferentes capacidades de incidencia. En otras palabras, el proceso de la construcción de los afectados por la violencia como un problema público en Colombia a lo largo del siglo XX, y las consiguientes políticas de memoria y reparación, tuvieron implicaciones distintas en cada periodo.

      Cabe destacar que el interés de la investigación fue abordar los hechos relacionados con la política de memoria durante los años de violencias desde sus propias transformaciones. Lejos de valorar como positivo o negativo dicho proceso, nos interesó dilucidar sus distintas fases y sus construcciones históricas. Ciertamente, nos encontramos ante un panorama de distintos niveles de negociación entre Estado y sociedad civil, donde las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñaron un papel clave. Si bien en algunos capítulos nos concentramos en la voz y la acción de algunos de estos actores, resaltamos que todo el tiempo hubo una constante interrelación entre ellos. Adicionalmente, en Colombia muchos de los referidos roles se imbricaron; por ejemplo, los defensores de derechos humanos también son, o fueron, académicos, políticos o abogados, y algunas veces víctimas.

      Dicho lo anterior, el primer capítulo corresponde al marco teórico y conceptual de la investigación. El segundo capitulo explora las distintas formas de reparación que otorgó el Estado entre 1946 y 1953. En especifico, se reconstruye el proceso mediante el cual se debatió y se realizó la reparación a las personas afectadas en el primer periodo de la Violencia Bipartidista, que se caracterizó por el enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador. Tan pronto como en 1948 identificamos un momento inicial de surgimiento del tema como problema público, ¿qué acciones se debían tomar respecto de los “damnificados” por la violencia? Ésta era una pregunta sin respuestas claras, por lo que el protagonismo lo tuvo el Poder Ejecutivo, quien ordenó créditos hipotecarios, préstamos y exenciones de impuestos a los afectados.

      Entre 1948 y 1950 se publicó una serie de decretos extraordinarios al respecto, legislados de manera nacional, pero que se implementaron fundamentalmente en Bogotá y generaron una nueva institucionalidad; por ejemplo, la Junta Informadora, la Junta de Reconstrucción y el Sistema de Socorro Nacional. El segundo capítulo está dividido en cinco apartados. El primero revisa la conformación de la Junta Informadora de Daños y Perjuicios y las indemnizaciones entregadas. En el segundo se comentan los decretos para los comerciantes y los propietarios afectados. En el tercero, los créditos financieros entregados por el Estado. En el cuarto se abordan los debates en el Congreso sobre la propuesta de una ley general de reparación. Mientras que el quinto y último apartado trata sobre la ayuda humanitaria, en particular el trabajo de la Cruz Roja Colombiana y la promulgación de una Ley de Socorro Nacional.

      En el tercer capítulo analizamos el periodo que va de 1953 a 1965, que incluye la corta dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y los inicios del Frente Nacional, así como el acuerdo entre los partidos políticos liberal y conservador