De damnificados a víctimas. Fernanda Espinosa Moreno

la cual osciló entre prácticas humanitarias, higienistas y desarrollistas. Es perceptible una legislación más ordenada y general que se refiere a una política de Estado de pacificación a través de la “Rehabilitación y el Socorro”, dando a la “violencia” un tratamiento similar al de los desastres naturales. De hecho, las organizaciones que se crearon para atender esta tarea estaban inspiradas en la idea de la “defensa civil”. En este periodo identificamos dos instituciones del gobierno que desempeñaron un papel destacado en estas políticas. Por un lado, la Secretaría de Acción Social, inspirada en la caridad cristiana, la cual atendió a huérfanos, madres, ancianos y “exiliados” por la violencia, mezclando la reparación de víctimas de la violencia con la beneficencia tradicional de la Iglesia. Por otro lado, se creó la Oficina Nacional de Rehabilitación, en la cual la “rehabilitación” fue entendida como construcción de escuelas, carreteras, infraestructura, hospitales en zonas donde la violencia no cesaba, y, al mismo tiempo, como una manera de “pacificar” a los actores armados de estas regiones.

      El cuarto capítulo aborda el periodo de 1965 a 1978, durante el cual coincidieron varios fenómenos sociales y políticos directamente relacionados con el debate sobre la memoria y la reparación a las víctimas de violencia política. Entre ellos debemos destacar: 1) el surgimiento y crecimiento de las guerrillas contemporáneas; 2) las elecciones de 1970, las cuales fueron un parteaguas histórico del Frente Nacional; 3) el fortalecimiento de la oposición parlamentaria y de los movimientos sociales, y 4) las repetitivas y constantes declaraciones de Estados de excepción que permitían al gobierno el uso de políticas represivas y de justicia penal militar para juzgar a civiles. En la década de 1970 hubo un aumento de la denuncia política de “represión” hacia grupos de izquierda y contra la bancada de oposición, quienes visibilizan ciertas víctimas a las que consideraban “mártires” de la violencia de Estado.

      En los inicios de la década de 1970 existió una constante denuncia política sobre víctimas de tortura y detenidos políticos, la cual en repetidas ocasiones llegó a un escenario fundamental de construcción de políticas públicas, como era el Congreso. Hallamos 26 debates y denuncias presentadas por el “bloque de oposición” al gobierno nacional, que tuvieron efectos en la manera de narrar la violencia política y las acciones del gobierno. Estos debates evidencian gran parte de las discusiones del periodo: ¿se trataba de “víctimas” o de “mártires”? ¿El Estado tenía una obligación de reparación?

      La oposición parlamentaria, el movimiento social y la izquierda hicieron uso del concepto y la idea del “mártir” en sus denuncias y en sus publicaciones, pues éste implicaba una exaltación de las acciones realizadas por los afectados por la violencia. Lo anterior significó que en el periodo haya habido una síntesis entre la narrativa revolucionaria y la narrativa humanitaria, que implicó la introducción del discurso de los derechos humanos y de los tratados internacionales con base en una lectura de la “represión” del Estado.

      El quinto capítulo, que aborda el periodo de 1979 a 1991, analiza el surgimiento público de la voz testimonial de la víctima como sujeto político en Colombia. Durante esos años se consolidaron las primeras ONG de derechos humanos y tuvieron lugar los primeros debates públicos sobre las víctimas del conflicto armado contemporáneo. Igualmente, fue el periodo de consolidación de redes transnacionales de derechos humanos, en particular con los grupos de solidaridad internacional y de exiliados, además de la aparición de grupos latinoamericanos de derechos humanos. En las décadas de 1980 y 1990 surgió la voz testimonial de la víctima de manera pública y existió una “tecnificación” de la denuncia, muy influida por la presión internacional y por algunas respuestas iniciales del gobierno, que reconoció parte del problema priorizando a ciertos sujetos y ciertas acciones. Por primera vez aparecía públicamente la figura de la víctima-sobreviviente que narraba los hechos. A lo largo de esa década, la voz testimonial se consolidó en la esfera pública, pero también sufrió transformaciones. Así, de la voz de la víctima “directa” de los torturados-sobrevivientes se transitó a la voz de los familiares de los desaparecidos.

      Definimos el año 1991 como un marcador cronológico de cierre de la investigación, debido al cambio constitucional en la década de 1990, cuando se produjeron cambios importantes en la política pública de derechos humanos y de afectaciones por violencia política. En la Constitución de 1991 se consolidó una normatividad jurídica de protección a los derechos humanos y a las víctimas de ser reconocidas como sujetos de derechos. En 1991 se abrió un nuevo periodo para las políticas hacia las víctimas, que recientemente tuvieron hitos fundamentales en el marco legal, como la Ley de Atención al Desplazamiento Forzado (Ley 387 de 1997), la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

      Notas

      ¹ Comisión Nacional de Reparación, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica , 2013.

      ² Juan Manuel Santos, palabras del presidente durante la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Bogotá, martes 8 de mayo de 2018, en http://es.presidencia.gov.co/discursos/180508-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-durante-la-instalacion-de-la-Comision-para-el-Esclarecimiento-de-la-Verdad-la-Convivenciay-la-No-Repeticion.

      ³ Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria. Memorias de la represión 1, Madrid Siglo XXI de España Editores/Social Science Research Council, 2002.

CAPÍTULO 1

       PROBLEMA PÚBLICO DE LAS AFECTACIONES POR LA VIOLENCIA Y EL DUELO SOCIAL

      En Colombia la violencia ha tenido un gran impacto en la población. En el informe ¡Basta ya!, publicado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) en 2013, se calculaba que durante el conflicto armado “se ha causado la muerte de aproximadamente 220 000 personas entre el 1^o de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012”. En el informe también se referían otras violaciones graves a los derechos humanos:

      Al 31 de marzo del 2013, el Registro Único de Víctimas reportó 25 007 desaparecidos, 1 754 víctimas de violencia sexual, 6 421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4 744 046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos para el GMH reporta 27 023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersona, reporta 10 189 víctimas de estos artefactos, entre 1982 y 2012.¹

      Además, las cifras anteriores representan apenas una aproximación de lo ocurrido realmente, pues existe un enorme subregistro.

      Tanto por el nivel de afectación y daño, como por su participación en los procesos políticos, económicos y sociales, es indiscutible que las víctimas forman una parte fundamental de la realidad histórica de Colombia. Afortunadamente, desde las últimas décadas las voces testimoniales han pasado de los espacios marginales de la sociedad al centro de la escena. Crenzel (2011) relata cómo la voz de las víctimas comenzó a ocupar un lugar preponderante en las narraciones sobre la violencia en toda Latinoamérica, pues:

      la condición de víctima de las violaciones a los derechos humanos fue alcanzando una legitimidad pública inédita en la región, por supuesto con matices según cada caso nacional y erigiéndose como una de las voces más autorizadas para tomar la palabra en la escena pública y dar cuenta de los pasados de violencia política, guerra y horror. La prevalencia de estas voces se tradujo en buena parte de los países de América Latina en la incorporación o directamente en la oficialización de la narrativa humanitaria como la clave para relatar e interpretar los procesos de violencia política y guerras civiles.²

      Este fenómeno también ha sido descrito por distintos investigadores como una característica internacional del siglo XX. A partir de la década